El Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza condenó hoy a la pena de 50 años de prisión a cuatro de los integrantes de una banda que atacó en abril de 2018 una comisaría de la localidad bonaerense de San Justo para liberar a un detenido: se tiroteó con cuatro policías y dejó parapléjica a una de las oficiales.
Los jueces Gerardo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno resolvieron esa condena para Leandro David Aranda -el preso que iba a ser rescatado, de 25 años-; su pareja, Zahira Ludmila Bustamante (22); Tomas Sosa (22) y Sebastián Ariel Rodríguez (42). En su alegato del lunes pasado, y apelando al máximo que el Código Penal permite por sumatoria de penas, el fiscal Ariel Speranza Rossi había pedido 50 años de prisión para siete de los ocho imputados.
En tanto, el imputado Gonzalo Fabián D’Angelo (25) recibió una pena de 8 años de cárcel al ser partícipe secundario del hecho. Y la abogada Leticia Analía Tortosa (41) fue condenada a 3 años de prisión condicional al ser encontrada culpable del delito de “facilitación a la evasión”. La letrada, según la investigación, aprovechó una de sus visitas a la comisaría para entregarle a Aranda el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se contactó con sus cómplices para organizar el golpe.
Al juicio llegaron detenidos otros dos imputados, Daniel Alberto Rodríguez (33) y Bruno Damián Postigo Marullo (22), quienes finalmente fueron absueltos por el tribunal. Los fundamentos se conocerán en los próximos días.
El veredicto se dio a conocer en la sede de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de La Matanza, ubicada en el cruce de autopista Riccheri y Ruta 4, en la zona de Puente 12.
Si bien el juicio se inició de manera semipresencial el 26 de marzo pasado con los jueces, abogados y testigos en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y los imputados siguiendo todo por la plataforma Teams desde unidades carcelarias, el TOC 4 eligió para los alegatos y la lectura del fallo esa sede policial para extremar las medidas de seguridad ante la peligrosidad de la banda.
El organizador del ataque fue Aranda, quien estaba preso desde 2017 por un crimen narco en una villa de La Matanza –hecho por el que había sido condenado a 10 años–. Según la fiscalía, “tenía problemas afuera” y debía salir de la comisaría porque “había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14” de la Capital Federal.
Al declarar en el debate, Aranda confesó haber ideado el plan para que lo rescaten, pero negó que la idea fuera entrar a matar policías. Además dijo que entre los detenidos había inocentes y trató de desvincular a su pareja, quien según la acusación fue a rescatar a Aranda con un bebé de pocos meses.
En base a esas pruebas, afirmó que Daniel Rodríguez y Tomás Villamil –un noveno imputado que se suicidó en el penal de San Nicolás mientras estaba preso por esta causa–, fueron los que entraron primero a la oficina de los policías “arma en mano y efectuando disparos”.
Detalló además que Sebastián Rodríguez y Sosa fueron los otros dos que también entraron a la seccional con una pinza corta candados, pero tuvieron que huir al empezar los disparos; y que D’Angelo, a quien apodaban “Schumi” por sus habilidades como conductor, era quien esperaba afuera como chofer en un auto Volkswagen Fox. Bustamante lo hacía en otro vehículo.
El fiscal Speranza Rossi dio por probado que el episodio ocurrió a las 5.05 del 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1ra. San Justo, donde los imputados intentaron rescatar a tiros a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional (esa madrugada había un total de 43 detenidos), pero la resistencia de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe.
El fiscal había acusado a siete de los imputados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego –reiterado en cuatro oportunidades– en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa”.
El único que había sido acusado de un delito diferente había sido uno de los que finalmente resultó absuelto, Bruno Postigo Marullo. En este caso, el fiscal había pedido una pena de 6 años por “encubrimiento agravado”, ya que se lo involucraba por una supuesta falsa denuncia por el robo de un auto que la banda usó en el golpe frustrado.
La sargento Alejandra Rocío Villareal fue la única de los cuatro policías atacados que sufrió graves lesiones y la dejaron parapléjica. Este viernes, tras el fallo, el juez Gerardo Gayol, presidente del tribunal interviniente, destacó el accionar de la agente: “Su actitud fue heroica. Interpuso su humanidad para que no se evada nadie de la comisaría y logró que no murieran los otros policías que estaban en ese momento. Espero que algún día quien corresponda se lo reconozca”.
“Compusimos la pena basándonos en la cantidad de hechos, en la cantidad de víctimas y en los daños causados. Nos hubiese gustado que fuera aun mayor que la que impusimos pero no se puede por los límites del Código Penal actual”, agregó el magistrado.
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