El expediente que investiga la muerte de Facundo Astudillo Castro llegó a un nuevo pico de tensión ayer lunes por la noche.
Fuentes del caso confirmaron a Infobae que un joven de la zona de Pedro Luro que se había convertido en un testigo de identidad reservada tras ser propuesto por la querella del caso desapareció de su domicilio. Se esperaba que el testigo, luego de haber declarado en la causa, acompañara a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín en una nueva recorrida. La desaparición fue dada a conocer a comienzos de la noche por Cristina Castro, la madre de Facundo.
Le había enviado un mensaje a su esposa asegurando que había recibido amenazas: le dejó dinero y se fue, sin dejar rastros, asegurando que lo hacía para proteger a su familia.
Así, el fiscal Azzolín investigó el paradero del testigo mientras que un equipo de Gendarmería Nacional se encontraba apostado en su casa con su pareja, visiblemente asustada. Se esperaba que se contacte para ofrecerle protección, pero su teléfono estaba apagado poco después de la medianoche.
En horas de la madrugada, según fuentes del expediente, el testigo regresó a su domicilio por sus propios medios. Se encuentra con custodia. Los investigadores tomarán su declaración y analizarán su teléfono, ya que las presuntas amenazas solo surgen, por ahora, del relato de su esposa.
La autopsia llevada a cabo en octubre de 2020 por el Equipo de Antropología Forense con un diagnóstico de asfixia por sumersión no pudo determinar si Facundo fue asesinado, murió por accidente o se quitó la vida. Los fiscales, en privado, tenían sus sospechas.
Así, fueron adelante con el caso, que cobró nuevo impulso a mediados de febrero cuando se llevó a cabo un allanamiento a la comisaría de la localidad de Teniente Origone, el destacamento policial en el que fue visto por última vez el joven y donde además hallaron un amuleto que aparentemente le pertenecía.
La medida había sido solicitado desde el 1° de octubre pasado por los fiscales Heim y Azzolín, pero la jueza Marrón rechazó el pedido. Esto llevó a que los representantes del MPF apelaran la decisión e interpusieran luego una queja. A partir de esto, la Cámara Federal admitió primero la queja y luego hizo lugar parcialmente al recurso y ordenó el allanamiento.
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