La operadora de la línea 145, donde se reciben denuncias por trata de personas, recibió un llamado una tarde de agosto del año pasado. Del otro lado del teléfono una voz de mujer temerosa y dubitativa empezó tímidamente a relatar una situación extrema. “Hay una persona encerrada en un taller clandestino, la están explotando todos los días. Los dueños le robaron su bebé y no dejan que lo vea”, afirmó.
Antes de cortar, la denunciante anónima dio detalles como direcciones, nombres y ocupaciones. Fue el comienzo de una investigación que fue una primicia de Infobae y que descubrió que una pareja de extranjeros dueña de un taller clandestino en Ciudadela tenía encerrados en el lugar a cinco empleados y que a una de ellas le robó a su bebe recién nacido, lo adoptaron como propio y hasta lo inscribieron en el Registro de las Personas con su apellido mientras le prohibían a la madre biológica verlo.
Según los datos que obtuvo la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que ya fue elevada a juicio oral tras un trabajo del secretario Leandro Noguera, la víctima, G.H de 25 años, llegó sola de Bolivia en marzo del 2020 a Buenos Aires apenas unos días antes de que se decrete la cuarentena total por el coronavirus. Sin dinero y con un estado de vulnerabilidad absoluto recayó por una recomendación en un taller textil ubicado en el barrio de Flores, en la calle al Ramón Falcón 3500. Sin saberlo, ese lugar se convertiría en pocos meses en su lugar de encierro.
Allí fue recibida por la pareja dueña del lugar que vivía en la parte superior de la construcción de dos pisos: C.A.C, peruano de 35 años, y su esposa N.B de origen boliviano, 46 años. La mujer tenía una causa previa: en 2018 fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 4 a cuatro años de prisión por narcotráfico y había sido beneficiada con libertad condicional.
En la planta baja de la casa funcionaba el taller clandestino donde siete máquinas de coser operaban casi 20 horas por día impulsadas por inmigrantes paraguayos y bolivianos que trabajaban jornadas que comenzaban a las 7 de la mañana y terminaban cerca de las 23 por 10 mil pesos por mes, que casi nunca se abonaban. Ahí trabajaba G.H., en condiciones infrahumanas.
El 20 de marzo, con el decreto presidencial que disponía el aislamiento preventivo en todo el país y limitaba la circulación sólo para trabajadores esenciales, a los dueños del lugar se les ocurrió que sus 5 empleados, todos inmigrantes ilegales mal pagos, se quedaran a vivir en el lugar. Nos les dieron habitaciones ni les prestaron uno de los cuartos de la planta superior. Los hicieron dormir hacinados en el mismo taller: salir estaba prohibido.
Todos aceptaron. No tenían otro lugar donde ir.
Pero G.H ocultaba algo gracias a su delgada figura: estaba embarazada. No había dicho nada por miedo a que no la tomen o luego a que la echen. Pero en el día a día laboral y de convivencia hubo alguien que sí lo notó. N.B, la dueña del lugar, se enteró y lejos de despedirla la cobijó y se mostró sumamente interesada en la criatura por nacer, demasiado en realidad.
Junto a su marido acompañaron a la víctima a que se hiciera todos los estudios necesarios, se preocuparon porque la futura madre tuviera una alimentación correcta y hasta le dieron una habitación mejor para descansar, alejada del resto de los trabajadores, algo insólito para dos esclavistas que atacaban a migrantes pobres.
Parecía todo un cúmulo de buenas intenciones, una redención ante un bebe por nacer, pero en realidad detrás estos actos se escondía un plan macabro: según la Justicia federal, planearon apropiarse del bebe, anotarlo como propio y alejarlo de su madre.
“Cuando esta pareja se entera del embarazo y comienzan a ayudarla le llenan la cabeza de a poco con que ella sala no podría cuidar al bebe. Le prohíben que hable o cuente del tema. C.A.C, el hombre de la pareja, fue el encargado de vigilar que ella no se comunique con su familia en Bolivia. Era clave para su plan que eso se mantuviese en secreto para luego apropiarse ilegalmente del nene”, explica una fuente de la investigación a Infobae.
Una vez que la víctima dio a luz el 8 de mayo del año pasado, comenzó la segunda parte del plan que consistía en demostrar públicamente que el niño recién nacido era fruto de la pareja y no de la madre biológica. Para eso utilizaron todas sus redes sociales para subir fotos y posteos presentando en sociedad al chico.
“Eres un regalo de Dios, me siento tan feliz porque llegaste a mi vida, mi pedacito de cielo, te amo mi bebe hermoso. Trajiste tanta alegría a nuestros corazones. Te amamos mi bebote”, escribió N.B en Facebook junto a fotos del niño al que trataba como de si fuera propio.
Pero no sólo en el plano público intentaban mostrarse como los padres biológicos de la criatura. También lo hicieron de manera oficial. La pareja le explicó en reiteradas oportunidades a la víctima que si o si necesitaba un padre para anotar al chico en el Registro de las Personas. Le mintieron, hasta que la convencieron. La mujer, todavía en el hospital, dio su consentimiento y finalmente el bebe fue anotado con el apellido de la pareja. Para eso utilizaron dos testigos de su confianza: una empleada del taller y un policía.
Cuando salieron de la clínica y volvieron todos a la casa de la calle Ramón Falcón llegó, quizás, lo más perverso e inhumano de todo: le prohibieron terminantemente a la madre biológica ver a su hijo. Además, sin respetar un tiempo mínimo de descanso, a menos de una semana de haber parido la hicieron trabajar nuevamente en el taller clandestino de la planta baja.
El testimonio de la madre es parte de la causa de la jueza Capuchetti, a cargo del Juzgado Federal N°5:
“Mientras yo trabajaba ellos estaba arriba con mi bebé. No me dejaban verlo porque decían que al chico le hacía mal verme cansada. Yo sabía que ellos se encerraban en la habitación con la criatura y se emborrachaban ahí adentro. La mujer me decía que no me lo iba a dar, que era de ellos porque tenía su apellido”, contó la víctima en el expediente tramitado en Comodoro Py.
El fin del horror llegó recién en agosto cuando la víctima se pudo comunicar secretamente con un integrante de su familia y le contó lo que estaba sucediendo. Esta persona logró que la reciente madre tome algunas de sus pertenencias y pueda escapar de su lugar de encierro pero no pudo llevarse lo más importante: su hijo.
Luego de intentar varias veces recuperar al bebe en vano, mientras en las redes sociales se multiplicaban fotos del chico con sus falsos padres, llegó el llamado al 145 pidiendo auxilio y explicando todos los detalles.
En la noche del 20 de agosto, apenas unos días después de la denuncia, la jueza Capuchetti dio la orden para que efectivos de la Policía Federal, la Dirección de Migraciones y el Programa Nacional de Rescate a personas damnificadas por el delito de trata irrumpieran en Ramón Falcón con el objetivo de desbaratar el taller clandestino y recuperar al chico robado.
Finalmente lograron rescatar al bebe ileso y detener a la pareja. También secuestraron máquinas de coser y ropa confeccionada con logos de marcas deportivas internacionales. En el mismo procedimiento se les dio asistencia a los cinco empleados, todos inmigrantes de países limítrofes.
Tanto C.A.C Y N.B, los apropiadores, fueron procesados y enviados a juicio oral por el delito de sustracción y retención de un menor de diez años, alteración de la identidad de un menor, falsedad ideológica y trata de personas con fines de explotación laboral. Un agravante utilizado en la calificación es que uno de los trabajadores ilegales era menor de edad.
Si bien aún no tiene fecha el juicio se cree que podría llegar para el último trimestre de este año. La pena que podría caberles a los responsables es de no menos de 20 años de prisión.
Mientras tanto, el bebe fue devuelto a su madre que aún sigue con asistentes sociales que la ayudan y está en proceso de cambiarle el apellido a su hijo.
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