49 mil dólares escondidos en un corset: la trama que conecta a una cooperativa barrial con los sicarios narco de la Villa 31

El 1° de febrero de 2016, Aída Nelly Campo Vilchez fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza por la PSA mientras intentaba abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con rumbo a Lima, Perú. Un control de rutina luego de su check-in reveló la pequeña fortuna que llevaba encima: 49.222 dólares ocultos entre un bolso de mano, entre las páginas de una agenda, entre sus zapatillas y en una pequeña bolsa de tela rosa que había calzado bajo su corset.

El delito parecía obvio: intento de contrabando de divisas, posible lavado de activos. “Llevo alrededor de 35 mil dólares”, reconoció, con la cuenta un poco corta y mucho más allá de los 10 mil permitidos por ley. Entonces, Aida llamó a un contacto para intentar salvarse.

En ese entonces, Campo Vilchez era una de las mujeres fuertes del Playón Este, la delegada barrial de una de las zonas más pobres de la Villa 31 bis y una de las más conflictivas, atravesadas por años de guerra narco bajo el régimen sanguinario de su capo, el peruano César Morán de la Cruz, alias “El Loco”, alias “Mata por Gusto”, que solía darle sus ordenes del penal de Devoto con una flota de sus celulares clandestinos a sus transas y sicarios reunidos en su aguantadero del Playón, llamado “La Casa del Pueblo”.

Como jefa de la cooperativa Jesús Obrero de la zona, Aída se había convertido en una referente en el diálogo con el Gobierno de la Ciudad: la cooperativa cumplía un rol sumamente específico, había sido constituida en febrero de 2010 para realizar mejoras estructurales en el asentamiento. La cooperativa, por ejemplo, firmó un acuerdo con Aida como representante con la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico del GCBA, un instrumento clave, según documentos judiciales.

Así, con la requisa en curso, Aída llamó a un funcionario porteño en su agenda, con quien tenía un contacto fluido, pero formal. Le lloró un poco para zafar de su problema, incluso le propuso cambiar los dólares a pesos. El funcionario le cortó, no quiso saber nada de su pedido, un poco espantado. El dinero, finalmente, fue incautado.

Así, la mujer fuerte del Playón Este volvió a la Villa 31. La historia en Tribunales siguió. El viernes 12 de febrero, más de cuatro años después, luego de una causa marcada por contramarchas, sobreseimientos y apelaciones, Aída fue condenada por esos dólares: el Tribunal en lo Penal Económico N°1 le dio a Campo Vilchez la sentenció a tres años de pena en suspenso luego de pactar un juicio abreviado, de acuerdo al fallo al que accedió Infobae.

Los dólares que intentaba llevar a Perú fueron decomisados, según impuso la Justicia: la sospecha desde el comienzo fue que provenían de un negocio ilícito. Aída ciertamente tenía su negocio. Sus registros comerciales revelan cerca de dos millones de pesos, pero la condena del TOPE N°1 muestra otra cosa, cotejable con registros del Boletín Oficial: desde 2013, Campo Vilchez preside una inmobiliaria llamada Santos Caracoles SA. La inmobiliaria era solo una idea en los papeles, nunca había tenido actividad comercial, supuestamente.

Sin embargo, siete días después de su inscripción ante la AFIP, de acuerdo a la condena a Aída, Santos Caracoles compró un Fiat 500: los autorizados para conducirlo fueron dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad que trabajaban en la Villa 31, uno de alto rango, uno distinto al que Aída llamó desde Ezeiza y que renunció a su cargo en 2019. Un reconocido contratista, según la investigación, abonó gastos relacionados con la compra del auto con cheques a su nombre. El contratista tiene una historia larga en el barrio, con obras con diferentes cooperativas, no solo la de Aída, con la facturación correspondiente al Gobierno porteño. Fue, incluso, un invitado de honor de la boda de Campo Vilchez: su álbum de boda lo muestra con una corbata negra y una sonrisa.

Todo este embrollo por un auto terminó en una causa penal separada, mencionada en la condena de Aída en el TOPE N°1 y radicada en el Juzgado Contravencional N°21 que investiga si el funcionario del Gobierno porteño de alto rango recibió como presunta dádiva ese auto por beneficiar a este contratista.

La condena de Aída no habla de narcotráfico, no habla de la atmósfera que la envolvía en el Playón Este. El juez Ignacio Fornari supuso que su plata negra provendría de “un ilícito penal contra la administración pública”. Sin embargo, no es difícil encontrar el nombre de Aída entre otros papeles, manchados no con plata, sino con sangre, el rocío de las arterias humanas sobre el ladrillo hueco.

César Morán de la Cruz tuvo un sicario estrella, Juan Honorio Inga Arredondo, alias “Piedrita”, detenido mientras dormía junto a su novia embarazada en “La Casa del Pueblo” a mediados de 2015. Lo buscaban por el mes más feroz de su vida: cuatro homicidios en cuarenta días. La condena dictada en su contra en octubre de 2018 por el Tribunal Oral Federal N°6 -que juzgó sus crímenes como una cuestión narco- fue de 20 años de cárcel. Dos asesinatos fueron probados finalmente. Entre ellos, el de Mónica Rojas Palma. La mató en una noche a mediados de 2015 en una peluquería de la manzana 102 del Playón mientras estaba con su marido. Le encontraron diez tiros en el cuerpo y un pequeño santuario de vainas servidas a su alrededor.

Mónica y Aída eran un poco más que vecinas. Mónica trabajaba para ella en su cooperativa como cocinera. Una testigo cercana a Mónica declaró, según una transcripción judicial: “A fin de explicar sus palabras, manifestó que tanto los vecinos de la zona, como sus ex compañeros de trabajo dentro de la cooperativa, le habían contado que una persona de nombre César, a quien apodaban “El Loco”, había mandado a “Piedrita” a matar a Mónica”. Le hablaban de Aída y de alguien muy cercana a ella.

Hubo varias hipótesis por el crimen de Mónica, todas con Aída involucrada de alguna manera: que la mandaron matar a Mónica por una cuestión amorosa, o para que venda su casa en el Playón. La testigo terminó por venderla para pagar el entierro de Mónica. Aída, según la causa, no estaba feliz. Creían cerca de la víctima que la casa era de César, o que César quería quedársela.

Otro párrafo en la condena sobre otro testigo revela: “En cuanto a la razón de ese suceso, expuso que había sido porque su marido había tenido problemas con la delegada del barrio, Aída Campo, el día 28 de julio de ese mismo año, que fueron a hacerle un reclamo a la casa y ahí los amenazó, agregando que esa delegada tenía a sus “amigos” y “parientes”, como haciendo alusión a que éstos serían los encargados de ejecutar las amenazas. Precisamente, sobre este punto, agregó que uno de los que había participado de esa amenaza había sido Cesar Morán de la Cruz, recordando que Aída Campo le dijo que iban a ir a “dispararle”, mientras Morán de la Cruz efectuó esa amenaza por vía telefónica cuando se comunicó con la hermana de la testigo, añadiendo que para esa época el nombrado se encontraba detenido”, precisamente en el penal de Devoto.

Sin embargo, esa vez, Aída no fue imputada. No se hizo lugar al pedido de extracción de testimonios para acusarla, a ella y a su entorno. Fuentes oficiales aseguran que la cooperativa de Campo Vilchez, la Jesús Obrero, todavía tiene un acuerdo pendiente con el GCBA. Aída ya no figura como su máxima autoridad. Figura el nombre de un hombre particularmente cercano a ella.

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