El otro negocio del empresario condenado por la muerte de una mula narco: vender remedios vencidos para el cáncer

Si uno visita con frecuencia el corazón de la oscuridad del hampa argentina, puede encontrarse con personajes como el empresario farmacéutico Ricardo Francisco Bruno. Son engañosos a simple vista, hombres de dinero, empresarios con registros en la AFIP y papeles aparentemente en blanco, tienen buen gusto para vivir y vestir, están lejos de ser pistoleros y rateros cansados. Pero sin ellos, el hampa no funciona. Sus negocios y su capacidad de estructura financiera permiten operaciones de alto vuelo, tramas internacionales con socios criminales despiadados que solo necesitan un productor para ejecutar su plan o que los tutelen un poco.

Bruno, por su parte, fue acusado y condenado, básicamente, por tener su parte en el plan.

En febrero de este año, tras pasar más de un año bajo arresto luego de que la división Precursores Químicos de la Policía Federal lo arrestara en su casa de Mataderos, Bruno aceptó su culpa en un juicio abreviado por su participación secundaria en el crimen de la bailarina brasileña Miriam Alencar da Silva, de apenas 19 años. La joven fue encontrada muerta en el cordón de una vereda de Villa Devoto el 2 de julio de 2017, cuatro días después de que llegara al país desde Rio de Janeiro: congestión y edema pulmonar fueron las causas de muerte que marcó su autopsia, un símbolo del desprecio narco por la vida humana y en particular por la vida de las mujeres.

Había tragado 94 cápsulas con MDMA puro, el principio activo del éxtasis. Solo pudo expulsar 28, según relató su hermana mayor, luego de que la encerraran en un hotelito de la avenida Rivadavia en el centro porteño. Otras 66 quedaron en su cuerpo, más de 600 gramos de una droga que podría hacerla explotar por dentro. Así, Miriam perdió la vida. Descartaron su cadáver como si fuese la colilla de un cigarrillo, desde un auto en movimiento.

Hendrik Binkienaboys Dasman, alias “Gino”, nacido en Surinam, ex novio de Daiana Ontivero, la modelo que saltó a la fama policial en 2011 como la supuesta cómplice secundaria de una banda que traficaba cocaína a Europa, fue el hombre detrás de esta muerte. La pagó caro: fue condenado en 2019 a prisión perpetua en el Tribunal en lo Penal Económico N°2 por el hecho.

Asistido por una defensora oficial, el empresario acordó seis años de cárcel en el mismo tribunal que condenó a Dasman con el juez Jorge Zabala por su participación secundaria en el homicidio agravado de Miriam, así como los delitos de contrabando y tenencia de estupefacientes. Le decomisaron, por otra parte, el dinero que le secuestraron en sucesivos allanamientos, más de diez mil dólares, 1200 euros, 305 mil pesos. La investigación de la división Precursores Químicos de la PFA fue exhaustiva, el material que capturaron permitió vincular ampliamente a Bruno con Dasman, como un contrato de alquiler entre ambos, escuchas donde supuestamente hablan del hecho. “Cambiá el chip”, le ordena Bruno al narco de Surinam.

El 25 de marzo pasado, el nombre de Bruno regresó a la Justicia federal. La Sala II de la Cámara con los jueces Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah confirmó parcialmente un nuevo procesamiento firmado contra el empresario por el Juzgado Federal N°11. El delito de esta vez: venta de remedios truchos.

Otra vez, información de Precursores Químicos llevó a la nueva acusación, con una serie de escuchas que generaron una nueva causa. Las sustancias enumeradas en el procesamiento son particularmente sensibles, entre ellas se encuentra al menos una ampolla de 100 miligramos de Opdivo Nivolumab, producido por el laboratorio Bristol Myers Squibb, un compuesto inyectable vendido por receta archivada según disposición del ANMAT. Se emplea para un solo diagnóstico: inmunoterapia, tratamiento de diferentes tipos de cáncer en un estado avanzado, una medicación para inmunoterapia.

No fue el único que le encontraron a Bruno. La lista incluye decenas de medicamentos. La imputación también habla de preparados de su propia manufactura y el trabajo con recetas magistrales: en un allanamiento le encontraron una comprimidora para pastillas y y cuatro encapsuladoras automáticas.

Bruno fue acusado de controlar una droguería en Lomas del Mirador, habilitada por el ANMAT recién en febrero de 2020, más de dos después de los hechos que le imputan. Una escucha de enero de 2018 fue particularmente reveladora. “Es lo que vale con el plan de laboratorio, con troquel, con factura, con pago a treinta días…En negro no existe y ese precio que te pasó, vale en blanco, comprado en laboratorio con factura”, le aseguró Bruno a otro imputado. Dos meses más tarde se quejaba frente a otro en voz alta: “Papá, ¿qué me trajiste? Un desastre”. “Veneno puro”, califica Bruno, que luego da la orden: “Andá pensando en bajar el precio ya”.

El Opdivo Nivolumab fue descubierto en un allanamiento en el marco de la causa para esclarecer la muerte de Myriam. La acusación detalla que la muestra “fue recibida a temperatura ambiente” cuando debería conservarse de 2 a 8 grados, lejos de su manejo ideal.

Así, la Sala II razonó que hay sospechas suficientes para creer que Bruno “comercializaba medicamentos” “sin troqueles, cambiando éstos, sin cuidar las formas de resguardo y almacenamiento, enviándolos al interior del país de forma de evadir los controles pertinentes” o realizando recetas magistrales con un cómplice, con un “claro desapego no sólo a las reglamentaciones vigentes al respecto sino, especialmente, al potencial daño a la salud que tales preparados podían ocasionar”. También, que el envasado de esos producidos y su posterior distribución se realizó “sin control, colocando etiquetados que no se correspondían con el real contenido, y sin recetas que autorizaran la producción de tales medicamentos”.

La lista de medicación encontrada en los allanamientos, vencida o en fecha, incluye drogas comunes como el ibuprofeno y el sildenafil, empleada para la disfunción erectil. En todo caso, su nombre no es nuevo para los tribunales de Comodoro Py. El nuevo procesamiento confirmado por la Cámara resuena con su historia delictiva.

Bruno ya había acumulado causas en su contra en 2006 y 2007 por los delitos de falsificación de moneda, estafa y documento público, según datos de la Cámara Federal, pero el caso más grande de todos llegaría algunos años se vio involucrado en 2011 en la megacausa por el escándalo de medicamentos adulterados que recayó en el Juzgado N°5 en ese entonces bajo Norberto Oyarbide.

La causa se resolvería 8 años después, en octubre de este año con un juicio abreviado junto a otros dos imputados en el Tribunal Federal Nº3. Bruno fue finalmente condenado a tres años de cárcel por el “delito de venta de sustancias medicinales o mercaderías peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo”, tal como se lo acusa ahora, “en concurso ideal con el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública”.

El 23 de marzo último, el Tribunal Oral Penal N°2 unificó esta condena original con la dictada por su participación secundaria en la muerte de Myriam para computar un total de seis años y ocho meses de cárcel.

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