Ayer por la noche, luego de poco más de dos horas de trabajo, la Justicia logró su primer avance en la causa que investiga el supuesto abuso de autoridad del ministro Ginés González García y su sobrino Lisandro Bonelli al regentear un vacunatorio VIP para partidarios, familiares y amigos leales al poder con la preciada y escasa vacuna del COVID-19.
Tras el pedido del fiscal Eduardo Taiano con la firma de la jueza María Eugenia Capuchetti en los tribunales de Comodoro Py, la división Delitos contra la Salud de Policía Federal secuestró los registros de ingreso y las cámaras de seguridad del Ministerio de Salud sobre la avenida 9 de Julio, según confirmaron altas fuentes de los organismos de seguridad a Infobae, en un operativo realizado bajo un llamativo hermetismo donde fuentes vinculadas directamente al caso incluso negaban que el procedimiento existiera con los efectivos en la puerta de la cartera que García controlaba hasta el viernes. Entre uniformados se habla de una orden estricta de no filtrar información de ningún tipo, a riesgo de recibir severas sanciones.
Así, este material que fue requerido expresamente por Taiano podrá ser analizado para determinar quiénes y cómo ingresaron en el período investigado (del 1 al 19 de febrero) luego de las causas en los juzgados a cargo de Capuchetti, con denuncias presentadas en los tribunales por voces como el fiscal federal Guillermo Marijuan, el abogado Jorge Monastersky, o figuras del arco opositor como Marcela Campagnoli y Paula Oliveto, con una diversidad de delitos que incluyeron la falsedad ideológica al ser inscriptos políticos como personal de salud, el tráfico de influencias y presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público.
También se tomaron fotografías del Ministerio, tal como había ordenado la Justicia. No se encontró, a priori, “nada que llame la atención”, asegura un funcionario de alta jerarquía.
Por lo pronto, cuándo comenzará el allanamiento al Hospital Posadas es una incógnita: fue el segundo pedido de Taiano en su escrito del día de ayer. Fuentes consultadas por Infobae en el Ministerio de Seguridad de la Nación y en la Policía de la Ciudad aseguran que aún no se recibió la orden de irrumpir en el centro de salud donde las personalidades cuestionadas tras una lista difundida por el propio Gobierno recibieron sus dosis.
Muchos de los vacunados en el Hospital Posadas alegaron que accedieron a recibir la vacuna de manera irregular por su edad, su salud, y su función, como en el caso del diputado nacional Eduardo Valdés, quien remarcó que accedió a la vacuna porque tiene 65 años, sufre enfermedades preexistentes, y se encontraba próximo a participar del viaje oficial a México junto a Alberto Fernández. Otros adjudicaron la inoculación a su rol, como es el caso del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien tiene 38 años. Su acceso a la vacuna, aseguró, fue avalado por la Unidad Médica Presidencial en el marco de los viajes oficiales, en especial, para establecer las negociaciones con el FMI.
Otros, sin embargo, tuvieron roles mucho menos críticos para el estado, con edades mucho más jóvenes.
Por lo pronto, será decisión del fiscal y de la jueza qué fuerza de seguridad o laboratorio de la Procuración será la encargada de analizar el material secuestrado.
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