La Justicia Federal de Rafaela abrió una investigación por la muerte de una niña de dos años intoxicada con plomo, luego de residir durante un tiempo junto a su familia en un predio de la localidad de Ceres donde durante años funcionó una fábrica de baterías. La menor, Xiomara Crespi, falleció el 6 de enero pasado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe.
Su familia había usurpado el lugar que habitaban. En ese sitio hasta 2017 funcionó el edificio de la empresa Nesaglo y, a raíz de ese dato, el fiscal Jorge Gustavo Onel busca determinar posibles responsabilidades de los directivos en la violación a la Ley 24051 sobre residuos peligrosos.
El fiscal solicitó la historia clínica de la niña fallecida y también de otros cuatro menores de edad que pertenecían al entorno de Xiomara y se encuentran internados en Santa Fe con síntomas similares.
Dos de los chicos viven en el mismo predio donde residía la menor fallecida. Desde el centro de salud aseguran que evolucionan satisfactoriamente y podrían ser dados de alta.
Según el titular del Hospital de Niños, Osvaldo González Carrillo, “los dos están bien”. “La nena de tres añitos podría ser dada de alta proximamente porque no requiriría más tiempo de internación, mientras que al bebé de un año y ocho meses aún hay que hacerle seguimiento por unos días”, agregó.
Onel solicitó a su vez la partida de defunción de la nena, la documentación referida a la empresa Nesaglo, las habilitaciones municipales bajo las que funcionó y todos los registros ambientales disponibles.
Además, según detalló el portal local Aire de Santa Fe, requirió al municipio de Ceres que remita una copia fiel del expediente relacionado con la habilitación para el funcionamiento de la fábrica, como así también los informes elaborados por la Secretaria de Desarrollo Humano y de Coordinación de Medio Ambiente.
El predio está en la esquina de Larrea y Tucumán, en el barrio Las Américas de Ceres, ciudad ubicada a 266 kilómetros al noroeste de la capital santafesina. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que en octubre de 2020 tres familias ingresaron al lugares en carácter de usurpadores y se quedaron a vivir, con lo cual convivieron con materiales y desechos industriales como el plomo.
El municipio de Ceres aclaró que, a través del Decreto 226/21, la propiedad donde estuvo la empresa fue declarada “zona no apta para ser habitada” por “riesgo ambiental y peligro sanitario”.
Por su parte, la directora del Hospital municipal, Silvana Torrés, advirtió que tras la muerte de Xiomara fueron convocados el resto de los niños que vivían en el predio para realizarse los análisis de laboratorio y chequeos médicos correspondientes.
En relación al cuidado que reciben, la profesional dijo en declaraciones al diario Uno de Santa Fe que “los chicos están muy bien y fueron trasladados a la capital provincial. Allí se les hará un tratamiento denominado quelación que consiste en el suministro de una medicación que captura el plomo y luego lo elimina por orina o materia fecal”.
Por la Ley 24.051, referida a la problemática de los residuos peligrosos, se prevé penas severas que pueden llegar hasta 25 años de cárcel en caso de confirmarse el dolo para quienes envenenen o contaminen el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
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