El empresario y despachante de Aduana Sebastián Fargeta fue detenido el 26 de enero de 2018 como parte de uno de los casos narco más curiosos de la historia reciente. Era literalmente un fresco, un debutante sin antecedentes penales, pero las escuchas en la causa investigada por la PROCUNAR y el fiscal federal Sergio Mola lo marcaban “hasta las manos”, asegura una fuente clave en el expediente, “y decir hasta las manos es poco”.
Fargeta, de casi 40 años, dedicado al negocio del comercio internacional y a los placeres del golf, había sido captado largamente en intervenciones telefónicas, entre conversaciones sobre la mala calidad de un envío de cocaína, con el apoyo de “colombianos” con conocimientos químicos para resolver la situación, una jugada de estiramiento con un laboratorio en Villa Luro.
Fargeta cayó en el Olivos Golf Club de Malvinas Argentinas tras una pista de la AFI, lo que encendió las grabadoras de escuchas, con un expediente bajo la firma del juez Federico Villena. “Un quilombo de guita”, asegura un investigador, llevó a Fargeta supuestamente a nadar con tiburones: alguien cercano a él le presentó a quienes serían sus cómplices, que intentaron ingresar un barco modificado al país con el propósito explícito de usarlo para traficar. Dentro del barrio cerrado, Gendarmería incautó nueve bidones de productos químicos, dos prensas, una balanza de precisión, $67.000, 7.722 dólares, 160 pesos bolivianos, y un auto y una moto, ambos marca BMW.
En Villa Luro, GNA incautó ese mismo día 25 paquetes de cocaína, una prensa, elementos de corte, sorbato de potasio, 30 litros de acetona, una balanza de precisión, caloventores y hornos microondas, todo el kit de producción.
Hoy, tras casi tres años de estar preso sin condena en una cárcel federal, Fargeta accede al beneficio de la prisión domiciliaria en su casa de Ramos Mejía, una decisión tomada el 5 de diciembre por el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata con los jueces Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Fernando Canero, el mismo tribunal que a finales de julio prorrogó su encarcelamiento preventivo por otros seis meses.
Hay reglas severas para el encierro con una tobillera electrónica que será monitoreada desde el centro del Servicio Penitenciario Federal en el penal de Ezeiza: además de prohibirle la salida del país, los magistrados le impusieron a Fargeta la obligación de notificar cualquier pedido de salida excepcional de su domicilio, así como someterse a una supervisión mensual.
Una empresaria de 48 años con domicilio en la zona norte, dedicada en los papeles al negocio del campo, amiga de su familia, se ofreció como su garante: fue formalmente aceptada.
¿Por qué el cambio de actitud de la Justicia? Los otros acusados en el caso Narcogolf tuvieron suertes muy diferentes a lo largo de la pandemia. El también empresario Pablo Francisco Portas Dalmau había sido implicado en un expediente de contrabando de dinero junto al financista e informante Diego Guastini, acribillado por sicarios desconocidos el 28 de octubre de 2019 en Quilmes, a bordo de su Audi, señalado por lavar las fortunas de pesados narco como el clan Loza, cuyo jefe Erwin fue dueño de la Ferrari roja que Maradona conducía a mediados de los 90 o el peruano Carlos Sein Atachahua Espinoza.
El contrabando era decididamente una jugada de alto vuelo: Guastini y Portas Dalmau fueron acusados de forrar las valijas y los bolsillos de jubilados, panaderos y pastores evangélicos en viajes ida y vuelta a Europa con más de tres millones de dólares en efectivo entre 2012 y 2013. A Portas Dalmau, el Tribunal N°2 y la Cámara de Casación Federal no solo se negaron a excarcelarlo sino que también extendió su preventiva, decisiones que fueron tomadas entre marzo y agosto pasado.
Entonces, ¿qué hace a Fargeta especial? Su perfil comercial sangra por los costados. Hoy con 43 años, el hombre que integró los directorios de al menos cinco sociedades en los últimos 15 años debe casi un millón de pesos en 54 cheques rechazados de acuerdo a datos del Banco Central, principalmente cheques a nombre de dos de sus empresas vinculadas al negocio del transporte internacional.
Sin embargo, su arresto domiciliario no se trata de volver a casa para atender negocios.
El 25 de noviembre pasado en una audiencia por Zoom, Fargeta expuso el estado de vulnerabilidad de su madre, hoy de 78 años, apenas asistida por una cuidadora y sus vecinos, o el encargado del edificio, que ante la Justicia declaró que la ayuda, pero que hace lo que puede. La mujer que la asiste contrajo coronavirus, junto con toda su familia: el marido de la cuidadora falleció.
La madre del empresario no puede caminar sin asistencia. Una serie de informes médicos indican que la mujer pierde la noción del tiempo y del espacio. Sus diagnósticos acreditados ante la Justicia son varios: arritmia, hipertensión, una neuropatía lumbar y cervical que afecta sus movimientos. Así lo acreditó, por ejemplo, un informe de una especialista del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación que dio cuenta de un avanzado deterioro cardíaco.
Los jueces coincidieron en que la mujer atravesaba “una situación de extrema vulnerabilidad” al analizar las pruebas con informes que incluyeron conclusiones de psicólogos y psiquiátras que hablaron de “un complejo estado de salud psicofísica”. El empleado del edificio aseguró que ve a la mujer deambular por los pasillos, que busca a su hijo, que supuestamente se fue a trabajar. Fargeta pidió expresamente por su madre. Perdió diez kilos en lo que va de la cuarentena. “Para que no se muera de hambre”, aseguró al Tribunal. Dice que su madre no tiene dinero. Fargeta se ofreció a trabajar desde su casa con una computadora para intentar generar algún ingreso.
El fiscal general del caso, Rodolfo Molina, que se había negado a una excarcelación en ocasiones anteriores, que el pedido del empresario de salir de prisión para cuidar a su madre debía ser aceptado. Así, los jueces decidieron darle la prisión domiciliaria a Fargeta para que le brinde a su madre ”la asistencia humanitaria necesaria”.
Así, Fargeta esperará su turno junto a su madre para comparecer en un juicio oral, aún sin fecha. Lo que diga en el proceso puede ser crucial. Hay, por lo pronto, un arrepentido en la causa que resultó ser clave, no solo para el expediente, sino también para investigar otros casos, cuya franqueza sorprendió a los funcionarios de la PROCUNAR.
En sus declaraciones, el arrepentido solía hablar de “Diego, el contador”, de sus “vínculos con colombianos”, su “oficina en la calle Florida” y su perfil expeditivo, un proveedor de soluciones casi mágicas.
Ese “Diego” era el financista Guastini.
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