A mediados de diciembre pasado, Iuliia Gilfanova se presentó en las oficinas marplatensenses de la Dirección Nacional de Migraciones de Mar del Plata junto a sus tres hijos. La mayor, una adolescente tenía 14 años, el menor era un bebé de apenas meses. La mujer oriunda de Rusia pidió su residencia permanente en la Argentina tras entrar al país el año pasado, con su cabeza envuelta por un hijab, la tela que emplean las mujeres musulmanas para cubrir su cabeza. Su pareja estaba lejos, vivía en Egipto. Iuliia llevó su pasaporte ruso para realizar el trámite.
El trámite falló.
El ingreso al sistema de su número mostró una alerta de difusión de Interpol pesaba sobre su cabeza por dos delitos gravísimos: dos actos de financiación del terrorismo que datan desde octubre de 2014 hasta marzo de 2016, enmarcados en el artículo 205 del Código Penal ruso que establece una pena de hasta diez años de prisión.
Los presuntos terroristas financiados mediante depósitos en cuentas bancarias, según aseguran fuentes del expediente, estaban vinculados al Estado Islámico.
Así, Iuliia fue arrestada de inmediato por la delegación Mar del Plata de la PFA, en un expediente a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti. Se realizó una audiencia, con la mujer de 33 años representada por una defensora oficial. No fue fácil conseguir un traductor: al comienzo, el cónsul local ruso se ofreció para convertir a español sus palabras. El vocabulario en español de la mujer es mínimo. Su hija adolescente no habla una palabra del idioma.
La vía legal para que Gilfanova salga del país existe: Argentina tiene vigente un tratado de extradición con Rusia por delitos de terrorismo que establece las necesidades y las condiciones para que sea enviada. Sin embargo, en la audiencia judicial, Lulia introdujo un cambio: pidió permanecer en el país bajo asilo político, un expediente que corresponde a autoridades políticas y que correrá en paralelo a cualquier causa judicial.
Conocedores del proceso estiman pocas chances de que prospere: que lo haya pedido tras su arresto complica la situación. “Debería haberlo pedido de entrada”, estima una fuente local de muy alto rango. El pedido de captura ruso, emitido por un tribunal de Kazan, en el sudoeste del país, data de 2020, aseguran fuentes del caso a Infobae. Se cree que vino embarazada al país, antes de que esa orden fuese emitida.
Su bebé, estima la Justicia federal marplatense, nació en Argentina.
Hoy, dos meses después, Gilfanova sigue en Mar del Plata bajo prisión domiciliaria con una reja nueva y un policía en su puerta, con un defensor oficial. Rusia requirió formalmente su extradición. La mujer tiene derecho a oponerse. Así lo hizo, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. El resultado de su pedido de asilo político todavía se desconoce.
Entonces, comenzará un proceso inusual y tenso para la Justicia argentina: el juicio de extradición.
El proceso estará a cargo del juez Inchausti, todavía sin fecha definida. En el juicio, se examinará si están dadas las condiciones para enviarla de vuelta a Rusia o no en virtud del tratado aplicable. La fiscal Mazzaferri, que interviene de acuerdo a la ley argentina en nombre de Rusia junto la Dirección de Cooperación Internacional de la Procuración, ya presentó sus pruebas para el caso, como las constancias de detención y los informes de Interpol. La defensa oficial de la mujer rusa también hizo su aporte. Entonces, solo queda que Inchausti defina el comienzo de las audiencias.
Por lo pronto, hay otros rastros de papel.
Gilfanova, según registros comerciales, accedió a un número de DNI argentino, con su correspondiente CUIT. Antes de pasar por Mar del Plata, registró un domicilio fiscal en un departamento de la zona de Ramos Mejía. Tiene un segundo domicilio registrado en la ciudad costera, distinto al del lugar donde permanece bajo arresto.
La , por su parte, no es la primera detenida de alto perfil en Argentina que intenta un pedido de asilo político. Serkan Kurtulus, mafioso turco detenido en Ezeiza junto a su cómplice Lider Camgoz, que en noviembre pasado realizó una brutal protesta al literalmente coserse la boca dentro de su celda, plantearon el mismo recurso con sus abogados tras ser capturados en Puerto Madero. Kurtulus, con un prontuario de crimen organizado de alta violencia, aseguró al autor de esta nota a mediados de este año que el gobierno de Recip Erdogan intentó contratarlo para que mate al pastor estadounidense Andrew Brunson, cercano a Donald Trump y un férreo opositor en territorio turco.
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