Comienza el segundo juicio por los abusos a chicos en el instituto Próvolo: las monjas son las principales acusadas

Las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez enfrentarán el proceso a partir del 12 de abril por los abusos sexuales a más de 20 alumnos hipoacúsicos: la psicóloga y la enfermera, también imputadas

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Las monjas Kumiko Kosaka y
Las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez están acusadas junto a otras siete imputadas por los abusos en el Insitituto Antonio Próvolo de Mendoza

El segundo juicio por abuso sexual y corrupción de menores en el instituto religioso para chicos hipoacúsicos Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza, finalmente tiene fecha de inicio: el próximo lunes 12 de abril será la primera audiencia del proceso en el cual serán juzgadas las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de las ex directoras de la institución, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza, la cocinera Noemí Paz y la psicóloga Cecilia Raffo.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial, el juicio oral se realizará dentro de dos semanas de lunes a viernes entre las 8 y las 13, en una modalidad semipresencial de acuerdo a la situación de la pandemia de COVID-19.

La elevación a juicio -que sufrió varias dilaciones a raíz de las numerosas presentaciones y objeciones ante la Justicia de las monjas acusadas- se terminó de confirmar en los últimos días cuando el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 rechazó la recusación al juez Horacio Cadile, solicitada por la defensa de las religiosas.

Kumiko Kosaka está imputada como
Kumiko Kosaka está imputada como partícipe primaria de los abusos cometidos en el Próvolo en siete hechos y está acusada como autora penalmente responsable de un abuso simple. (El Sol)

En febrero de 2020 habían comenzado las audiencias preliminares, que luego se demoraron por la llegada del coronavirus a la Argentina y la cuarentena. En el último año, las abogadas Valeria Corbacho y Enoc Ortiz, que integran la defensa de Kosaka y Martínez, solicitaron la recusación del juez Cadile, que preside el tribunal a cargo del juicio, con el argumento de que al inicio de las audiencias el magistrado no era juez sino “conjuez”, una figura aprobada por la Corte Suprema para ocupar ese cargo en tanto se tramita el proceso de aprobación formal del Senado, que finalmente se concretó el 2 de marzo.

La semana pasada, los jueces Rafael Escot y Gabriela Urciuolo rechazaron el planteo, al que consideraron “formalmente inadmisible” por haber sido presentado fuera de los plazos permitidos. En junio del año pasado, entre otras casi 40 actuaciones, los abogados Ramiro Villalba y Carlos Varela llevaron a cabo una nueva presentación en la que solicitaron la nulidad del juicio oral, que también fue desestimado.

En los últimos días, sobrevivientes de los abusos cometidos en el Próvolo y sus familiares llevaron a cabo una marcha hasta los tribunales provinciales para exigir que se fije una fecha.

El cura Nicola Corradi, el
El cura Nicola Corradi, el mayor en jerarquía de todos los acusados dentro del instituto, al entrar a la audiencia en la que fue condenado. Detrás, el jardinero Gómez

De esta forma, finalmente esta semana se confirmó que dentro de dos lunes se dará inicio formal al proceso oral, en el que el fiscal Gustavo Stroppinana unificó diferentes causas, que cuenta con nueve mujeres imputadas.

Entre ellas, la más complicada es Kumiko Kosaka, una monja de ascendencia japonesa que cumple prisión domiciliaria y no sólo está imputada como partícipe primaria de los abusos cometidos en el Próvolo en siete hechos, sino que también está acusada como autora penalmente responsable de un abuso simple.

Por este mismo caso, en un juicio que marcó un precedente en el mundo, la Justicia mendocina condenó el 25 de noviembre de 2019 a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel por haber perpetrado abusos sexuales y corrupción de menores con al menos 27 niños con hipoacusia que residían en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, en Luján de Cuyo.

El cura Corbacho al llegar
El cura Corbacho al llegar esposado a la audiencia.

También se trató del primer juicio en Mendoza que contó con un intérprete de señas para los testigos, víctimas y uno de los empleados acusados, también sordomudo.

La investigación comenzó en 2016 cuando las víctimas, que tenían entre 5 y 17 años, se atrevieron a relatar las vejaciones y los tratos denigrantes de sus abusadores dentro de un altillo de la institución, al que los abusadores llamaban La casa de Dios.

Las declaraciones brindadas por los denunciantes incluían desde insinuaciones, obligación de ver material pornográfico, tocamientos, violaciones y ataques grupales, además de encubrimientos de los vejámenes y todo tipo de maltratos sufridos durante años. Uno de ellos relató cómo había sido violado en simultáneo por varios de los acusados y en varias oportunidades, en las que sufrió múltiples lesiones y desgarros.

Los tres condenados en el
Los tres condenados en el primer juicio de Mendoza: el sacerdote Horacio Corbacho, el jardinero Armado Gómez y el cura italiano Nicola Corradi (AFP)

A principios de noviembre pasado, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa que investigaba a Corradi, el cura Eliseo Pirmati, que reside en un asilo en Italia y se había solicitado su extradición, y el profesor de informática José Brítez, también por abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la ciudad La Plata.

Algunos días más tarde, sin embargo, la Fiscalía del Tribunal de Casación Penal bonaerense apeló la prescripción y la excarcelación de Brítez, que se hizo efectiva en cuanto se dictó la prescripción, junto con su sobreseimiento.

“No se puede dejar de recordar la extrema gravedad de los hechos imputados, teniendo especial consideración el lugar de comisión de los mismos, en la que resultara víctima un menor de edad cuando contaba con solo 8 años, quien se encontraba separado de su familia de origen, en estado de máxima vulnerabilidad no solo por su discapacidad, por su edad, sino sino también por las circunstancias que rodearon los hechos”, expresó entonces la fiscal Rosalía Sánchez de la UFI N° 11, quien apeló la decisión del Casación.

Esa investigación, que quedo en manos de la fiscal Cecilia Corfield, también comenzó en 2016, luego de que se diera a conocer que Corradi y Corbacho, detenidos en Mendoza, también habían trabajado en el instituto de La Plata. En abril de 2019, la justicia ordenó la detención de los sacerdotes y de Britez, que fue el único que pudo ser detenido. Pirmati se encontraba alojado en un asilo en Italia, por lo que se pidió su extradición; y Corradi ya estaba detenido en Mendoza.

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