El 29 de marzo pasado, Juana, de 84 años, madre de tres hijos, y que vive en un geriátrico de José Mármol, zona de Almirante Brown, perdió su único vínculo con el resto del mundo. La enfermera que debía atenderla y cuidarla, según la acusación de su familia, le robó el celular, un pequeño teléfono marca LG que, nuevo, costaría poco menos de 20 mil pesos. Para Juana, ese teléfono era todo, su vínculo con hijos y nietos. Tampoco tenía chance de pelear por sí misma, de reclamar.
Hoy, esa enfermera, llamada Verónica, está imputada por hurto en la Justicia, en una causa a cargo de la UFI N°6 de Lomas de Zamora, luego de que la familia de la mujer denunciara el hurto en la Comisaría N°9 de Almirante Brown a mediados de esta semana, según información de la causa a la que accedió Infobae. Tras la denuncia, la enfermera devolvió el teléfono. La directora del geriátrico la confrontó fuertemente. Ella argumentó que robó el aparato “por necesidad”. La echaron de su trabajo.
Irónicamente, el mismo celular fue lo que la incriminó. A través de una aplicación gratuita llamada Trackview, que enlaza cámaras de teléfonos para monitoreos remotos, disponible en Google Play, el hijo mayor de Juana logró filmar no solo a la enfermera ladrona, sino también a las compradoras. Un video que entregó a la Justicia. Allí, se ve a la mujer que adquirió el teléfono y que se lo lleva para, supuestamente, entregárselo a su hija.
El programa le permitió grabar todo el trayecto del teléfono, con horas de filmación alojadas en un server. Pudo ver cómo la compradora alardeaba el regateo, que le permitió llevarse un teléfono de 20 mil por apenas cinco mil pesos, luego de ofertar ocho. Mencionan nombres. Es, quizás, la prueba más llamativa en los últimos meses del hurto de un teléfono, uno de los delitos más comunes en la vida argentina. En medio de todo, jamás se dieron cuenta de que Trackview estaba activo. El hijo de Juana recibió la alerta en su propio celular y dejó correr el programa.
La historia de cómo y por qué se filmó ese robo vil para despojar a una mujer postrada del contacto con su familia es un poco más inquietante.
Juana había llegado al geriátrico en agosto de 2019, luego de caerse en su casa de Lomas de Zamora y romperse la cadera. Caminar se volvió imposible. Atravesó una cirugía supuestamente exitosa, los médicos intentaron reparar la fractura, pero no hubo una evolución favorable. Juana -un nombre de fantasía empleado en esta nota para proteger su identidad- debía ser enviada a un lugar con cuidado las 24 horas. Su familia se veía imposibilitada de supervisarla. PAMI, dicen los parientes, no logró acelerar el trámite para conseguir una nueva residencia. Así, llegaron a José Mármol, con un costo de 30 mil pesos mensuales.
Con el tiempo, Juana comenzó a quejarse. Aseguraba que la dejaban horas sin agua. Moverla a otro geriátrico en medio de una pandemia con una alta tasa de contagio de COVID en hogares para personas mayores, con varios clausurados en la Ciudad y el conurbano, se volvía sumamente complejo. Entonces, el hijo mayor optó por la vigilancia remota.
Irónicamente, luego de que la enfermera le quitara el teléfono para devolverlo a la víctima, la compradora exigió el reintegro de los cinco mil pesos que pagó por el celular robado.
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