La mujer, divorciada, madre de dos hijas, una reconocida médica de la zona sur con una clínica propia en Lanús, conoció a Edgar Alberto Gómez en diciembre de 2013. Gómez, de poco más de 50 años, era un empresario dedicado al rubro médico, según él mismo. Lo conoció a través de un jerarca local del PAMI: Gómez, padre de varios hijos también, decía estar separado de hecho con su ex mujer.
Según sus registros, el empresario luego sería miembro del directorio de su propia firma, Sitio Salud, dedicada a la venta mayorista de productos farmacéuticos e instrumental, donde sigue hasta hoy. La empresa es parte, según registros oficiales, de la lista de proveedores de la obra social de las Fuerzas Armadas, entre otros negocios. Parecía un hombre solvente al principio, confiable. Comenzaron una relación. Construyeron una casa en el country San Eliseo en la zona de San Vicente para vivir los fines de semana, viajaron por el mundo.
La violencia de género, según la denuncia, comenzó tiempo después con pequeñas señales, manipulaciones, mentiras. Luego hubo golpes, tironeos del brazo, escenas de denigración, invasiones y celos enfermizos en restaurantes de Miami o Puerto Madero. El empresario fue por todo, en más de un sentido.
Hoy, esa mujer sigue adelante una pelea en la Justicia en dos frentes que ya lleva más de cuatro años y que hoy recrudece con nuevas medidas y la querella de los abogados Javier Landaburu y Daniel Rubinovich.
La médica denunció a Gómez en dos causas penales distintas. La primera denuncia ocurrió en 2017, por los delitos de estafa y defraudación, que fue radicada en el Juzgado N°22. Acusó a su ex pareja de tomar dos hojas en blanco con su firma y sello de su escritorio en su clínica, que la médica dejaba en confianza de su staff, para supuestamente fabricar un mutuo y un pagaré a su nombre como deudora entre octubre de 2013 y enero de 2016, con un texto escrito con un procesador, sin certificación alguna. El acreedor, irónicamente, es un hermano del empresario. Los montos: 1,8 millones de pesos y 200 mil dólares. Por el pagaré, el hermano se presentó con un expediente en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18 en 2018 por la ejecución de los 200 mil dólares más 1,2 millones en intereses y costas.
En el medio, según la acusación, el empresario escrituró la casa del country totalmente a su nombre, aduciendo que la médica le había vendido su parte poco después de la compra.
Así, además de supuestamente estafarla, le entabló un juicio laboral por supuestos haberes en negro.
La Justicia lo benefició a pesar de la insistente querella de la médica. El Juzgado N°22 decidió sobreseerlo por la causa por defraudación y estafa luego de que Gómez negara todo, una decisión que fue revocado en septiembre de 2020 por la Sala I de la Cámara Criminal con los jueces Pablo Guillermo Lucero y Julio Lucini. Su defensa presentó un recurso de queja: fue rechazado por la Sala de Turno de la Cámara en diciembre del año pasado.
El fallo de Lucero y Lucini fue firmado con perspectiva de género. El documento, al que accedió Infobae, reseña: “Durante toda la investigación, la mujer alegó que el sometimiento, dominación, así como el control en el que se desarrollaba su vida en pareja y las agresiones que había padecido -físicas, personales y verbales-, resultaron ser determinantes para que el imputado la despojara de parte de sus bienes y la perjudicara en su patrimonio”, afirmaron. Creyeron “imprescindible” analizar el contexto de violencia.
También estaban al tanto de la segunda causa, que hoy tramita con firmeza en la Fiscalía Penal y Contravencional N°9 a cargo de la fiscal Silvina Bruno. En 2017, la médica denunció a Gómez por amenazas, un episodio tras una cena en Puerto Madero donde Gómez habría bajado a la médica violentamente del auto es el centro del caso. El 31 de marzo de este año, cuatro años después, el Juzgado N°4 del fuero finalmente ordenó la rebeldía y el pedido de captura de Gómez en este expediente.
El empresario habría intentado esquivarlo durante años, con una serie de trucos y certificados médicos.
La causa por amenazas tuvo reveses curiosos. Los abogados anteriores de la médica, confirman fuentes en Tribunales, habían pactado, increíblemente, un acuerdo con Gómez. La fiscal Bruno no lo admitió: un acuerdo en un caso de violencia de género está prohibido. También, la defensa del empresario buscó la prescripción. Bruno apeló tanto la mediación y la prescripción, que fue otorgada por la Cámara, otro beneficio para Gómez y luego revocada.
Así, Bruno logró encaminar otra vez el expediente. Sin embargo, el empresario comenzó a aducir problemas de salud, como hisopados por COVID, que daban negativo. Su última excusa fue una cirugía cardíaca, una supuesta angioplastía. También presentó certificados que la Justicia investiga. Hasta que esta versión no sea confirmada por la fiscal, Bruno continuará siendo un rebelde, con su captura abierta. Su defensa, a cargo del abogado Andrés Ramella, fue contactada para dar su versión de los hechos, sin ofrecer respuesta al cierre de esta nota.
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