Las extorsiones entre presos son una suerte de industria dentro de las cárceles argentinas, como una versión infernal del bullying de patio de escuela donde detenidos más débiles, sin ranchada, superados en número ante un posible enfrentamiento, o simplemente marcados como víctimas, son despojados cíclicamente de dinero y mercadería que deberán ser traídos por sus amigos y familiares en sus visitas. Hay ejemplos ilustrativos. Un veterano de tres condenas pensaba en voz alta con su teléfono, desde una cárcel bonaerense, al ver caer a los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa: “Al pedo todos esos que los quieren faquear. No les ponés un dedo encima. No te hace falta. Les aplicás un poquito de terror y nada más. Son la gallina de los huevos de oro”.
También hay antecedentes en la historia reciente, jugadas elaboradas para despojar a familias de tumberos primerizos. A comienzos del mes pasado, una mujer condenada por menudear pasta base en la Villa 31 bis fue detenida por la Policía de la Ciudad en una entrega controlada tras cobrar en un local de hamburguesas un apriete a un joven ratero de Constitución que había llegado poco antes al penal de Marcos Paz. El botín pretendido no era mucho: 10 mil dólares o un cuchillo casero entre las costillas.
En la Unidad N°30 de General Alvear, de donde se fugaron los hermanos Lanatta y Víctor Schillacci en diciembre de 2015 con una ametralladora de madera, hay un pabellón especial, el número 10, que también se repite en otras cárceles bonaerenses: es ocupado específicamente por acusados que fueron miembros de fuerzas de seguridad, o parientes de policías y prefectos y gendarmes. El motivo es obvio, separarlos ante una posible venganza.
El pabellón número 10, según las acusaciones radicadas en la Justicia, tuvo su propia mafia. La habría liderado el ex comisario Raúl Antonio Papa, que llegó a comisario inspector, hoy exonerado, con arresto domiciliario en Banfield. Papa fue el hombre fuerte de todas las comisarías de San Isidro, el jefe jerárquico, hasta que el Tribunal Oral N°6 de esa zona lo condenó a seis años por encubrimiento agravado luego de proteger a una banda de ladrones que atacaron, entre otros, a un conocido empresario del juego en una de las zonas más ricas de su jurisdicción. Papa estuvo encerrado en General Alvear desde el 17 de mayo de 2017 hasta el 29 de septiembre del año pasado, según datos judiciales.
Entre fines de 2018 y comienzos de 2019, otro preso, ex policía, lo denunció ante la Procuración, ante un funcionario que actúa específicamente sobre el penal. El preso denunciante tenía su propia historia, un hombre platense de poco más de 50 años al que habían implicado en un brutal hecho de violencia institucional años atrás y luego fue acusado de apuñalar a una mujer. Dentro de una celda del pabellón 10, aseguró, seis presos que cumplían funciones de mayordomía, es decir, servicios varios dentro del penal y que no debían estar encerrados en sus celdas, lo rodearon mientras llevaban facas al cinto y lo extorsionaron según su testimonio.
En ese grupo, según información de la causa a la que accedió Infobae, se encontraba el ex comisario Papa. El fiscal Cristian Citterio, el mismo que investigó la causa de la triple fuga de 2015, tomó la causa. Así, el ex policía fue detenido otra vez, preso en su casa suburbana, junto con otros hombres que fueron arrestados según adelantó Télam, entre ellos uno de la zona de Ranchos con un pasado en el negocio de la seguridad privada.
El pedido de los extorsionadores, de acuerdo a la denuncia, fue insólito:
“Bueno, acá vos sabés cómo es. Vas a estar bien, no te van a hacer nada, pero acá tenés que traer cuatro tarros de pintura y te vamos a dar el número de una cuenta donde vas a tener que depositar una plata”, aseguró el denunciante.
El número, según fuentes, era mínimo, 6 mil pesos, depositados vía CBU. O sea, pintura y 20 kilos de milanesas, o un homicidio tumbero en banda.
La causa continúa su curso. Citterio continúa la instrucción del expediente desde su UFI en Junín. Cree, según fuentes del expediente, que podría haber más víctimas. La banda, además de Papa, tiene otros nombres curiosos según la denuncia original. Se encuentra, por ejemplo, el nombre de un oscuro violador de prostitutas de la zona norte del conurbano bonaerense, con ataques cometidos diez años atrás.
También, figura el nombre de de Alcides Díaz Gorgonio, el ex prefecto que ingresó por la fuerza a la casa de Sergio Massa en la campaña de 2013, armado con una pistola con silenciador. Eventualmente, Díaz Gorgonio reconoció su rol como agente de inteligencia. Le dieron 18 años de cárcel en 2015.
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