La tortuosa muerte de Pelozo Iturri en un calabozo: en un fallo histórico, confirmaron la prisión perpetua para ocho penitenciarios

La responsabilidad de ocho agentes del Servicio Penitenciario Federal respecto de las torturas y el asesinato de Argentino Pelozo Iturri en un calabozo de la ex Unidad Penal 9 de Neuquén en 2008 fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci ratificaron la condena a prisión perpetua para los responsables de la muerte del detenido tras el fallo de marzo de 2019 el Tribunal Oral Federal neuquino.

A pesar de que el cuerpo de Pelozo Iturri estaba destrozado a golpes, los asesinos y sus cómplices, entre los que hay médicos y enfermeros, lograron preservar la mentira y la impunidad mediante el ocultamiento de pruebas durante diez años. Sin embargo, después de un juicio que llevó cuatro meses se comprobó que los penitenciarios torturaron al preso hasta matarlo.

Los agentes de requisa Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Féliz Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal, José Walter Quintana y el celador Carlos Roberto Vergara fueron considerados coautores del delito de “imposición de tortura seguida de muerte”.

Al confirmarse la prisión perpetua, los condenados se quedarán en la cárcel donde pasarán el resto de sus vidas. Paradójicamente, es el mismo lugar donde trabajaban, pero ya están del mismo lado de las rejas que ocupaba su víctima.

“No advertimos que la pena de prisión perpetua sea irresponsable o desproporcionada”, consideraron en un fallo de 200 páginas los camaristas, como respuesta a la defensa de los ocho penitenciarios, que había planteado en su recurso de queja la inconstitucionalidad del castigo máximo.

La condena por el caso Pelozo Iturri es histórica. Se trata del primer fallo contra agentes penitenciarios por una muerte de un preso, un delito muy difícil de probar porque los testigos son los propios penitenciarios compañeros de los sospechosos o presos que, al declarar contra quienes los vigilan, sienten que arriesgan su vida.

“Estas prácticas, a no dudarlo, no surgen de ocurrencias ocasionales de algún penitenciario desviado, sino que forman parte de una práctica sistemática y generalizada que, permitida aun tácitamente por las autoridades de las cárceles, generan además, en quien las realiza, cierto sádico placer y una confiada sensación de impunidad en cuanto a que el preso no lo denunciará, sus jefes no lo cuestionarán y, por último, llegado el caso en que el hecho ilícito se conozca, -duele decirlo- las propias autoridades penitenciarias, harán lo necesario para encubrir el hecho o proteger al autor, mientras que la investigación judicial –si llega a dichos estrados- difícilmente avance por la triste decisión (muchas veces) de la propia víctima que, por temor o por sufrir amenazas, desiste de denunciar”, escribieron los jueces Marcelo Grosso, Orlando Coscia y Alejandro Vidal, en su fallo de primera instancia.

Los acusados son Héctor Oscar Ledesma, ex jefe de la UP9; José Roberto Sosa, ex subjefe de la prisión; y Daniel Ricardo Huenul, ex jefe de seguridad externa e interna, por los delitos de omisión de evitar la comisión de aplicación de torturas y falsedad ideológica calificado por la calidad de ser funcionarios públicos. Todos ellos recibieron originalmente entre seis y seis años y medio de pena.

Además, se ratificó la pena del ex Jefe Regional del SPF Gabriel Eduardo Grobli, por los delitos de encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del ilícito y por la calidad de funcionario público, omisión de denunciar la comisión del delito de aplicación de torturas y omisión de un acto propio de su oficio; también de seis años, y las del médico de la Unidad, Juan Carlos Heredia (cuatro años de prisión) y el enfermero Miguel Angel Carrilao (tres años y 6 meses), por el delitos de omisión de denunciar doblemente calificado por la índole del delito ocultado y por tratarse de funcionarios públicos.

Sin embargo, en esos casos los camaristas resolvieron anular las penas impuestas y reenviar la causa al Tribunal Oral Federal para que fije una nueva pena, ya que, a juicio de la Cámara, algunos atenuantes no fueron considerados por los jueces de primera instancia.

La muerte de Pelozo Iturri, que había sido registrada oficialmente como “muerte súbita”, sobrevivió a la impunidad porque nunca les cerró a los investigadores de la Procuración Penitenciaria Nacional, que iniciaron la causa e integraron la querella. Al cabo de diez años, pudieron reunir un conjunto de pruebas contundentes.

Argentino Pelozo Iturri había sido trasladado desde el penal de Ezeiza hasta la Unidad 9 de Neuquén tres días antes de morir, aquel otoño de 2008. Viajó lastimado, esposado y en camión, sin paradas, sin ventilación ni comida y de manera irregular: nadie avisó de la “mudanza” al juez federal Sergio Delgado, a cargo de su causa, quien debía aprobar el cambio de lugar. Tampoco avisaron a los familiares del detenido.

El hombre, de 38 años, había caído por asesinar a un policía 20 años antes. “El Rengo Argentino”, como se lo conocía en las cárceles, ya había estado en el penal de Neuquén en 1996.

La historia de la muerte de Pelozo Iturri es una cadena negra de impunidad, omisiones, adulteraciones de la autopsia, aprietes e incluso otra misteriosa muerte antes del juicio iniciado en octubre: la del testigo clave, el único preso que vio cómo mataban a golpes a su compañero de pabellón.

Aquel día de abril en que Pelozo Iturri volvió a Neuquén lo estaban esperando. Los penitenciarios de Ezeiza le hicieron una despedida letal: una golpiza que le lastimó las piernas al punto de que casi no podía caminar.

Los de Neuquén le dieron la “bienvenida”, que en la jerga carcelaria es un combo de tortura apañado por las autoridades que consiste en golpes, patadas y la “bomba de agua”, manguerazo de agua helada sobre el cuerpo desnudo del recluso en la intemperie patagónica.

Después fue encerrado en un “buzón” del pabellón 10 de aislamiento y lo sacaron para matarlo 72 horas más tarde, aunque la excusa oficial fue que el detenido había tenido un brote psicótico y buscaron “auxiliarlo y salvarle la vida” sin éxito.

Pero los presos de las celdas contiguas escucharon los golpes contra un cuerpo, los escudos de los penitenciarios contra el piso y las paredes, y bastonazos y arrastres y gritos y la voz del “Rengo Argentino”, que suplicaba: “NO ME PEGUEN MÁS”.

Vergara, John y Muñiz, los que lo fueron a buscar al “buzón”, alegaron que los golpes se los infligió él solo contra el piso y las paredes. Pero Pelozo Iturri estaba esposado. También dijeron que después se cayó de una escalera y se desvaneció en la enfermería.

En el pabellón 11 un detenido vio cómo lo sacaban al pasillo entre “ocho o diez penitenciarios” y declaró que vio cómo lo subían por la escalera hacia la enfermería a los golpes y con bastonazos en el cuello. “Ese día sentí la presencia de la muerte”, dijo en el juicio. Otro preso escuchó desde el patio central del penal los gritos de Pelozo Iturri: “No me peguen más, me van a matar”.

Otro detenido declaró en el juicio que vio cómo el cuerpo de requisa le pegaba bastonazos en la cabeza hasta que lo desmayaron y lo trasladaron “aparentemente inconsciente” a la enfermería, desde donde escuchó gritos “desgarradores de tortura, como si lo estuvieran carneando”. Ese mismo hombre vio salir a Carilleo, quien le comentó a un penitenciario: “Este no jode más”.

En la enfermería dos testigos más fueron determinantes para esta sentencia. Uno de ellos reveló que cuando entraron a Pelozo Iturri a él lo sacaron, pero que mientras salía escuchó ruidos de golpes y gritos de dolor.

El otro era el por entonces preso Luis Abella, el hombre más importante del caso, que nunca declaró. Porque está muerto. Fue asesinado a cuchillazos después de haber entrado en el programa de protección de testigos, en una causa todavía impune, plagada de hechos inconsistentes y misterio, que probablemente ahora se empiece a investigar como una derivación de esta causa.

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