El juicio por asociación ilícita contra el ex comisario José Pedro Potocar, acusado por el fiscal José Campagnoli de ser el líder de una organización con base en la comisaría 35º que recaudaba dinero de forma ilegal, comenzó en junio pasado. Tras retomar la audiencias, el proceso este jueves dio un giro sorprendente con la declaración de otro de los imputados: el subcomisario Marcelo Stefanetti.
Stefanetti había sido junto al subcomisario Hernán Kovacevich quienes involucraron en la causa a Potocar y también a Guillermo Néstor Calviño, ex alto mando de la Federal, y a Susana Aveni, por entonces jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal. Cuando fueron indagados tras ser acusados de encubrimiento, ambos afirmaron que el dinero recaudado del cobro de coimas a comerciantes y trapitos de Nuñez y Saavedra también llegaba hasta las máximas autoridades policiales.
Sin embargo, este martes, Stefanetti se desdijo de su indagatoria ante los jueces Gustavo Gonzalez Ferrari, Inés Cantisani y María Cristina Bertola de Umaño del Tribunal N°16 y apuntó contra Campagnoli: aseguró que fue presionado por el fiscal para declarar contra Potocar, Calviño y Aveni.
“Narró y contó sus padecimientos. Relató cómo generaron su detención y cómo lo apretaron diciéndole que entregara a sus jefes a cambio de darle la libertad. Y como en un primer momento no accedió, lo hicieron pasear por varias comisarías”, afirmó a una fuente del caso.
Por momentos quebrado y en medio de lágrimas, según fuentes presentes en la sala, Stefanetti dijo hoy que tras ser arrestado en 2017 fue trasladado a cinco lugares diferentes de detención en nueve días “hasta que declaré lo que querían escuchar”. “Lo dejaron preso en una cárcel común, donde lo escupían, lo orinaban por el solo hecho de tratarse de subcomisarios de la Federal. Así lo quebraron anímicamente para que vaya contra sus jefes”, agregó la fuente.
En total son diez los procesados por el caso iniciado en 2016 a partir de que un policía de la 35º denunciara manejos irregulares en la comisaría.
Hubo otro elemento sumamente curioso para los defensores. Un disparador del expediente también fue un informe de un sargento retirado de Gendarmería, cuyas iniciales son M.A.M. El informe fue detallado, hasta incluía reportes comerciales de los implicados en la trama, Potocar incluido: el gendarme presentó tres números de teléfono usados por el jefe de la Policía de la Ciudad, en ese entonces titular de la DGC.
La Justicia pudo rastrear dos IPs de Internet usados por M.A.M para obtener esos reportes comerciales. Uno fue el de su propia casa; el otro, una unidad de Gendarmería sobre la calle Chilavert en Pompeya.
Según la investigación de Campagnoli, Potocar -en ese entonces al mando de la Dirección General de Comisarías- y Aveni se encargaban de brindar la protección a aquellos que desde comienzos de 2016 recaudaban dinero de forma ilegal. Estas maniobras eran controladas por Norberto Villarreal, a cargo de la Comisaría 35a. desde enero de 2016 hasta que finalizó su función en esa dependencia, y con la complicidad y colaboración de Stefanetti, Kovacevich, Alberto Codaro (también subcomisario) y los subordinados Alejandro Malfetano, Sergio Otero, Sergio Ríos y Marciano Quiroga.
De acuerdo a la acusación, Ríos y Quiroga eran los responsables de recaudar el dinero semanalmente entre los comercios, cuyo monto era de entre $2 mil $3 mil por cada local. Luego iban a la comisaría y le rendían cuentas al comisario Villarreal y a los tres subjefes, quienes a su vez hacían lo mismo con Aveni y Potocar.
La maniobra consistía en asignar de manera ilegal y sin la autorización de la División Servicios de Prevención Especial y Adicional de la Policía Federal un efectivo a cada local que había aportado dinero a cambio de seguridad. Entre los comercios a los que se les pedía dinero hay gimnasios, supermercados y restaurantes hasta albergues transitorios.
Los otros integrantes de la organización, Malfetano y Otero, en la imputación se los identifica como los responsables de recaudar dinero de los “trapitos” que operan en la zona donde tiene competencia la comisaría a cambio de seguridad y bajo amenaza de confeccionarle infracciones contravencionales en caso de no pagar el “canon” exigido por los policías.
En un expediente bajo la firma del juez Ricardo Farías, Campagnoli pidió en 2017 el procesamiento con prisión preventiva de Potocar, quien estuvo 90 días detenido y luego salió. De todos los procesados, Villareal, que se entregó en abril de 2018 luego de estar 18 meses prófugo, es el único que llegó al juicio preso y esposado.
En su elevación a juicio, Campagnoli aseguró sobre Potocar “brindó una colaboración fundamental sin la cual el desarrollo de este esquema no hubiera sido posible. En concreto, no sólo fue connivente frente al funcionamiento de esta estructura, sino que promovió su instauración, brindó la protección que un sistema permanente de corrupción como éste ineludiblemente requiere y lo blindó ante posibles detractores internos a través del uso arbitrario de los mecanismos administrativos policiales”.
Sin embargo, por ejemplo, no existe una investigación patrimonial contra Potocar que revele bienes fastuosos, acaso un testaferro.
Sin embargo, la situación del primer jefe de la Policía de la Ciudad ahora puede cambiar. Sus abogados, Christian Poletti y Raúl Alcalde, aclararon que la primera declaración de Stefanetti pierde fuerza. Para los letrados, lo que Campagnoli habría hecho según los dichos de Stefanetti, “violó las garantías constitucionales”. Por eso no descartan formular una denuncia contra el fiscal. “Vamos a esperar a que algún otro imputado ratifique la declaración de Stefanetti”, aseguran. En ese sentido, será clave la declaración de Kovacevich. Aveni es defendida por los abogados Claudio Calabressi y Hernán Vega.
El abogado que representa a este último, Gastón Marano, dijo a Infobae: “Entiendo que es una causa en donde se han mezclado gran cantidad de situaciones y se ha imputado a diestra y siniestra, sin atender a las particularidades de cada caso. Mi defendido es el mejor ejemplo de eso. Hernán Kovacevich es un policía de legajo intachable, que en cuento tuvo la mínima duda de que su trabajo podía verse manchado por situaciones irregulares o manejos arbitrarios en la comisaría en que trabajaba -aunque nunca ni siquiera por asomo pudo definirlos como delictivos o tener elementos para denunciarlos–, pidió su inmediato pase a otra dependencia. Pase que fue constantemente negado, y acompañado de presiones y maltratos”.
“Es el caso de un policía honesto que hizo todo lo posible por tomar distancia de situaciones que lo incomodaban, y que -sin ningún criterio- se le reprocha no haber denunciado lo que a posteriori se constituyó como el objeto de investigación de esta causa”, agregó Marano.
El defensor concluyó: “Se han levantado cuestionamientos sobre la forma en que se manejó la investigación, cuestionamientos que escuchamos con atención e interés. Pero más allá de eso, no tengo ninguna duda de que el Tribunal separará la paja del trigo en este juicio“.
La declaración de Kovacevich todavía está por verse.
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