Las detenciones a consumidores de drogas en la ciudad de Buenos Aires aumentaron más del 500% en los últimos dos años

La Corte Suprema de la Nación dijo en 2009 que la tenencia de drogas para consumo personal no es un delito. En un fallo célebre, perpetuado en los medios y en los pasillos judiciales como “el fallo Arriola” por el nombre de uno de los imputados, los jueces del Máximo Tribunal aseguraron que el artículo de la ley de drogas que penaliza esta acción es, lisa y llanamente, inconstitucional. Lo explicaron con una cita de la Constitución Nacional, que en el artículo 19 dice que las acciones privadas que no afecten a terceros están reservadas “al juicio de Dios” y no a la autoridad de los magistrados. Pasaron 12 años, la perspectiva social sobre el uso de cannabis -la sustancia ilícita más consumida en Argentina- cambió en casi todo el planeta y sin embargo las estadísticas de la “lucha contra el narcotráfico” todavía se nutren de la escala más pequeña del negocio: los usuarios.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esa práctica, que lleva a cabo la Policía de la Ciudad, se incrementó de manera asombrosa durante 2019 y 2020. En 2018 ingresaron a los despachos de la Justicia federal de la Capital 4.777 causas por tenencia para consumo. Sin embargo, entre enero de 2019 y agosto de 2020 se iniciaron 29.206 expedientes por el delito de tenencia para consumo, es decir, un incremento de casi el 512%. Cerca del 75% responden a posesión de marihuana.

Esas prácticamente 30.000 demoras, aprehensiones o, en algunos casos, detenciones conforman tres cuartas partes del total de causas abiertas por violación a la ley de drogas en Capital Federal. ¿Cuántas se abrieron por el delito de comercialización (o narcomenudeo) de drogas? 6.709, apenas el 17% del total.

Los datos son de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño y fueron relevados y agrupados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Se trata de un informe que se presentará en los próximos días y al que tuvo acceso Infobae.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se manifestó más de una vez a favor de terminar con estas prácticas. En 2019, todavía en campaña electoral, dio una opinión contundente al respecto: “La solución no es andar persiguiendo a fumadores de porro de marihuana. La solución es actuar con otra sensatez. Hemos corroborado hasta aquí que persiguiendo como perseguimos sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor, que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente”.

Sin embargo, ninguno de los 27 proyectos que fueron presentados en el Congreso para regular el uso de cannabis o despenalizar la tenencia de drogas avanzó: descansan todos en los fríos cajones de los escritorios legislativos.

Según estadísticas del Ministerio Público de la Ciudad, 8 de cada 10 casos de delitos menores por drogas que se inician en los despachos de la Justicia porteña llegan directamente por la intervención policial, es decir, sin investigaciones judiciales previas ni órdenes de allanamiento. En otras palabras, se trata de detenciones callejeras. “El aumento exponencial de las causas está relacionado de manera directa con las prácticas de la Policía de la Ciudad”, sostuvo el Cels en su informe.

Por eso es que, en definitiva, cerca del 90% de esos expedientes se archivan. Entre octubre de 2019 y agosto del año siguiente, 18.160 casos fueron desestimados de un total de 20.016. Sólo en un 6,5% de los casos la justicia inició una investigación. En ese mismo período, el 75% de los procedimientos de secuestro de sustancias incautó marihuana.

Podría pensarse que si prácticamente no se abren procesos a los consumidores no hay riesgos: pero en el medio, el usuario de drogas padeció no sólo la situación de ser intimidado por la Policía, detenido o demorado en una comisaría sino también, según consta de diversos testimonios, el robo o decomiso de la sustancia o de las plantas, algún eventual robo de dinero o situación de violencia institucional y las incomodidades particulares que pueden derivarse de problemas familiares o estigmatizaciones laborales.

Cuando la lupa de los casos recorre el mapa de la ciudad se observan ciertas preferencias, se detecta dónde actúa la Policía y dónde no. “Existe un claro sesgo de clase: por decisión policial y de la política de seguridad, el consumo de drogas es un delito casi únicamente en las zonas más pobres de la ciudad”, sostuvo el Cels en su trabajo.

Las comunas 1 (Retiro, Villa 31), 4 (Barracas-Pompeya, Villa 21-24 y Zavaleta), 8 (Lugano, Villa 20 y otras) y 3 (Balvanera, Plaza Once, Abasto) concentran más del 75% de los casos. Además, uno de cada cuatro consumidores es detenido, aprehendido o demorado en la zona de Retiro y la Villa 31.

“Aún en un contexto de restricción de la circulación por la pandemia en CABA se potenció la detención de usuaries, sobre todo en los barrios más pobres. La tenencia para consumo pareciera ser delito solo en estos barrios”, remarcó a este medio Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Cels.

Un dato contundente sobre las razones aparentes que se esconden detrás de la acción policial contra usuarios de drogas en barrios populares es la cantidad incautada. En el 78% de los casos en los que la causa se abrió por marihuana, la cantidad nunca superó los cinco gramos, lo que equivale a no más de seis porros.

Los datos llaman todavía más la atención porque ocurrieron en tiempos de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del COVID-19. “La decisión política de detener consumidores en la ciudad de Buenos Aires resulta evidente cuando se observa que aumentaron aun durante el período de aislamiento obligatorio por la pandemia, mientras que en otras jurisdicciones bajaron, ya sea por la menor circulación o porque los recursos policiales se utilizaron para otros fines”, remarcó el Cels.

Fuentes consultadas del área de Política Criminal del MPF porteño remarcaron una salvedad sobre la terminología. “Detención es una comodidad de lenguaje, lo que se llama detención es la demora del consumidor en el lugar, que da un llamado de la Policía a la Fiscalía. En ningún momento se traslada”, comentan.

“Parar consumidores que salen de un punto de venta para dificultar las transacciones para que sea más difícil vender, será mala o buena estrategia pero no tiene que ver con perseguir consumidores. Usar el término detención sugiere algo que no ocurre”, agregan desde el MPF.

“La totalidad de estas detenciones se producen arbitrariamente por las fuerzas de seguridad, seleccionando personas bajo criterios racistas y aporofóbicos, sin ninguna justificación para ser detenidas y requisadas en la vía pública”, advirtió sin embargo el abogado Mariano Fusero, de la organización RESET, especializada en políticas de drogas, que estudió los 27 proyectos presentados en el Congreso y determinó que el 89% propone la despenalización de la figura de tenencia para consumo personal y el 82% avanza sobre la despenalización de la figura de autocultivo personal.

En el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño desestiman esta versión. Fuentes del área consultadas por este medio coincidieron con el MPF y aseguraron que “no hay una política de perseguir al consumidor”. Explicaron que “ante cada procedimiento donde se encuentran drogas, los agentes llaman a los fiscales y algunos dan la soltura y otros, no”.

Desde el Gobierno de la Ciudad remarcaron su análisis sobre lo que pasa, según ellos, en los barrios populares: “Los vendedores del narcomenudeo últimamente atomizan la dosis: en vez de llevar 20, llevan cinco y cuando se los frena argumentan que es para consumo personal. Entonces la gran mayoría de las veces quedan libres, pero cuando tienen cinco o seis paradas por lo mismo, van ‘adentro’”.

Los fiscales del MPF saben que tienen su acción limitada, especialmente en el principio del caso: la Policía es la que hace controles poblacionales y la que para a los consumidores. En el MPF consideran que hay que reducirlo, pero nadie lo admite abiertamente, al menos por ahora.

Fusero, sin embargo, sostuvo que, principalmente, las detenciones se enfocan en “personas jóvenes, entre 16 y 30 años, sin antecedentes penales, con pocos gramos de sustancias para su propio consumo (generalmente cannabis), de clases obreras, nacionalidad argentina y que se encuentran transitando en dirección a sus trabajos informales al momento de ser detenidas”.

De acuerdo a la información que genera la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad del Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, con la desfederalización de la competencia sobre estupefacientes, sólo en enero de 2019 se detuvieron a 564 personas por el supuesto delito de tenencia para consumo personal. Y el total de 2019 fue de 1.190.

“Es decir, en un primer momento la Fiscalía General de la Ciudad convalidó detenciones en todos los casos de tenencia de estupefacientes. A partir de febrero de 2019 revisó su política criminal y sólo convalidó detenciones en los casos de tenencia para consumo cuando la persona no tenía documentación que acreditara su identidad”, explicó a este medio una fuente de esa dependencia.

“En CABA, las detenciones suelen darse en estaciones de acceso a trenes y colectivos a los cuales acuden estos trabajadores, sin mediar criterios de inteligencia criminal que apunten a la represión de redes organizadas”, agrega Fusero.

Según el MPD, en 2020 bajaron la cantidad de detenciones por la cuarentena en especial durante el primer semestre. Sin embargo, dentro del universo total de detenciones por estupefacientes, las figuras de tenencia para consumo personal y de tenencia simple pasaron a representar un porcentaje mayor. “Antes de la cuarentena del universo de detenciones por estupefacientes, la tenencia para consumo personal representó el 9%. En cuarentena pasó a representar el 11% en el primer semestre de 2020. Mientras que la tenencia simple pasó del 45% al 51%”, detallaron.

Le ley de desfederalización, el punto de tensión

Tanto para el Cels como para el abogado Fusero, las razones de este incremento descomunal de detenciones y causas están directamente relacionadas con la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires -consumada en 2019- a la ley de desfederalización de los delitos menores de drogas, especialmente apuntada a combatir el narcomenudeo.

“Como la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la denominada ley de desfederalización, desde enero de 2019 la persecución de los delitos de drogas de menor gravedad quedó en manos del Poder Judicial porteño, y las definiciones de política criminal son responsabilidad del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y Seguridad locales. Las estadísticas muestran que esa política consiste en detener a consumidores”, remarcó el informe del Cels a pesar de que las fuentes del MPF consultadas manifestaron lo contrario.

Una fuente de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires (la mayoría de los detenidos tiene defensor oficial) ejemplificó a Infobae el crecimiento exponencial del trabajo, estimado extraoficialmente en un 100% más de causas, como consecuencia de adhesión: “Una defensora tuvo hace poco 110 detenidos. El 80% fue delitos de droga y entre el 15 y 20 % eran chicas trans”.

Provincia de Buenos Aires, el origen del problema

La ley de desfederalización fue impulsada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en 2006. Sin embargo, no es posible conocer cuántas personas fueron detenidas por delitos de drogas en 2019 y 2020, ni analizar esas detenciones porque el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no respondió a los pedidos de informes sobre la temática.

Según el Cels, la cantidad de “hechos delictuosos” de drogas informados por la Policía bonaerense aumentó casi un 500% en los últimos 9 años: de 8.220 hechos registrados en 2005 -antes de la desfederalización- a 47.927 en 2019.

Victoria Baca Paunero, defensora oficial de la provincia de Buenos Aires en la jurisdicción de Lomas de Zamora e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (Cecca) amplió: “El argumento era que la Justicia federal era ineficaz para resolver el narcomenudeo en los barrios. Entre otras barbaridades decían que darle intervención a las policías locales iba a mejorar la persecución a los ‘kiosquitos’ de drogas. La excusa era liberarla del ‘chiquitaje’”.

No obstante, la abogada observó que sucedió otra cosa: “La provincia llenó Tribunales de pavadas, diversificó el mercado ilegal, aumentaron las denuncias de violencia institucional, el 30% de la población carcelaria está por estos delitos y el 40% en el caso de las mujeres. Y siempre hablamos de narcomenudeo, en escasísimas cantidades, gente presa cuatro años por muy poca sustancia, personas con una planta o vestigios de drogas en una cuchara detenidas largo tiempo. Las fuerzas de seguridad persiguen las tenencias”.

De las 1.418 “investigaciones” iniciadas en 2018 en la provincia de Buenos Aires, 569 fueron por tenencia para consumo personal: casi la mitad, según se consignó en la Memoria sobre Desfederalización en Materia de Estupefacientes del Ministerio Público bonaerense.

Por eso ocurre que muchos fiscales y jueces bonaerenses empezaron a “bajar” la orden de no perseguir consumidores o, en el caso del cannabis, cultivadores hogareños. En Mar del Plata, el juez Juan Tapia exhortó a las fuerzas de seguridad para que dejen de hacerlo.

“¿Cómo es posible que se siga persiguiendo el cannabis teniendo en cuenta los avances? No se está modificando la ley penal, ese es el primer problema. No hay una política pública integral con relación al cannabis y los magistrados tienen que aplicar la ley que tienen. En tanto esta ley penal siga vigente estas situaciones injustas seguirán ocurriendo”, dijo Baca Paunero.

“La declaración de inconstitucionalidad del fallo Arriola no deroga la norma, sigue siendo ilegal la tenencia para consumo, si se la incautan a los consumidores es parte del riesgo. La mejor política es tratar de no molestar a los consumidores y si tienen problemas de consumo ponerlos en contacto con efectores de salud”, agregaron desde el MPF porteño.

“Perseguir pequeñas cantidades de drogas a través de los consumidores no tiene eficacia para intervenir en los mercados de drogas ni incide en los consumos, por otra parte amplía los márgenes de discreción de la Policía en los barrios populares. La ley de drogas hoy funciona como una herramienta para potenciar viejas prácticas policiales como la extorsión o el armado de causas”, cerró Darraidou.

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