Diez personas oriundas de la ciudad de Santa Fe fueron procesadas como presuntas coautoras del delito de intermediación financiera no autorizada, al descubrirse la existencia de una “cueva” tras el asesinato del dueño de una agencia de turismo.
El juez Marcelo Bailaque, que subroga el Juzgado Federal 2 de Santa Fe, dictó este jueves el procesamiento de la hija de la víctima del homicidio, Hugo Oldani, una empleada y otras ocho personas que realizaban maniobras financieras como cambio de cheques, otorgamiento de préstamos e ingresos y egreso de divisas al país sin habilitación de la autoridad monetaria.
El caso surgió de la investigación del crimen de Hugo Oldani, dueño de una agencia de turismo santafesina asesinado a tiros el 11 de febrero de 2020.
Luego del homicidio, los investigadores detectaron la existencia de grandes cantidades de billetes en efectivo en un estante del fondo de la oficina de “Turismo Oldani”, donde fue asesinada la víctima. Sin embargo, el dinero –estimado por la Policía Federal Argentina en un millón de dólares y alrededor de 3 millones de pesos en efectivo- desapareció de la escena del crimen, aparentemente retirado por familiares.
El entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, radicó una denuncia en la Justicia federal para que se investigara el posible delito de lavado de activos en la “cueva” que funcionaba en “Turismo Oldani”.
Tras peritar el teléfono del hombre asesinado y las computadoras secuestradas en la oficina, el fiscal federal Walter Rodríguez le pidió al juez Bailaque el procesamiento de Virginia Oldani, hija de la víctima; la empleada María José Calle, y otras ocho personas que realizaban transacciones o eran intermediarias con el financista.
De esta investigación surgió que por la agencia de turismo circulaban millones de pesos y miles de dólares y monedas de otros países, como euros.
Para el fiscal Rodríguez, “se comprobó” que al menos desde 2018 y hasta el 11 de febrero de 2020 –fecha del crimen- el fallecido “desplegó distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas a los agentes autorizados del sistema financiero, junto al grupo de personas imputadas, quienes tampoco se encontraban habilitadas para realizarlas” y sintetizó las distintas maniobras que descubrió en cuatro habituales de las “cuevas” financieras.
El fiscal reconstruyó en la investigación el accionar de la siguiente manera: colocar dinero a cambio de un interés con posibilidad de renovación; el cambio de cheques con descuentos; la colocación de recursos financieros para préstamos inmediatos, garantizados contra la entrega de cheques y para préstamos en dólares; y el ingreso o egreso de divisas al país “a cambio de una comisión de servicio calculada sobre el monto de la operación”.
El juez Bailaque consideró en su resolución que existen evidencias del presunto delito de “intermediación financiera no autorizada” y dictó el procesamiento en libertad de las nombradas sumando a Carina Amelia Chelmo; Leandro Forchetti; Flavio Giulioni; Ariel Trucco; Marcos Molinas y Eugenio Francisco Alonso.
A su vez, procesó a dos operadores de la financiera “Grupo Carey” de la ciudad de Rosario, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo. Por último, según detalla el citado documento, les trabó un embargo a los diez imputados por la suma de 500 mil pesos a cada uno.
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