Abogados calculan que durante la pandemia se suspendieron 150.000 audiencias por juicios laborales

En la ciudad de Buenos Aires la justicia Nacional del Trabajo tiene 80 juzgados laborales. Es allí donde se tramitan todos los casos de despidos controvertidos o accidentes de trabajo en los que se reclaman indemnizaciones. Es el último recurso que encuentran en general trabajadores de condición humilde que se quedan sin su puesto laboral. En la pandemia la situación habitual de lentitud de los procesos de la justicia del Trabajo se ha multiplicado.

Cuando un trabajador demanda a su patronal primero pasa por una conciliación. Si no hay acuerdo allí, el reclamo se encamina a los tribunales. El trabajador inicia la demanda, que el juzgado notifica al demandado que contesta con sus argumentos. Ambas partes ofrecen las pruebas para respaldar su posición. Antes de la pandemia los juzgados, por lo general, llamaban a una audiencia para lograr una conciliación. Esas audiencias se suspendieron en marzo de 2020, explicaron varios abogados laboralistas a Infobae.

Pero no fueron las únicas. Una vez iniciado el expediente las partes presentan testigos. La empresa por un lado y el trabajador por el otro. Las audiencias de testigos -consideradas fundamentales para el avance de los casos- se suspendieron. Y también se pospusieron-entre otras- las audiencias de reconocimiento de prueba.

Distintos laboralistas hicieron una estimación de cuántas audiencias fueron suspendidas: el número es astronómico. Esa estimación dice que se suspendieron más de 150.000 audiencias.

El cálculo fue hecho por los laboralistas de manera simple. Hay 80 juzgados que antes de la pandemia organizaban tres turnos de audiencias durante el día. En cada turno se llegaban a tomar tres audiencias. Es decir que había nueve audiencias diarias por juzgado. Ese número se multiplicó por 210 días hábiles y arrojó una cifra de 151.200.

Luego de las audiencias lo procesos laborales continúan con la presentación de los alegatos por escrito. Y ahí el juzgado está en condiciones de resolver. Una vez dictada sentencia quien pierde, apela y el caso pasa a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que tiene diez salas de tres jueces cada una. Luego la Cámara resuelve la apelación y esa decisión se puede cuestionar vía recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ese recurso es rechazado se puede ir en queja ante la Corte. No muchos llegan con su reclamo a la Corte, así y todo se estima que un juicio laboral -previo a la pandemia- se define en unos cuatro años o cinco años. Los laboralistas estiman que la suspensión de las audiencias durante la pandemia de coronavirus le agregará por lo menos tres años al tiempo que ya era extenso de por sí.

Cynthia Benzion presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas ante la consulta de Infobae explicó: “El cálculo que hacemos de mínima surge a partir de la necesidad de entender el impacto que tuvo la pandemia y esta inactividad del fuero que fue total durante los primeros cinco meses del ASPO y que se reactivó ínfimamente a partir de agosto de 2020, es un clara denegación de justicia. Habla también de una desidia de años por falta de inversión tecnológica. Fue una parálisis. La pandemia no suspendió derechos constitucionales pero de hecho sucedió: los trabajadores no tuvieron garantizado el acceso a la justicia, la única vía para reclamar por un despido o un accidente de trabajo. Nadie se hacer cargo. Desde la Corte Suprema, máxima responsable del funcionamiento del Poder Judicial, pasando por el Consejo de la Magistratura y la Cámara del Trabajo”.

Benzion distingue varias etapas de la “parálisis” del fuero Laboral: “De marzo a agosto de 2020 no pasó casi nada. El fuero durmió. Solo se dio curso a trámites urgentes como medidas cautelares o retiro de fondos ya depositados en los juzgados. En agosto comenzaron a dictarse algunas resoluciones para retomar la actividad pero eso hizo evidente los problemas que aún persisten. En febrero de 2021 la Cámara del Trabajo les dio a los juzgados la posibilidad de fijar audiencias presenciales, semi presenciales o virtuales. Algunos juzgados no fijaron ninguna audiencia. Otros fijaron muy pocas. Adujeron no tener medios para hacerlo”.

Ernesto Segal, presidente de la comisión de Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires señaló: “Casi no se trabajó nada durante la pandemia, salvo honrosas excepciones, no se trabajó. Cuando se levantó lo más estricto de la cuarentena pensamos que nos iban a llover resoluciones. Y nada sucedió. Hay juzgados sin internet, computadoras sin cámaras, jueces y empleados de riesgo”. “Nos hemos quejado por la situación desde el año pasado. Lo hacemos -agrega Segal- por nuestros clientes cuya subsistencia depende de cobrar lo que reclaman y también por nuestro trabajo. No ha sucedido casi nada”.

Gustavo Ciampa, presidente de la “Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio”, quien inicialmente realizó el cálculo de las audiencias suspendidas, señaló que: “Las razonables limitaciones a la presencialidad de los trabajadores judiciales, las limitaciones del horario hábil judicial, la falta de provisión de los elementos necesarios para posibilitar el uso de herramientas virtuales (wifi, cámaras, micrófonos, plataformas) en la sede de cada juzgado y los que fueran necesarios para quienes están teletrabajando, y las características propias de los juicios laborales (la necesidad de prueba testimonial en casi todos los juicios de naturaleza laboral, más la garantía de no interferencias ni condicionamientos a los testigos durante su declaración), permiten suponer que la realización de las audiencias no tomadas durante entre marzo de 2020 y febrero de 2021 demandaría al menos entre tres y cuatro años. Esto llevaría a que la demora promedio de unos cinco años en la tramitación de los juicios laborales prepandemia se alargue a entre ocho y nueve años algo que resulta claramente inadmisible”.

Coinciden los abogados laboralistas en remarcar la importancia de las declaraciones de los testigos en los juicio laborales. Ya eran complicadas antes de la pandemia porque los que atestiguan son habitualmente compañeros del despedido y eso puede generar una situación incómoda con la patronal. Ante las declaraciones remotas se plantearon varios inconvenientes. El testigo tal vez no tenga conectividad en su casa y tiene que declarar a través de su celular, con el consiguiente costo de minutos de su abono. Además no se puede garantizar que no haya alguien presente en el mismo lugar donde declara un testigo de manera remota. Y eso puede afectar el contenido de su testimonio.

Los laboralistas señalan que a la demora histórica de los juicios se le acumuló la enorme cantidad de audiencias fijadas en 2019 que no se tomaron en 2020. Más los juicios iniciados en la pandemia por el agravamiento de la situación económica y a pesar de que están prohibidos los despidos y desde 2019 rige - aunque atenuada con un tope- la doble indemnización.

Los distintos sectores que representan a los laboralistas recurrieron a la Cámara del Trabajo, autoridad sobre los juzgados para que se mejore la situación. La Cámara no maneja fondos. El Consejo de la Magistratura de la Nación, según les explicaron a los laboralistas, tiene fondos que dedica exclusivamente para pagar los sueldos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que debería aportar dinero para solventar las soluciones que se proponen.

Hay quienes creen que se deben aumentar los recursos para garantizar la conectividad de los juzgados y también para tomar personal temporario que a contraturno se dedique a poner al día a los juzgados con las miles de audiencias atrasadas.

”Hay una crisis estructural de la justicia del Trabajo porque, entre otras cosas, hay plazos para resolver los casos que nadie cumple. A eso se le suma la quietud de la pandemia que incrementó la mora. La Corte nunca nos atendió. Hay un desprecio inadmisible por el fuero del Trabajo”, concluyó Benzion.

Para ilustrar con una imagen contundente la situación de la justicia laboral Benzion explica por qué los casos con sentencia y apelación presentada no llegan a la Cámara: “Los juzgados dicen que ante la ausencia de los empleados no hay quienes suban físicamente el expediente -que no están digitalizado- a la Cámara”.

Es decir que los jueces aseguran que los expedientes, cúmulos de papel, no pueden ser transportados de un edificio a otro. Entonces quedan allí. Mientras el tiempo pasa. Eternamente.

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