Thays y su hija llegaron a la Argentina el 2 de octubre de 2019, dos mujeres migrantes desde el estado de Anzoátegui en Venezuela. Este miércoles por la mañana, mientras su hija aguardaba en su casa, Thays se sentó en el despacho de una abogada en un estudio del centro porteño. El sistema judicial de su nuevo país la había defraudado. Gracias a la decisión de una jueza, un lobo estaba libre.
El sábado pasado, su hija de apenas 18 años, llegó a un local llamado Garzón Uniformes en la calle Paso al 600 en Once, tras tener varias conversaciones con el supuesto encargado de contratarla para un puesto, Irineo Garzón, de 35 años. En el medio de la reunión en el local, la joven comenzó a cruzar mensajes con su hermana, que llegaron a su madre. “Creo que me drogó”, aseguró, luego de ofrecerle un vaso de agua. Así, la familia llamó al 911.
Tras llamar varias veces, la Policía de la Ciudad ingresó al local. Hallaron a la joven sobre una escalera en el fondo del comercio con el torso desnudo y supuestamente bajo el efecto de psicotrópicos, “con el pantalón desabrochado, descalza, inconsciente, llorando y balbuceando”, asegura el expediente. Al lado estaba Garzón, quien fue detenido.
El cuerpo de la joven luego fue analizado en un hospital: se encontraron tres lesiones sangrantes compatibles con un abuso sexual. Sin embargo, a pesar de la negativa de la víctima, la jueza Karina Zucconi, a cargo del caso, decidió liberar a Garzón tras un pedido de su defensa.
Ni siquiera le impuso una caución real. Tal como pidió la defensa, argumentando que el acusado no tiene bienes ni dinero, le otorgó una caución juratoria, una fianza bajo palabra. Apenas le prohibió acercarse a la víctima y salir del país, con una imputación de abuso sexual con acceso carnal. Su defensa ofreció un domicilio en Parque Avellaneda: Garzón, que no muestra pagos recientes de aportes a empleados en su perfil comercial, ni siquiera vive ahí.
El trato parece dispar: según el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, hay más de 500 imputados con una primera imputación por abuso sexual o violación en el Servicio Penitenciario Federal, más de de 5.000 en el sistema de cárceles bonaerense. ¿Qué hace a Garzón tan especial? La fiscal Silvana Russi argumentó un peligro de fuga dada la pena, algo que a Zucconi no le pareció suficiente.
“Estoy aquí, sobrellevándolo, desilusionada, la Justicia liberó a la basura que violó a mi hija”, aseguró Thays a Infobae: “Todo esto me hace sentir impotencia, rabia, mi niña está muy mal”.
Ahora, Thays decidió pelear.
Asistida por los abogados Alejandra Cabrera y Pablo Baque, Thays decidió ser querellante en la causa y se presentará en el Juzgado N° 15 de Zucconi. Allí, los abogados apelarán la decisión de la jueza en cuanto sean aceptados en el expediente para que Garzón, si es que no se fuga, vaya a la cárcel. “La decisión la tomo yo, mi hija está en casa, aterrada”, aseguró la madre.
Los abogados, por su parte, planean pedir protección policial ya que consideran que la restricción impuesta no es suficiente. “Me extraña la resolución judicial por cómo se produjo la detención y la cantidad de pruebas que hay”, aseguró Cabrera.
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