Federico Rubén C., 21 años, oriundo del barrio porteño de Constitución, tenía un tiempo más en la sombra de la cárcel de Marcos Paz. El Tribunal N°16 lo había condenado en noviembre de 2019 a tres años y nueve meses de cárcel por diversos robos junto a un cómplice, un compilado de penas. Los robos eran ciertamente de bajo nivel, ataques de rastrero a traición, lo habían acusado de tomar a un hombre por la fuerza en la esquina de Echagüe y San José en el verano de ese año mientras su socio le vaciaba los bolsillos para quitarle 700 pesos y un teléfono barato. Ni siquiera pudieron correr lejos y terminaron detenidos a pocas cuadras. Ya lo habían condenado previamente, un año y seis meses de ejecución condicional en 2016: los jueces le habían ordenado que trate su adicción a las drogas. Sus defensores no había tenido suerte en los tribunales porteños, con varios fracasos en Casación.
Las cosas, desde ya, no se veían bien.
Y después, ya preso, a comienzos de este mes lo amenazaron de muerte.
No a él, directamente: el llamado fue recibido por su hermano. Alguien le ordenó que debía entregar 10 mil pesos, joyas, teléfonos, lo que tuviera, como si fuese víctima de un robo rastrero. La voz en el teléfono era la de un hombre: el llamado, sospecha la Justicia, vino del penal de Marcos Paz mismo. No fue el único al que llamaron: el cuñado de Federico, un albañil de Parque Chacabuco, también recibió el apriete. La entrega del dinero sería en público, dijo el extorsionador, en el McDonald’s de Corrientes y Carlos Pellegrini, pleno centro porteño.
Así, hicieron la denuncia: la Fiscalía N°7 de Marcela Damilano tomó el caso. La Policía de la Ciudad acudió a la cita, una entrega controlada, con la intervención de la Comisaría Vecinal 1D. Allí se encontraron con quien cobraría la plata. “Entregá lo que te dijeron”, le dijo al hermano del ladrón al verlo. No era un hombre, sino una mujer de 26 años.
Esta mujer, que quedó detenida en el acto, también tiene su historia.
Jessica R., oriunda del Barrio Ferroviario de la Villa 31, había sido condenada en 2018 a cuatro años de cárcel, un fallo del Tribunal Oral Federal N°2, luego de que una denuncia anónima hecha cuatro años antes le enviara a la Policía Federal a la puerta de su aguantadero en la calle Larrea al 400. Allí, junto a un cómplice de nacionalidad peruana, Jessica se dedicaba a vender cocaína: le encontraron 67 bolsitas en un bolsillo. Otros transas dedicados a vender pasta base compartían la parada.
Tras salir de la cárcel, Jessica se veía involucrada en una insólita extorsión tumbera: claramente no trabajaba sola. ¿Quién era su jefe? ¿Junto a quién operaba? ¿Quién es su contacto dentro del penal de Marcos Paz y cómo marcaron al ladrón como víctima? Por lo pronto, la Justicia sospecha que no sería el único caso, una posible pyme del apriete tras las rejas.
Lo cierto es que algo resonó entre las celdas tras el arresto. El cuñado recibió un llamado luego de que Jessica fuese esposada: le dijeron que si no era liberada, matarían a Federico.
Así, un juzgado porteño ordenó inspeccionar el penal de Marcos Paz. Las autoridades del SPF, sin embargo, informaron que el ladrón Federico se encontraba en perfecto estado de salud.
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