El 7 de diciembre de 2018, una redada policial se llevó a Luis Miguel C.B, de 30 años, oriundo de Perú, por supuestamente vender cocaína en el restaurante de comida típica de su país que atendía en la calle Tucumán al 2600 en Once. Lo arrestaron junto a Cristina, su pareja y madre de sus dos hijos, también acusada de narco. Otra de sus presuntas cómplices cayó ese mismo día en la calle Mario Bravo, luego hubo más arrestos por droga en un departamento de la calle San Juan de San Telmo y en una pieza de una pensión de la calle Lavalle al 3400. Así, quedaron cinco imputados en total en el expediente.
La causa fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal N°1 en noviembre del año pasado. Otro sospechoso, Martín Zevallos Cerrillo, fue identificado y declarado rebelde con un pedido de captura a mediados de ese mes por el TOF N°1, luego de que enviaran a efectivos policiales a buscarlo en varios domicilios que había aportado, sin encontrarlo. El hombre, de 45 años, tenía antecedentes, con una excarcelación bajo palabra en el Juzgado Criminal N°3 de Morón que fue revocada
Con el tiempo, casi todos los imputados en la causa narco recibieron prisión domiciliaria. Sin embargo, Luis Miguel fue el único que quedó en la cárcel, enviado al pabellón 14 del penal de Marcos Paz. Seguirá encerrado allí. Esta semana, de acuerdo a una decisión a la que accedió Infobae, el Tribunal N°1 en Comodoro Py con los jueces Adrián Grünberg, Ricardo Basílico y José Antonio Michilini, a cargo de juzgarlo, decidió prorrogar por segunda vez la prisión preventiva de todos los acusados, con una fecha de juicio finalmente fijada.
En su fallo, el Tribunal dio sus motivos para mantener presos a los acusados: adujeron una pena alta en expectativa, entre 4 a 15 años de prisión si los encuentran culpables, además de un arraigo precario en el país, ya que la mayoría son extranjeros. Por otra parte, hay otros ocho sospechosos que fueron identificados y que están sueltos hasta hoy, con alias como “El Peruano Arturo”, “El Oso Sergio” o “El Hijo del Chura”, prófugos que podrían entorpecer la investigación. Cristina, mientras tanto, recibió la prisión domiciliaria al comienzo del caso y hoy vive con sus hijos.
La investigación contra la banda, por otra parte, es extensa, con diez cuerpos de expediente. Comenzó en 2017 en la justicia federal de San Martín, que finalmente declinó su competencia y la envió a Comodoro Py. “El Peruano Arturo” es precisamente el primer eslabón del caso. Un “buchón” lo señaló a la Policía Bonaerense en diciembre de 2017 por supuestamente vender droga en las ferias de Merlo y General Rodríguez, droga que provenía de Ciudadela.
La investigación continuó desde Arturo hacia el resto de la banda con escuchas telefónicas. Así, llegaron hasta Luis Miguel y su mujer, que atendían el restaurante en la calle Tucumán. Cuando les allanaron el local, les encontraron entre cocina chifa, criolla, tamales, anticuchos y pollos a la brasa unos 493 gramos de cocaína, fraccionada en tubos o en terrones arrancados del ladrillo, además de varios celulares y 71 mil pesos en efectivo.
Lo que se decían entre ellos por teléfono era particularmente incriminador, como se refleja en el siguiente fragmento de sus escuchas que son parte de la causa. Los códigos para hablar de droga no tenían demasiada imaginación. La cocina peruana, precisamente, no se caracteriza por emplear cocos:
Así, durante más de dos años, los pedidos de prisión domiciliaria de Luis Miguel se presentaron entre Capital y Provincia, firmados por defensores oficiales. Todos fueron denegados en diversas instancias, como la Cámara de Casación Federal porteña con la Sala II.
Pero el perfil de Luis Miguel ciertamente no parece el de un narco maestro como “Marcos” Estrada González, que vivía en un country con vecinos políticos, se refrescaba en un jacuzzi y tenía una pileta con sus iniciales trazadas en venecitas en el fondo del agua. En sus casi diez años en el país, Luis Miguel había trabajado para un gasista, luego para un taller mecánico, tenía domicilio en un departamento mínimo en un pasaje en Liniers. Cobraba planes sociales, su mujer también. Luego, según la acusación en su contra, además de freír o asar pollo, comenzó a vender cocaína.
Ya preso en Marcos Paz, durante 2020, Luis Miguel enfermó de COVID.
El 9 de febrero de este año, Luis Miguel presentó ante el TOF N°1 un escrito in pauperis formae, con el beneficio de la pobreza, al -según él mismo- no poder pagar un abogado, donde insistió nuevamente con su prisión domiciliaria: pidió ir a la casa de su madre en Pompeya junto a su familia, para poder atender un kiosko y así solventar sus gastos.
No solo tenía a sus dos hijos, sino a otros tres de su mujer, de una relación previa de Cristina. Un informe socioambiental de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal reveló cómo Cristina apenas entraba con sus hijos en una pieza alquilada al fondo de la casa de su suegra, con los planes sociales como su único ingreso. Su hija menor fue diagnosticada con una malformación congénita en sus intestinos: tuvo que ser operada tres veces en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sus hijos, escolarizados, demostraron cuadros de angustia, dificultades de aprendizaje. A uno de ellos se le recomendó un tratamiento psicológico.
La relación de Cristina con su suegra, la madre de Luis Miguel, tampoco es amable.
Un análisis realizado en el penal de Marcos Paz demostró secuelas respiratorias tras recuperarse inicialmente del COVID, sin infectados actualmente en su pabellón; una abogada de la Unidad de Representación de Menores que tomó parte en el caso pidió por el acusado para que cuide a los chicos, la menor de apenas seis años. Sin embargo, hubo otra vez la Justicia se negó a darle la prisión domiciliaria, con una decisión firmada a comienzos de este mes. Cristina aseguró una y otra vez que Luis Miguel es un padre afectuoso, con los hijos “propios y ajenos”.
“El Peruano Arturo”, el supuesto capo, se pierde en la trama. Hay quienes creen que se mudó a una villa porteña, probablemente la Rodrigo Bueno.
SEGUIR LEYENDO: