Este lunes, la fiscal Eugenia Di Lorenzo, de la UFI N° 17 de la ciudad de La Plata, solicitó que la detención de Juan Ignacio Buzali -el marido de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Píparo acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló el 1° de enero último al confundirlos con motochorros que los habían asaltado previamente- se convierta en prisión preventiva.
Ahora será la jueza de Garantías que entiende en la causa, Marcela Garmendia, quien deberá resolver en un plazo no mayor a cinco días si Buzali, imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa” contra dos víctimas, continúa detenido en la Alcaidía Pettinato como hasta ahora, o es liberado.
En su solicitud, a la que Infobae accedió de manera completa, la fiscal Di Lorenzo enumeró las pruebas periciales y fílmicas que contiene hasta ahora el expediente judicial en función de la culpabilidad de Buzali y expuso sus fundamentos para que no sea puesto en libertad.
En ese sentido -tras describir el hecho y exhibir las declaraciones de al menos cinco testigos que presenciaron el impacto y vieron como Luis Lavalle, de 23 años y su copiloto de 17 eran despedidos de la moto Honda Tornado que luego quedó enganchada debajo del Fiat 500L de la pareja-, Di Lorenzo consideró que “no puede dejar de advertirse” en la actitud de Buzali antes, durante y después del hecho “la clara intención de causar la muerte en las víctimas”.
En su declaración indagatoria, Buzali afirmó que “lo que pasó fue un infortunio y un accidente”, que jamás quiso lastimar a nadie, y que al momento del hecho estaba “nervioso, abrumado y temeroso” tras haber sido asaltado junto a su mujer una hora antes del impacto y a varias cuadras del lugar, pero no enojado ni alcoholizado.
De acuerdo al relato del marido de la legisladora provincial, él y su pareja habían sido asaltados por seis delincuentes armados y a bordo de tres motos cuando dejaban en su casa a su padre tras los festejos por Año Nuevo y, al menos 45 minutos después, cuando se dirigían a la comisaría, vieron otras tres motos en las que, creyeron, se trasladaban los mismos que los habían asaltado.
Para los investigadores, no sólo está acreditado que los jóvenes atropellados no habían sido sus asaltantes, sino que, además, hubo tres grupos distintos de motos: los delincuentes, el segundo grupo avistado por Píparo y su marido, que luego pierden de vista, y un tercero, en el que viajaban los dos jóvenes que resultaron heridos.
Según Buzali, en un determinado punto de la persecución, intentó evadir a las motos -que según su declaración circulaban a muy baja velocidad o casi detenidas y en forma de “embudo” o “V”, “como si fuese una emboscada”- y terminó impactando con una de ellas. Para la fiscalía, esa descripción de la escena no se evidencia en el análisis de las cámaras de seguridad.
Para la fiscal, Buzali tomó la “decisión indiscutible” de perseguir a “gran velocidad y por varios metros” a las víctimas, que circulaban frente a su auto “en franca desprotección”, y que, cuando los tuvo a su alcance, “lejos de desistir en su accionar y pudiendo realizar otra maniobra -actuando siempre sobre seguro-”, embistió con el frente de su auto en la zona trasera de la moto.
En ese momento, en palabras de la funcionaria judicial, Buzali “lejos de detenerse, llamar a la policía y preocuparse por los jóvenes a los que atropello, huyó del lugar a gran velocidad, arrastrando consigo el motovehículo embestido previamente, sin siquiera preocuparse por si alguno de los sujetos pudiera haber quedado atrapado entre la moto y el vehículo, demostrando con ello un total desprecio por el resultado de su accionar, quedando así evidenciado no sólo en la falta de asistencia a los sujetos que colisionara -y con total conocimiento de haberlo efectuado-, sino en la circunstancia de haberse dado a la fuga del lugar, todo ello con la intención de ocultar su participación criminal”.
Ante esa situación, Di Lorenzo plantea que el dolo en el accionar de Buzali se verifica con el medio en el que se produjo y el “aprovechamiento del desamparo de los conductores”, que al ser embestido por detrás no tenían forma, de acuerdo a su criterio, de evitar el choque. La fiscal puntualiza también en los testimonios de tres testigos en particular que luego de presenciar el impacto comienzan a seguir en distintos vehículos al auto de Buzali y Píparo para evitar que escapen. Uno de ellos incluso refirió haber enviado un mensaje de voz a una amiga con la patente del auto y una descripción física del conductor.
“Debo agregar aquí que resulta dificultoso de entender cómo una víctima de un robo con arma no posee temor de comenzar una persecución contra quienes minutos previos lo atacaron”, señala la fiscal en su solicitud, que además resaltó: “Dicho en otras palabras, no le genera temor perseguir a quienes suponían delincuentes con armas de fuego pero si le genera temor, luego de atropellar a las víctimas, sentirse perseguidos por los propios compañeros que le pedían que detenga la marcha”.
Por último, la fiscal puso en duda y utilizó cómo argumento en favor de su pedido, la naturaleza del llamado al 911 que Carolina Píparo realizó tras el choque a los motociclistas en el que advirtió a la policía que eran perseguidos por un grupo de motochorros. Para Di Lorenzo, esa omisión evidencia un intento de entorpecimiento de la investigación, al querer ocultar lo que había ocurrido.
“Surge con meridiana claridad que Buzali conocía perfectamente que no estaba siendo perseguido por motochorros, sino que eran los compañeros de las personas que instantes previos habían atropellado”, agregó la funcionaria, que sostuvo también no tener dudas de que Buzali, que aseguró haber abierto y cerrado las ventanillas para pedir auxilio en su huida, escuchó los reclamos de las personas que lo perseguían. También puso en duda que en ese trayecto el hombre no haya visto por los espejos laterales o retrovisor los destellos de la moto que arrastró por 320 metros en el roce con el asfalto.
De esta forma, la titular de la UFI N° 17 de La Plata consideró que, de ser puesto en libertad, Buzali “procurará eludir el accionar de la justicia”, lo que determina la existencia de peligros procesales que justifican que continúe detenido por el momento.
Su abogado defensor, Marcelo Peña, que asumió tras la salida de Fernando Burlando y su estudio, sostuvo en diálogo con la agencia Télam que pedirá el cambio de calificación de la causa y la detención domiciliaria del imputado y que incorporó a la causa una pericia accidentológica realizada por un perito de parte que reveló que la embestida a la moto “fue con una velocidad final de 25 kilómetros por hora y con esa velocidad resulta imposible que Buzali tenga intenciones de matar”.
La decisión está ahora en manos de la jueza Garmendia, que ya rechazó dos pedidos de excarcelación interpuestos por la defensa, y deberá resolver en los próximos días.
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