“Yo solo toco plata”, decía el contador y cuevero Diego Xavier Guastini en un despacho judicial.
Y después, un sicario lo mató.
Fue el lunes 28 de octubre de 2019. Una Toyota Hilux con una patente que no correspondía con el vehículo le cortó el paso mientras viajaba en plena noche con su Audi, a metros de la Municipalidad de Quilmes, no muy lejos de su departamento. Allí, el tripulante de una moto le disparó tres veces a través de la puerta y el vidrio del auto con balas calibre 9 milímetros. Luego, huyó. Guastini fue trasladado al Hospital Iriarte donde finalmente murió por sus heridas. Tenía una Glock calibre 40 encima que nunca disparó. Adrián Baeta, un misterioso policía de la Bonaerense hoy prófugo, acusado de ser parte del armado de una falsa causa narco, fue el primero en llegar a su cadáver, antes que los detectives de la Bonaerense. El sicario, que lo mató a cara descubierta, sigue sin ser encontrado.
Guastini tocaba plata, ciertamente. También hablaba en la Justicia sobre sus clientes en reuniones secretas, vestido en su campera Moncler de más de 50 mil pesos. Colaboró como arrepentido en al menos cinco causas, tras ser condenado por elaborar un sistema global de couriers de dinero, jubilados y pastores evangélicos del conurbano que viajaban a Europa con plata de cocaína en las valijas. Trabajó para pesados, para uno de los clanes más temidos del país: el clan Loza, acusado de exportar cocaína a España. Uno de sus capos, Erwin, se convirtió en el dueño de la Ferrari Spider que Diego Armando Maradona conducía a mediados de los años 90.
En privado, Guastini alardeaba ser uno de los delatores del caso “Leones Blancos”, el hallazgo en diciembre de 2013 de 500 kilos de cocaína interceptados cerca del shopping Soleil en dos camionetas que habían salido de una quinta en Quilmes, un caso a cargo del entonces fiscal sanisidrense Claudio Scapolán.
Hoy por la mañana, el nombre de Guastini sonó otra vez en Tribunales. En un decisión tomada esta mañana, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola decidió extinguir la acción penal en su contra porque los muertos, básicamente, no van a prisión. Sin embargo, un viejo cliente del financista delator fue el blanco de una decisión sorprendente.
En la misma causa, tras una investigación encabezada por la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico con el fiscal federal Diego Iglesias, Yadarola procesó con prisión preventiva a cuatro miembros del clan Atachahua Espinoza, entre ellos Carlos Sein Atachahua Espinoza, su líder, oriundo de Huánuco en el Perú y su hija Naddya Lebira, el abogado Miguel García Ramos
Carlos Sein y García Ramos recibieron fabulosos embargos en su contra: 10 mil millones de pesos cada uno. El resto del clan con números millonarios pero menores, 30.000 millones en total.
La acusación en su contra se centra en crear una red de empresas para mover dinero y cocaína desde Bolivia hasta Ituzaingó. Las sospechas llevaron a una fuerte serie de allanamientos en la City porteña a cargo de Gendarmería y a los arrestos del clan. Se incautó dinero: USD 360.000, $4.600.000, 10.000 euros y divisas Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, México, Australia, Japón, Rusia y el Reino Unido. También se incautaron seis vehículos, 49 teléfonos celulares y un arma calibre .380.
Esta vez, otro arrepentido fue el que cantó, con una causa iniciada en 2018.
“Carlos Atachahua Espinoza era quien traía grandes sumas de dinero, en euros, físicamente desde Europa hasta Argentina, siendo la operatoria más rápida, de acuerdo a los importes que él estaba necesitando traer y la celeridad de las operaciones, para lo cual o lo hacía él o se valía de distintas personas que recibirían esas sumas en diferentes destinos”, asegura el relato del arrepentido plasmado en el procesamiento firmado por Yadarola. El primer viaje fue realizado con Guastini en el año 2003, que para ese entonces ya operaba una casa de cambio en Florida y Lavalle.
Los contactos crecieron con el tiempo: “Como los volúmenes pasaron a ser muy superiores, Atachahua Espinoza contactó a Guastini con gente de Milán, más precisamente con una oficina sita en el centro de Milán, en la calle Marchelo Benedetto, con la que él ya venía trabajando desde Lima, que se dedicaban a hacer la compensación de dinero”, continúa.
“En el año 2005, Atachahua Espinoza comenzó a hacer planes para traer a toda su familia al país y radicarse en Argentina, buscando encarar algún tipo de negocio lícito que le permitiera a él acá estar tranquilo y tener un trabajo, ya que estaba todo el tiempo viajando entre Perú, Argentina y Bolivia. Por tales motivos, pensó en el negocio de los parkings o playas de estacionamiento, es decir, que él consideraba que era un negocio de fácil control, que resguardaba la inversión inmobiliaria”, continúa el relato.
Así, Guastini le dio una mano: compraron un garage de autos en Caballito por dos millones de dólares. Luego fueron por más. “Luego, el arrepentido colaborador expresó que Atachahua compró otra propiedad más, otro garaje a través de la Inmobiliaria Ríos; que es el de Rosgar S.A.”, una de las empresas involucradas, “Sito en la calle Rosario de esta ciudad”.
Salió un poco más esta vez: cinco millones de dólares. Atachahua ciertamente avanzaba: en 1999 lo habían detenido en Perú con un kilo de cocaína en el auto.
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