La fortuna millonaria de los “Preste Ya”, la banda de usureros colombianos que extorsionaba a comerciantes de Mar del Plata

Iban todos los días a la rambla de Mar del Plata, entraban a los comercios y dejaban unas tarjetas. “Préstamos ya. Solo para comerciantes. Pagos diarios”, decían. Lo que hacían era aprovecharse de la necesidad que provocaba la crisis económica de 2017 con los aumentos de los servicios públicos y los alquileres de los locales: ofrecían prestamos usureros con tasas del 20 al 30 por ciento bajo la modalidad “gota a gota”. Pero “los colombianos”, como eran conocidos en la zona, finalmente fueron detenidos y están a punto de ser enviados a juicio oral y público por asociación ilícita, usura agravada y lavado de dinero.

Se trata de ocho acusados a los que se les secuestró más de 280 mil pesos, dólares, una maquina cuenta billetes, armas y vehículos, que en la hipótesis de la Justicia era la manera de lavar el dinero, además de enviarlo a través de giros a Colombia.

Parte de la prueba de la investigación judicial -a la que accedió Infobae- que estuvo a cargo del fiscal federal Daniel Adler, fue la declaración de una decena de comerciantes que tomaron los préstamos. No solo aportaron evidencias para desbaratar a la banda sino que sus relatos son un reflejo de las historias de muchos comerciantes: no poder acceder a créditos formales, trabajar para vivir al día, historias de necesidades desesperantes. Así, lo que algunos pensaron que podía ser una solución en realidad fue el ocaso: tras tomar un préstamo de “los colombianos”, se endeudaron más y tuvieron que cerrar sus negocios.

“Tomé un préstamo para poder mantener mi carnicería que por la situación del país y todo lo que estaba pasando no me daban los números y necesitaba mantenerla porque es la única fuente de trabajo de mi familia”, declaró uno de ellos y contó que tomó varios montos de dinero. El último fue de 12 mil pesos que debía pagar en 40 cuotas diarias de $390 cada una. “Lo venía pagando bien todos los días, hasta que uno de esos colombianos dejó de venir, desapareció. Me quedaban más de la mitad de las cuotas. Luego de dos semanas en las que no vino, apareció otro colombiano. Yo tenía su número de teléfono porque era cliente de mi carnicería. Vino en una moto que manejaba él, acompañado de otro más joven. Me dijo que venía a cobrar lo del anterior colombiano, me decía que tenía que pagarle, que yo era un sinvergüenza. Lo fui a buscar, se subió a la moto y me dijo ´yo a la noche te hago pum-pum´, mientras me hacía la seña de que me apuntaba con una pistola”.

“La tercera vez que nos ofrecieron tomamos un préstamo porque necesitábamos dinero, habían aumentado el alquiler, la luz, todo y se nos complicó mucho”, declaró una mujer tenía un local de artesanías de yeso. “Soy ama de casa, estoy en uno de los planes estatales que cobro por mes por ayuda en un comedor, me ocupo de mi hija, y vivo con mi madre. Mi pareja hace changas de carpintería, pintura, lo que salga”, se presentó.

Sacó un préstamo de $5.000. “Es la única forma que teníamos de acceder. Sólo nos pidieron mis datos, nuestras fotocopias de documentos y la copia del alquiler del local”, contó sobre la mecánica: “Se movían de a dos, uno siempre se quedaba en la moto esperando. Fueron 10 cuotas a pagar todos los días. Creo que por cuota era un 30% de interés. Yo les pagaba y nosotros anotábamos en un cuaderno propio para llevar la cuenta. Ellos además tenían una tarjetita chiquita amarilla, donde tenía el monto, la cuota. Este préstamo lo pagué todo. Cuando terminé de pagar renovamos por 5.000 pesos, en 10 cuotas, con un interés de un 30% aproximado. El segundo préstamo lo terminamos con el local ya cerrado, no nos daban más las cuentas. Cuando cerramos el local quedaban tres o cuatro cuotas y el último día que fue a cobrar le saldamos todo junto”, continuó.

La causa se inició a comienzos de 2017, cuando la Policía Federal advirtió que en la rambla de Mar del Plata todos los días dos personas de acento extranjero llegaban en moto y les ofrecían prestamos a los comerciantes. De incógnito, un oficial habló con una puestera que le contó quiénes eran y cómo ofrecían y cobraban los puestos. Los llamó “Los colombianos”. La policía hizo la denuncia que recayó en el juez federal Santiago Inchausti que delegó la investigación en el fiscal Adler.

Además de la declaración de los comerciantes la Justicia ordenó la intervención de teléfonos. Primero del que figuraba en las tarjetas en las que ofrecían los préstamos. De ahí se fue armando la integración de la banda. Eran todos colombianos que vivían en Mar del Plata. Su líder, según la acusación, fue Jair Alirio David Santamaría, hoy de 47 años, que se negó a declarar en la indagatoria. Además de ser el organizador, fue quién llevó adelante el lavado de dinero con la compra de motos y de dólares que sacaba al exterior. Con domicilio fiscal en Bahía Blanca, Santamaría estaba curiosamente registrado en rubros financieros de la AFIP desde agosto de 2011 para operar con dinero fuera del mercado bancario.

El resto de la organización la conformaban otras siete personas con distintos roles. Uno era el jefe de las “carteras” -así denominaban a quiénes iban a cobrar- otros dos eran los encargados de llevar el control de los préstamos y de visitar a los morosos; otros tres ofrecían en la rambla los préstamos y el último guardaba en un depósito todo lo que usaba la banda.

La modalidad era la siguiente: ofrecían los préstamos con el solo requisito del documento de identidad, un servicio público y el contrato de alquiler del negocio. Los montos que otorgaban eran variados. De tres mil pesos, a 15 mil, 30 mil y hasta 100 mil pesos. Se detectaron incluso préstamos de 130 mil. El pago era el llamado “gota a gota”, es decir que todos los días se abonaba una cuota, una modalidad repetida en delitos protagonizados por ciudadanos colombianos en el país: los negocios de usura con pago diario se repitieron en el conurbano bonaerense y en el noroeste del país en la última década.

“Los préstamos se daban sin formalidad ni respaldo financiero alguno y sin autorización estatal, aprovechándose de la necesidad económica de sus víctimas, en su mayoría particulares o pequeños comerciantes, varios de ellos con actividades informales que les dificultaba el acceso al circuito financiero legal”, explicó el fiscal en el escrito que presentó el mes pasado para que los acusados sean enviados a juicio oral.

La tasa de interés era muy alta, entre el 20 y 30% de lo que se prestaba, que si se suma a que el pago debía ser diario ponía a los comerciantes en una situación compleja. En la causa se analizaron algunos casos. Un puestero recibió un préstamo de cinco mil pesos de diez cuotas diarias de 650 pesos. La tasa de interés por esas cuotas era del 30%, lo que representaba un tres por ciento diario y un 1.095% anual. Otro comerciante recibió $10 mil a pagar en 24 cuotas diarias de $500 pesos. La tasa de interés era 20%, con el 0,83333 por ciento diario y el 304,166 por ciento anual.

“Para comprender estos resultados, resulta de suma importancia confrontarlos con la tasa de interés para préstamos personales vigente en fecha 23 de marzo de 2017, que fue de 38.92% (conforme lo indica el Banco Central de la República Argentina). Si por ejemplo, comparamos esa tasa con la resultante del caso B, nos encontramos ante una tasa 1200 veces superior a la oficial, lo que hace evidente la desproporción”, explica la investigación judicial.

Los acusados también tenían una forma violenta para que los comerciantes paguen los préstamos, sobre todo para los morosos. Así quedó plasmado en una conversión telefónica del 17 de mayo de 2018 entre uno de los imputados con un deudor.

-Usted y yo habíamos hecho un arreglo de pago. ¿Qué pasó que usted nos quiere tomar el pelo todos los días?

-No, no es que le tomo el pelo, amigo

-Sí, sí, sí amigo, lo está haciendo, lo está haciendo porque es que ya estamos mucho tiempo con esa cuenta y usted se está haciendo el boludo con esa plata, ¿entonces cómo es?

-¿Y cómo es? Es que no me está entrando trabajo

-Y, pero usted y yo teníamos un acuerdo, quedamos en que en esos 15 días me iba a terminar de pagar y ya llevamos como más de un mes y usted me va a decir que en todo este tiempo no le ha entrado plata

-Realmente te digo la verdad, no tengo nada de plata, la poca plata que me ha entrado es para comer yo y para vivir.

-Usted nos quiere tomar por boludos y quiere robarse la plata

-No, yo no le voy a robar

-Entonces yo necesito que me los pague porque usted y yo hicimos un trato, se está burlando de nosotros.

-Entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente

-Bueno entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar?

-Y, tengo que pagar amigo

-Eso se sabe, a ver. ¿Pero entonces cuál es la solución?

-Y yo estoy acá en el negocio mío en la tapicería y no bien entre un trabajo.....

-No, no, no, no. Usted no nos va a ir boludeando. Necesitamos una fecha.

-Bueno, cancelaré la deuda en una semana. Me tomaré el trabajo de pedir plata prestada y conseguiré la plata para poder pagar

-Nosotros vamos a ir pasando todos los días y usted nos va a ir pagando hasta que termine de pagar esta cuenta.

-Está bien, perfecto

-No quiere escuchar más que no, que no entró trabajo. Usted ya sabe que todos los días vamos a pasar hasta que termine de pagar esa cuenta. Entonces ¿cuánto va a abonar?

-Mañana pagaré una cuota, dos cuotas

-Buenos, entonces mañana pasamos por dos cuotas. Ya sabe que no puede inventar más excusas.

De las escuchas también surgió una conversación de otro acusado con una empleada de la empresa de giros Western Union. Le preguntó por un giro de $1.147.366 que tenía que recibir y cuál era el saldo de su cuenta. La mujer le contestó que era de $9.806.840. Entre ellos también hablaban de un plan para su negocio ilegal. Querían expandirse a Neuquén y La Pampa.

La Justicia allanó los domicilios de los imputados. En los procedimientos se secuestraron 280 mil pesos, 3.400 dólares, 326 mil pesos colombianos, 150 bolívares, una maquina cuentabilletes; miles de tarjetas de “Preste ya”; comprobantes de transferencias de dinero al exterior, como por ejemplo $291.144 pesos y USD 10.536 a Colombia; una pistola Bersa, 100 balas, una camioneta y siete motos. La investigación detalla que también se obtuvieron “numerosas agendas y cuadernos que detallaban el seguimiento de cada uno de los clientes, si era buen pagador o no, si tenía un sólo préstamo o varios, la zona y el comercio donde trabajaba, sus datos personales y si ameritaba o no -según el estado de su deuda- pasar a hacerle una “visita”, como pudo observarse que le llamaban en código entre los integrantes de la organización”.

La acusación señala que la maniobra ilegal de préstamos usureros ocurrió entre por lo menos marzo de 2017 hasta noviembre de 2018. El juez federal Santiago Inchausti procesó a los ocho colombianos por los delitos de asociación ilícita y usura agravada y al líder de la banda también por lavado de activos. El magistrado consideró cerrada la investigación y el fiscal Adler ya le pidió que sean enviados a juicio oral, lo que ahora está bajo decisión del juez.

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