Una brutal ejecución a balazos ocurrió en la noche del martes pasado en la zona sur de Rosario, cuando a metros del Museo del Deporte un gatillero de una pesada banda narco recibió ocho tiros que impactaron en su cabeza, su pecho y estómago. Daniel Amelio Balaguer era su nombre, “Coyote” su apodo en el submundo: tenía 48 años y varias rencillas con otros picantes, según aseguraron fuentes que investigan su muerte a Infobae. Había recuperado su libertad hace muy poco: el viernes 23 de abril salió de prisión tras una polémica resolución de un juez provincial. Parecería otro crimen más en una ciudad marcada por la violencia armada con ataques casi diarios en medio de la segunda ola del COVID. Sin embargo, entre todas esas historias del hampa, la historia de “Coyote” y las fuerzas que se mueven detrás de su asesinato llaman poderosamente la atención.
Balaguer estaba en la esquina de Patricias Argentinas y Benito Juárez, en el barrio Las Heras, cuando un joven encapuchado se acercó y comenzó una ráfaga de disparos. No estaba claro si el encapuchado lo atacó cuando hablaba por teléfono y si estaba allí tras haber sido citado por alguien, como deslizaron fuentes policiales en un comienzo. Los forenses que analizaron el cuerpo constataron ocho orificios de entrada: tres en el cráneo, tres en una zona intercostal, debajo de uno de sus brazos y dos en el abdomen. En la escena del crimen se secuestraron siete vainas calibre 9 milímetros. Se halló su cadáver, pero no se halló su celular.
Al llegar, el fiscal de Homicidios Dolosos Gastón Ávila ya sabía que el asesinado era conocido en el hampa local. Más allá de sus pesados antecedentes, los investigadores sabían que se trataba de la ex pareja de Ramona Elvira “La Gringa” Ávalos, cabecilla de la banda narco de René Ungaro, preso y condenado por matar en 2010 al entonces líder de la barra brava de Newell’s, Roberto “Pimpi” Caminos.
Casualmente, “La Gringa” murió el viernes pasado en la Unidad Penitenciaria N° 5 de Rosario, el mismo día que su ex pareja salió de la cárcel. Fue detenida en agosto de 2019 tras una balacera contra la cárcel de Piñero en la que resultaron heridos una mujer y un gendarme. Ese ataque se dio en medio de una sangrienta disputa entre la banda de Ungaro –para la que trabajaba, según la imputación en su contra– y la del narco Alan Funes –también preso– por la venta de tickets para las visitas a esa unidad penitenciaria.
De vuelta al crimen de “Coyote”, el muerto fue rápidamente identificado por un familiar, que aportó el dato a la Policía y a la Agencia de Investigación Criminal de que el hombre ejecutado había salido de la cárcel de Piñero recientemente.
Efectivamente, el viernes pasado el juez Facundo Becerra le dio la libertad pese al pedido del fiscal David Carizza de la Agencia de Criminalidad Organizada de que continúe detenido por una feroz balacera que data de noviembre del año pasado, 14 días después de quedar libre al cumplir una pena por el crimen de Darío Antonio Vivas que cometió el 20 de junio de 1998, cuando tenía 25 años.
“Coyote” tenía varias condenas, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), por el homicidio de Vivas, además de otros robos a mano armada, cuyas penas fueron unificadas en 26 años y 9 meses de prisión. Algunos delitos en su ficha incluso datan de cuando era menor, cuando regía el antiguo sistema procesal penal que estuvo vigente hasta 2013 en la provincia.
Balaguer además fue declarado por la propia Justicia como reincidente en dos ocasiones. Estando detenido, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada lo imputaron en 2018 por ser integrante de la asociación ilícita de Ungaro, que se cree lidera su banda narco desde la cárcel de Piñero. Esa organización hace años disputa a tiros parte de la zona sur con el clan de los Funes. A “Coyote”, los fiscales le atribuyeron facilitar propiedades que eran usadas como aguantaderos de armas de fuego y otros elementos de la organización criminal.
Balaguer terminó de cumplir la pena en la cárcel de Coronda el 10 de noviembre pasado. Tres días después posteó una nueva foto de perfil en su Facebook, donde comentó: “Vida nueva”. El 24 de noviembre, cuando llevaba solo 14 días libre, volvió a ser detenido por estar sospechado de ser el chofer de un Renault Clio desde el que se realizó una balacera en Grandoli al 3700, en la zona sur. Durante un allanamiento en su casa se encontraron un revólver calibre 38 y una pistola calibre 45 que le valieron una acusación por tenencia ilegal de arma de fuego y no por el ataque a tiros, ya que al fiscal le faltaba reunir más evidencia.
En fin, ninguna vida nueva.
El pasado viernes, el fiscal David Carizza pidió ante el juez de primera instancia Facundo Becerra que el delincuente siga bajo prisión preventiva efectiva por 60 días más para poder ampliarle la imputación de la tenencia de arma de fuego por la balacera, pero el magistrado optó por darle la libertad bajo el pago de una fianza de cinco mil pesos y la prohibición de acercamiento al domicilio atacado de Grandoli al 3700.
El de Balaguer, para los funcionarios judiciales que lo investigaban, era un crimen que se podía evitar si el juez hacía lugar a la petición del fiscal. Si bien el móvil del homicidio no está claro, el fiscal Ávila sostuvo una en conferencia de prensa: “Entiendo que, por sus vínculos y relaciones, puede ser un conflicto de bandas”. Todo hace suponer que el asesinato podría provenir de parte de Los Funes, el histórico enemigo de Ungaro.
El de “Coyote” fue el homicidio número 78 en el departamento Rosario, donde en el primer trimestre del año fueron baleadas 215 personas –promedio superior a los dos heridos por día–, según el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia. La cifra es alta si se la compara con la del mismo período del año pasado, donde hubo 184.
De esos 215 heridos de bala, desde la Policía rosarina se estima que el 20 por ciento son víctimas de disparos en ocasión de robo, mientras que el 80 por ciento restante están divididas principalmente por peleas narco y los considerados “conflictos interpersonales”.
La fiscal de Homicidios Dolosos de Rosario Marisol Fabbro graficó la grave problemática de la narcocriminalidad a mediados de marzo en una conferencia de prensa, donde aseveró que “el 75 por ciento de los casos que llegan a la unidad” están vinculados a la venta de droga. El caso de Balaguer podría ser uno más de esos.
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