Un año sin Facundo Castro: la oscura huella de ocho policías detrás de la muerte del joven

Facundo Astudillo Castro pasó la madrugada del 30 de abril de 2020 con sus amigos de Pedro Luro. Jugaron a la Playstation, tomaron cerveza y cuando el sol empezó a derretir el rocío que alfombraba las calles de tierra de este pequeño pueblo en las puertas bonaerenses de la Patagonia, el chico de 22 años salió a caminar por la ruta 3 con el destino puesto 120 kilómetros al norte, en la ciudad de Bahía Blanca. Jamás llegó.

Era la etapa más dura de la Fase 1 del aislamiento, los primeros terrores sociales de la pandemia. Las ciudades sin gente estaban dominadas por la vigilancia de las fuerzas de seguridad y los abusos de poder se repetían en videos viralizados de policías, gendarmes, prefectos, todos expuestos a su violencia desmedida. En ese contexto, Facundo salió a pie en busca de la reconciliación con su novia. Llevaba el DNI, la licencia de conducir, una muda de ropa y 10 mil pesos en su mochila Wilson.

Parte de lo que pasó luego de esa madrugada, un año atrás, es conocido: el joven desapareció, 200 agentes federales lo buscaron durante 78 días y finalmente fue hallado muerto el 15 de agosto en medio del estuario de Bahía Blanca, la desembocadura de un río que ya no existe, un enorme cangrejal de barro en el que el mar entra y sale a su antojo. Días después, lejos de allí, se encontró la mochila enterrada: la ropa se encontró agujereada, y no había ni documento ni dinero.

El cuerpo de Facundo estaba en avanzada descomposición y la autopsia -a cargo del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense- determinó que murió ahogado. Pero la información que dejó el cuerpo de Astudillo Castro a los forenses fue limitada porque el cadáver estaba esqueletizado, no quedaban restos de piel, músculos o vísceras.

En los huesos no se detectaron signos de violencia, aunque eso no quiera decir que no los hubo. El cuerpo habla, dice la ciencia forense, pero cuanto más se tarda en encontrarlo, menos dice.

Por eso el hallazgo del cadáver lejos estuvo de cerrar el expediente. La investigación sigue su curso un año después y tiene el foco puesto en la oscura huella que dejaron ocho agentes de la Policía Bonaerense, que están bajo sospecha desde el momento en que Cristina, mamá del joven, se enteró que su hijo nunca había llegado a destino.

El 5 de junio pasado ella denunció en la comisaría de Pedro Luro que Facundo no llegó a la casa de su ex novia y que sus amigos no tenían noticias suyas. La causa, caratulada originalmente como averiguación de paradero quedó a cargo del fiscal local Rodolfo De Lucía. Por prejuicio, pereza o connivencia, el agente judicial de la Ayudantía Fiscal de Villarino jamás investigó.

Un mes después se formalizó el expediente bajo el presunto delito de desaparición forzada y pasó a la justicia federal: la causa la tomaron el fiscal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez y la jueza de esa misma ciudad María Gabriela Marrón, quienes luego serían fuertemente cuestionados, primero por la familia de Facundo y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y luego, también, por los fiscales que se agregaron a la investigación, Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional, y Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.

Facundo pudo haber perdido la vida ahogado en el estuario después de un accidente o por la crecida intempestiva de la marea. También por el frío y la desolación de un territorio hostil y alejado de zonas habitadas. Pero también pudieron haber estado involucrados en su muerte los agentes que se cruzaron con él a lo largo de su caminata del 30 de abril, Siomara Flores, su hermanastra Jana Curuhinca, el policía y pareja de esta última, Mario Gabriel Sosa, y Alberto González, y otros cuatro agentes de Bahía Blanca. El caso está repleto de situaciones enigmáticas, hallazgos misteriosos y escenas y acciones extrañas que los policías involucrados hasta ahora no pudieron explicar. “No se produjo una sola prueba de otra hipótesis que no sea la de la desaparición forzada”, sostiene a Infobae Peretto, uno de los abogados que representa a la madre de Facundo.

La única certeza, el único hecho que resiste el análisis contrafáctico es que si los primeros policías que interrumpieron su camino hubieran hecho su trabajo, como indicaban los protocolos de aquellos días, Facundo estaría vivo. Los policías tendrían que haberlo obligado a volver a su casa, eso era lo que correspondía. Y si él se resistía, tendrían que haberlo llevado en el patrullero. De haber sido así, Facundo no hubiera desaparecido.

Pero eso no ocurrió y fue el punto de partida de una investigación que actualmente tiene 55 cuerpos, más de 6.500 fojas, peritajes y fuertes cruces entre los nuevos fiscales del caso, que plantearon a sus superiores como algo necesario para esclarecer las dudas el apartamiento de la jueza Marrón, porque consideran que tomó partido por la hipótesis que exculpa a los policías, algo que la Cámara de Apelaciones desestimó y que será elevado en queja por los fiscales a un tribunal superior.

“Estamos frente a un delito de desaparición forzada, no tenemos que probar minuto a minuto qué pasó. Pero sí decimos que la escena del crimen empieza en Mayor Buratovich, donde se da el encuentro violento entre los policías y Facundo”, asegura Peretto.

Cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril, después de que una vecina lo acercara desde la salida de Pedro Luro a la entrada del pueblo Hilario Ascasubi (”dejó húmedo el asiento; fue muy amable; me dijo que iba a tratar de reconquistar a su novia”, declaró ante la Justicia) Facundo caminó por el costado de la ruta hasta que se cruzó en Mayor Buratovich con los policías Sosa y Curuhinca.

Uno de los agentes llamó a Cristina Castro para avisarle que su hijo estaba violando el DNU de aislamiento y para corroborar el domicilio que figuraba en su DNI. Curuhinca le sacó una foto a Facundo, que estaba de espaldas a la cámara, junto a un móvil policial y al agente (y su cuñado) Sosa. A un costado, sobre el piso, apoyada en la rueda delantera de la camioneta de la Bonaerense, se observa la mochila con la que el joven viajaba. También fotografió el DNI.

Sosa avisó al destacamento que habían interrumpido el paso de Astudillo Castro con una llamada que duró 25 segundos. Desde la comisaría, una mujer policía que no está implicada en el caso respondió por WhatsApp: “Si se hace el pajero, bajalo”. Nadie en el caso cree que “bajalo” refiera a matarlo, pero sí entienden que indicaba llevarlo a la comisaría. Por eso los investigadores y la querella creen que a Facundo primero lo llevaron al destacamento de Buratovich, donde quizá lo golpearon.

Luego apareció en escena Siomara Flores, quien declaró que ella levantó en Buratovich a Facundo a las 12.30 y lo llevó al pueblo siguiente, Teniente Origone, en el auto de su padre, un Chevrolet Corsa. La mujer policía declaró que Facundo le pidió que por favor no le contara nada a su mamá. Las mujeres se conocían porque Cristina trabajaba en una estación de servicio en la entrada de Pedro Luro y el trato era cotidiano.

Eso no concuerda con lo que declararon tres testigos de identidad reservada, quienes aseguran que vieron a Policías subir a Facundo a una camioneta en la “curva grande” pasando Buratovich, antes de llegar a Teniente Origone, cerca de las 13 horas. “Es decir, que hubo un encuentro más, no declarado por los policías, y además que no coincide con lo declarado por Flores”, asegura Peretto.

A las 13.33 de ese día, Facundo habló por última vez con su mamá. Le dijo “mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”. Los días anteriores habían discutido porque Cristina se oponía a la reconciliación de Facundo con su novia y a que él fuera a verla.

“El último llamado que me hizo va a ser mi karma hasta el día que me muera. El hecho de no haberlo escuchado, de haberme enojado, de no haber hecho un poquito más, me va a marcar para toda la vida”, relató Cristina Castro Alaniz a Infobae, en una entrevista realizada días antes de la identificación del cuerpo de su hijo en su casa de Pedro Luro.

Flores, de 25 años y central en el relato que ayudaría a sostener que Facundo estaba “bien” entre Buratovich y Origone tuvo un comportamiento inquietante nueve días después de la desaparición. El 8 de mayo borró todas las aplicaciones de su teléfono celular, incluido el WhatsApp.

“Ese mismo día borró su WhatsApp y su Facebook por razones que, según expresa, tienen que ver con que la hostigaban o, según refiere en el texto en el que le manda a los amigos, tienen que ver con su hijo y diversos problemas personales”, contó una fuente del caso.

Los investigadores Heim y Azzolin pidieron el secuestro de los celulares de los policías involucrados pero eso ocurrió muchos meses más tarde de la desaparición del joven. Los agentes aportaron sus aparatos, pero ya no eran los mismos que habían usado en abril o mayo. Nunca entregaron los teléfonos que usaron al momento de la desaparición de Facundo. “Todo lo que rodea los hechos entre Buratovich y Origone es lo que menos cierra”, comentó un investigador en coincidencia con el abogado de la querella.

Según la hipótesis de la querella, en algún lugar entre Buratovich y Origone, o en alguno de los destacamentos de estos pueblos, “hubo violencia, golpes y seguramente lo abandonaron tirado en la banquina, mal, golpeado”.

Cerca de las 14, dos testigos, productores agropecuarios de la zona, vieron a “un chico tirado al costado de la ruta con las manos atrás de la cabeza”. Para la querella Facundo no había tomado un descanso, sino que estaba golpeado y tirado después de probablemente una paliza de los policías. Estos vecinos avisaron a otro, que a la vez llamó a la Policía.

En ese momento entró en escena el policía González. El agente declaró contrariamente a lo de los testigos. Dijo que cuando llegó, Facundo caminaba por la banquina a la altura del kilómetro 750. El GPS incorporado al expediente indica que esa era la ubicación del patrullero. González dijo que lo único que hizo fue fotografiar la licencia de conducir de Facundo porque no tenía DNI y que lo dejó seguir. Pero según Peretto, “se encontró un cabello en la palanca de cambios del móvil que tiene compatibilidad genética de Cristina”.

“Ahí arranca el plan de encubrimiento. Probablemente lo llevaron al destacamento de Origone, de ahí que aparece la sandía”, dice el abogado, en referencia al souvenir hallado en un allanamiento hecho en septiembre pasado.

Según el relato de González, le labró una segunda acta y anotó, supuestamente, su nombre y su dirección en una libreta. También escribió el nombre y la dirección de la ex novia de Facundo y, arriba de todo, algo llamativo para la querella y los investigadores, el nombre y la patente de la testigo que dice haberlo llevado hasta el cruce de la ruta 3 con las viejas vías del FF.CC. Pero esa testigo lo levantó metros más adelante. ¿Cómo vio la patente González? ¿Cómo sabía el nombre de la mujer? Ante la Justicia, González aseguró que a Facundo lo dejó seguir y dijo que nunca fue trasladado al destacamento.

Durante meses los fiscales intentaron hacer un segundo allanamiento en ese destacamento, que la jueza Marrón denegó hasta que la Cámara ordenó en febrero que se activara. En ese segundo peritaje, se hizo la prueba de luminol, que dio positivo. “El luminol reaccionó por todos lados, manchas en paredes, piso, falta el resultado de la comparación genética”, remarcó Peretto.

El luminol reacciona a manchas de sangre, detergentes y lavandinas. Para el abogado, eso podría tener que ver con que se intentó lavar la escena. “De hecho, había una bolsita de lavandina. Pero más allá de eso reaccionó a manchas en el rincón donde se encontró la sandía, manchas en la pared, en el colchón y en un pedazo de caño naranja cortado”, agregó.

Para la querella, desde ahí podrían haber decidido deshacerse del cuerpo. Peretto asegura que se comprobó que González, un simple agente de un pueblito del sur bonaerense, se comunicó cuatro veces ese 30 de abril con el jefe de la Distrital, Marcos Navarrete. “Es sugestivo”, indica el abogado.

En la hipótesis que maneja la querella, otro hecho significativo sucedió el 8 de mayo, el mismo día que Flores borró el WhatsApp de su teléfono. Las pericias a los GPS de los patrulleros de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca expusieron que un patrullero Toyota Etios merodeó ese día la zona donde luego se encontraría el cadáver de Facundo, con un recorrido efectuado a varios kilómetros alejado de su rutina asignada, en una jurisdicción que no era la suya. Y que además se detectaron “anomalías en los registros” del movimiento del patrullero incorporados a los libros de la UPPL.

“Hay que establecer la coordinación con Bahía Blanca. La última actividad que registra el teléfono de Facundo es el 1 de mayo a las 10 en el centro de Bahía Blanca, a 100 metros de la UPPL. Ahí se prende el teléfono, sale señal, la capta en dirección a la comisaría, rebota por falta de crédito y se apaga para siempre”, detalla Peretto.

En septiembre, tras un peritaje en la UPPL de Bahía Blanca, se halló en el baúl del Etios un pedazo de piedra que podría ser la turmalina que según su mamá llevaba Facundo. “También llamativamente, ese Toyota, después del desvío del 8 de mayo, estuvo 40 días parado adentro del destacamento”, ironizó Peretto.

Las antenas de Ingeniero White (ciudad muy cercana a Bahía Blanca) también detectaron dos conexiones del teléfono de Facundo aquel 30 de abril: una a las 16.06 en el cruce de la ruta 3 y las vías en desuso (que podría coincidir con el testimonio de la testigo que dice haberlo llevado hasta ahí en ese horario) y otra a las 20, la hora en que un amigo de Facundo recibió un mensaje de su usuario de Facebook que le avisaba que estaba con poca señal y casi nada de batería.de Facundo apareció en septiembre adentro de la mochila enterrada con su ropa.

“La obligación es acotar todas las dudas”, comentó una fuente judicial con acceso al expediente.

Las hipótesis activas son varias, desde el accidente hasta, como sostiene la querella, el involucramiento de la Policía y la desaparición forzada. Facundo Astudillo Castro era un joven “acostumbrado” a sufrir intimidaciones de los policías. Militaba en el Semillero Cultural Jóvenes y Memoria, que tenía una sede en la vieja estación de trenes de Pedro Luro, a metros de la casa donde el joven vivía con su mamá, y había participado en cursos sobre violencia institucional.

“A veces estábamos tomando mate a la tardecita y se metía el patrullero en el andén, agarraban a los pibes, los ponían contra la pared, los empezaban a empujar, a revisar porque decían haber recibido un llamado. Yo les decía que los pibes estaban conmigo desde las 4 de la tarde, y no, y que adentro. Más de una vez tuve que ir a la comisaría a pedir explicaciones y a sacarlos”, contó Mercedes Hollmann, coordinadora del Semillero, a Página 12.

De la investigación surge que Facundo defendía sus derechos. “No se comía una”, comentaron fuentes judiciales de acuerdo a los testimonios de sus amigos. En el trío de fiscales de la investigación -que a fines de marzo incorporó a la fiscal general de La Pampa, Iara Silvestre- pesa, como en el entorno de Facundo, la idea de descartar o confirmar un “exceso” de la Policía que terminó con la vida del joven.

En el contexto de pandemia, con las fuerzas de seguridad empoderadas, en una zona donde abundaban agentes con los antecedentes que describió Hollmann, un grupo de policías se topa con Facundo -decidido a llegar a Bahía Blanca para recuperar a su ex novia-, que estaba educado en la militancia, que había sido más de una vez víctima de los abusos de esos mismos policías en su pueblo, que sabía qué podía decir y qué le podían pedir.

“Mi hijo era peronista y defendía sus derechos. Y creo que a alguien eso no le gustó y se excedió. Y eso pasó en Mayor Buratovich y ahí empezó su tortura. Facundo estaba decidido a ir para Bahía Blanca, no iba a volver”. Eso es lo que piensa Cristina Castro Alaniz, su mamá. Y es lo que, a un año de la última vez que alguien vio con vida a su hijo, todavía se intenta aclarar. En efecto, Facundo no volvió jamás.

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