Hoy por la mañana, la Policía de la Ciudad detuvo en la Villa 31 bis a Margarita Morales Huincho, 43 años, con una orden de un juzgado correccional porteño por una vieja causa por homicidio con fecha de 2017. El titular de esa causa, el primer nombre entre los imputados, es el de César Morán de la Cruz, “El Loco”, el capo más bestial y feroz del asentamiento.
Margarita, según detectives judiciales, fue su amante.
No solo eso: Margarita también fue su lugarteniente. Durante años, Morán de la Cruz, cuya legión de sicarios y transas comandó su propio castillo en el Playón Este, “La Casa del Pueblo”, donde fue capturado su principal soldado, Juan Honorio Inga Arredondo, alias “Piedrita, condenado a 20 años de cárcel por dos homicidios, usó a sus varias mujeres como su nexo con el resto del mundo. Desde su celda en penales como Devoto enviaba sus directivas a su comando a través de una flota clandestina de celulares. Pero para César, hoy preso, sus mujeres eran todo. Esas visitas eran su línea de vida. Los espías penitenciarios se dieron cuenta con el tiempo. Así, años atrás, César fue trasladado lejos, a una cárcel federal en el Chaco.
En los registros de Comodoro Py, Margarita aparece como vinculada a un negocio paralelo de la banda: los préstamos usureros. Los investigadores de la Justicia federal, acostumbrados a seguir a la banda de Morán de la Cruz, con una histórica causa principal en la Fiscalía Federal N°1 que fue del fallecido Jorge Di Lello, la ubican entre las encargadas de llamar a los deudores para que paguen.
Sin embargo, otra fuentes aseguran que la víctima por la cual pidieron el arresto de Margarita murió baleado por un ajuste de cuentas netamente vinculado a una deuda de drogas. En la casa se encontraron se hallaron cuatro kilos de cocaína, medio de pasta base y marihuana, además de un chaleco antibalas, una pistola calibre .22 con silenciador, municiones y un juego de esposas.
El arresto de Margarita cala hondo en la geopolítica narco de Retiro. No solo muestra el poder de permanencia de la banda de Morán de la Cruz, condenada por ejecutar adictos traidores por la espalda entre escenas dantescas como gritar a tiros en los velorios villeros de sus víctimas: todavía retiene una parte del territorio según investigadores. Su viejo dominio sigue siendo el Playón Este y el Barrio San Martín, donde operaron históricamente.
Fuera de esos límites, jugadores de nacionalidad paraguaya como Los Sampedranos resisten con recambios en su plantel a pesar de años de erosión. Javier Ramón Ventos Montiel, un tercera línea ligado en el pasado a pesados como Juan Ramón Ortigoza Acosta, “El Grosso”, cuya facturación se calculaba en tres millones de pesos semanales, recibió prisión preventiva acusado de reclutar chicos para que menudeen bolsitas junto a su novia, luego de que lo capturara la Policía de la Ciudad.
Así, la historia violenta de la Villa 31 parece un libro casi imposible de cerrar, pero los cambios se sienten y los viejos poderes pierden fuerza. La política originada por el fiscal Di Lello de cerrar bunkers y convertirlos en puntos del Estado, continuada por miembros de su equipo como el secretario Javier De Elío, sigue hasta hoy. Focos narco como “La Escalerita”, parte del mapa usual de adictos de la 31 bis, fueron clausurados en los últimos meses. Uno de los puntos allanados en el operativo para arrestar a Margarita fue tapiado con ladrillos y cemento.
Morales Huincho también tiene otra vieja causa en el fuero federal por violaciones a la ley de drogas que data de 2017, radicada en el Juzgado N°8, en la que estuvo detenida y donde su defensa planteó excarcelaciones. En 2019, en el marco de esa causa, pidió autorización dos veces para salir de la Argentina.
Otra mujer de su familia también es parte de la historia de Morán de la Cruz, en cierta forma. Fue testigo en el juicio en donde se condenó al sicario “Piedrita”. Relató problemas con una mujer muy fuerte en la zona, Aída Campo Vilchez, aseguró “que fueron a hacerle un reclamo a la casa y ahí los amenazó, agregando que esa delegada tenía a sus ‘amigos´ y ‘parientes’, como haciendo alusión a que éstos serían los encargados de ejecutar las amenazas”, según la condena Sin embargo, luego dijo bajo juramento en el juicio que con Aída, básicamente, ya estaba todo bien.
Como jefa de la cooperativa Jesús Obrero de la zona, Aída se había convertido en una referente en el diálogo con el Gobierno de la Ciudad: la cooperativa cumplía un rol sumamente específico, había sido constituida en febrero de 2010 para realizar mejoras estructurales en el asentamiento. La cooperativa, por ejemplo, firmó un acuerdo con Aida como representante con la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA, un instrumento clave, según documentos judiciales.
Campo Vilchez fue ligada por testimonios al asesinato cometido por “Piedrita” de Mónica Rojas Palma, una amiga y trabajadora de la cooperativa. Sin embargo, no hubo causa en su contra por ese crimen. La condenaron en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 por, curiosamente, intentar volar desde Ezeiza a Lima con casi 50 mil dólares metidos entre la cartera y el corset, pena de tres años en suspenso.
Desde 2013, Campo Vilchez presidió una inmobiliaria llamada Santos Caracoles SA. La inmobiliaria era solo una idea en los papeles, nunca había tenido actividad comercial, al parecer. Sin embargo, siete días después de su inscripción ante la AFIP, de acuerdo a la condena a Aída, Santos Caracoles compró un Fiat 500: los autorizados para conducirlo fueron dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad que trabajaban en la Villa 31.
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