Un fiscal de instrucción en una zona caliente del conurbano tiene un dicho casi poético en su oficina: “Acá, el toner de impresora es más espeso que la sangre”. Debería reírse como remate tras decirlo, pero la cara que pone es otra.
Esta semana, ese fiscal y 319 de sus colegas, más de la mitad de los 629 de la provincia, firmaron bajo el marco de la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires un duro comunicado en donde reclaman a las autoridades por la falta de recursos materiales y humanos además de la falta de nombramientos en cargos, en medio de la segunda ola del coronavirus.
Antes de la difusión pública del comunicado, según confirmaron fuentes cercanas a la Asociación a Infobae, los fiscales realizaron una presentación formal ante la Procuración provincial dirigida por Julio Conte Grand. Al cierre de esta nota, los fiscales no habían recibido una respuesta. Los términos de la Asociación, conformada en los primeros días de la pandemia de cara a fiscales de La Plata que intentaron nuclearse con otros a lo largo del territorio que se sumaron a la iniciativa, son particularmente duros.
“Como consecuencia de un proceso que lleva décadas de desarrollo, la degradación del sistema penal en nuestra provincia ha arribado al límite de lo tolerable”, afirma el texto: “Hemos dejado de lado nuestras naturales diferencias ideológicas, para acudir en auxilio de una estructura deficiente desde su creación, que ya no resiste mayores cargas y necesita ser apuntalada de manera urgente”, asegura el texto, difundido sin firmas.
El texto sigue: “En este contexto, las cuestiones sometidas a nuestra intervención suelen acaparar gran parte de los titulares de los medios de comunicación, de la agenda política y del interés ciudadano. Sin embargo, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad. Existen agentes fiscales con turno permanente de 320 días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas, debiendo intervenir en la instrucción y en la etapa de debate oral, en condiciones edilicias deplorables, con escasez de insumos básicos como impresoras, fotocopiadoras, escáneres, y lo más importante, en ausencia de un plantel de empleados y funcionarios acorde a la demanda de trabajo”.
El comunicado se fundamenta con números: las causas penales se duplicaron entre 2007 y 2019, de 500 mil en la provincia a un millón. En agosto del año pasado, las dependencias de la policía provincial tenían 5.480 detenidos, más de 3 veces el número de su capacidad, según números oficiales.
La frase de cierre también es fuerte. Habla de un “accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar”.
Julio Conte Grand, según altas fuentes en la Procuración, todavía está por estudiar el texto. Las mismas fuentes hablan de una jugada más allá del reclamo que parece netamente horizontal. “Están activos porque hay elecciones de los representantes del Ministerio Público ante el Consejo de la Magistratura, espero no desatiendan sus funciones y obligaciones. Es sabido que hay un grupo político que impulsa a este gremio”, desliza un jugador de peso en La Plata. La misma fuente asegura que “de 624 fiscalías hay 92 vacantes, lo que da un 14,74%. Los cargos se cubren por concurso que convoca el Consejo de la Magistratura. Sobre las ayudantías fiscales, 64 cubiertas y hay 10 vacantes, da un 15%”.
A lo largo de la mañana del miércoles, horas después de la salida del comunicado, Infobae dialogó con fiscales vinculados al comunicado. Sus opiniones políticas claramente difieren, lo mismo sus perfiles, diseminados a lo largo del territorio. “La provincia está nos descuidando, no hay nombramientos hace 7, 8 años. ¿Te das cuenta que es una locura? Aumentan los hechos delictivos, las detenciones y no aumenta el personal”, asegura uno en La Plata: “Hay fiscales que se contagiaron de COVID, quemados, síndrome de burnout”. Las disparidades salariales entre fiscales de provincia y Nación también son parte del discurso.
“Viajaron fiscales de toda la provincia para firmar el estatuto de la Asociación”, responde otro, con una extensa carrera, que apunta a otro problema: el escarnio público y la falta de apoyo de la jerarquía. Es decir, falta de recursos y total presión, ser la primera línea de defensa de la sociedad contra el delito violento sin herramientas para resolverlo. Se creó una gran estructura en la Procuración con muchos cargos para control disciplinario. Pedís medidas, turnos para cámaras Gesell por ejemplo que te patean, y si pasa algo la culpa es tuya. ¿Esos fiscales queremos? ¿Quemados, tapados de laburo y con una espada de Damocles sobre la cabeza?”, continúa.
Sin embargo, hay otros jugadores en el tablero: los 20 fiscales generales que encabezan las 20 jurisdicciones y reportan directamente a Conte Grand, que no pueden ser parte de la Asociación dada su función. Varios, en estricta confianza, apoyan el reclamo ante la falta de nombramientos. Un histórico admite: “Me llamaron por esto, no me puedo plegar por mi cargo, pero me parece genuino el reclamo. Les dije que es la hora de que reclamen. El fiscal no se queja por quejarse, hay vagos, obvio, tipos que no están a la altura, pero son cientos los que ponen el gasto físico. Esto es como estar de guardia en un hospital. No podés tener a los jugadores como el traste. Paro de fiscales no va a haber, ni en chiste se dice. Pero hay que reclamar”.
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