Crimen de Blas Correas: dictaron la prisión preventiva para tres jefes de la Policía de Córdoba acusados de encubrimiento

En el marco de la investigación por el crimen de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que fue baleado por agentes de la Policía de Córdoba cuando circulaba en un auto con cuatro amigos en la capital provincial, la Justicia provincial dictó la prisión preventiva para los comisarios inspectores Walter Soria y Jorge Galleguillo y el subcomisario Enzo Quiroga.

Los tres jefes de la fuerza habían sido detenidos el mes pasado por orden del fiscal de Instrucción del Distrito I Turno 3, José Mana. Están imputados por los delitos de encubrimiento agravado y omisión de deberes del oficio de funcionario público.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la prueba recolectada por el fiscal Mana indicaría que Soria, Galleguillo y Quiroga llegaron a la es A su vez, se encuentra acreditado que respecto d estos tres imputados operan indicios de peligro procesal concreto que atentan contra los fines de proceso”, agregaron las fuentes.ento con los ocupantes del Fiat Adrgo donde murió Blas. Luego, ninguno de ellos informó el ataque a los jóvenes de manera interna vía frecuencia policial.

“El caudal probatorio incorporado permite sostener tanto la existencia de los hechos intimados como la participación responsable de los nombrados. A su vez, se encuentra acreditado que respecto de estos tres imputados operan indicios de peligro procesal concreto que atentan contra los fines de proceso”, agregaron las fuentes.

La calidad de “jefes” de los detenidos dentro de la estructura policial, y el contacto directo que ellos tuvieron con los imputados principales y con la maniobra encubridora, fueron determinantes para que el Juzgado de Control Nº 5 entendiera que podían entorpecer la investigación.

Las detenciones de Soria, Galleguillo y Quiroga llegaron después de que la policía Wanda Esquivel admitiera ante el fiscal que se “plantó” un arma con la intención de justificar un “tiroteo” cuando los efectivos policiales dispararon contra el automóvil, ocupado por la víctima y cinco amigos, porque presuntamente habían evadido un control en la capital de Córdoba en la madrugada del 6 de agosto último.

El auto recibió al menos cuatro impactos de bala: uno de ellos ingresó por la luneta trasera e impactó en la espalda de la víctima. Correas murió a causa de la herida, mientras que otro joven resultó lesionado por otro proyectil.

Esquivel declaró que cuando se trasladaban en un móvil policial, el oficial Javier Alarcón sacó un arma de su chaleco y le pidió que la tirara por la ventana, en una zona cercana donde presuntamente los chicos evadieron un control policial.

Por el caso, el Juzgado de Control Nº 5 también confirmó ayer la detención con prisión preventiva para los policías Lucas Gómez, quien de acuerdo a la investigación disparó la bala que mató a Blas; Javier Alarcón, quien disparó contra el Fiat Argo en el que viajaba la víctima; el subcomisario y jefe del operativo Sergio Alejandro González, acusado de diagramar el encubrimiento; y las agentes Wanda Esquivel y Yamila Martínez, ambas imputadas por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público y con prisión domiciliaria.

En el caso de Gómez y Alarcón, ambos están imputados como coautores de los delitos de homicidio calificado agravado y de homicidio calificado agravado en grado de tentativa -reiterado en cuatro hechos-.

En total, son 17 los imputados. Además de los mencionados, están los policías Rodrigo Toloza, Leonardo Martínez, Leandro Quevedo y Ezequiel Vélez. Ellos cuatro se encuentran en libertad. Igualmente continúan vinculados a la causa bajo la acusación de encubrimiento agravado y falso testimonio.

Las otras cuatro personas vinculadas a la causa también permanecen en libertad: uno es el policía Ezequiel Henot, que está imputado por lesiones leves calificadas tras agredir al amigo de Blas y conductor del Fiat Argo. Las otras tres son empleados de la Clínica Aconcagua adonde trasladaron al joven asesinado: Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzacapo, todos acusados de abandono de persona.

El fiscal Mana espera ahora por los resultados de la pericia de reconstrucción virtual para esclarecer la mecánica del hecho, la pericia médica encargada al Comité Consultivo y Operativo de Prácticas Médico Sanitarias y Bioética (CO.PRA.ME.SA.B.) y la pericia de revenido químico para dilucidar el origen del arma plantada en la escena del crimen. Mientras tanto, avanzará en las declaraciones de al menos diez testigos identificados en el análisis de imágenes captadas por cámaras.

La causa penal tiene dos desgloses: por un lado se investiga lo sucedido en la Clínica Aconcagua donde los amigos de Blas acudieron en busca de auxilio, y les fue negado. Y por otra parte, se investiga la persecución penal del efectivo Henot, que habría golpeado al conductor del Fiat Argo en el último retén donde fue finalmente detenido el vehículo en que circulaban las víctimas.

A su vez, el fiscal Mana dispuso la remisión de antecedentes al fuero Penal Económico y Anticorrupción para que se investigue la responsabilidad penal de parte del Tribunal de Conducta Policial, que en su momento habían levantado la situación pasiva policial a Gómez y Alarcón y los habilitó para cumplir sus funciones normalmente, incluida la portación de un arma reglamentaria, a pesar de registrar antecedentes penales.

Cabe recordar que Gómez y otros tres colegas están acusados de encubrir a Leandro Raúl Castañares, condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de varias mujeres en la localidad de La Calera. Según esa investigación, los cuatro policías habrían desalentado a una de las víctimas a realizar la denuncia contra el violador. El caso está cerca de ir a juicio.

En tanto, a Alarcón se le inició una causa en 2013 por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves en la ciudad de Río Segundo. El policía, sin embargo, con el tiempo, fue ascendido a cabo primero.

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