El horrible final de Paula Perassi: el presunto aborto que la mató, el amante que la desapareció y un cuerpo que sigue sin ser encontrado

En 2011, Paula Perassi, por entonces de 34 años, se enteró de que estaba embarazada, un cambio en su vida que jamás se sabrá si fue deseado o no. Fue vista por última vez tras salir de su casa en la localidad santafecina de San Lorenzo y desapareció sin dejar rastro alguno. Por su desaparición y presunta muerte hay dos condenados. Sin embargo, pasaron ya 9 años y su paradero sigue siendo un misterio. No se sabe dónde están.

Todo comenzó el 18 de septiembre de aquel año después de que la mujer recibiera un llamado para que saliera por algún motivo de casa. Nunca más volvió. Pasaron las horas y al día siguiente, Rodolfo Ortíz, el esposo de Paula, radicó la denuncia en una dependencia de la Policía provincial. Era muy extraño que Perassi, madre de dos chicos, hubiera salido así, sin dar mayores detalles. Y lo peor, que no hubiese regresado después de tantas horas.

Fue entonces que a partir de la intervención de la Justicia y del comienzo de la investigación, se descubrió un hecho que cambiaría radicalmente la historia. Paula mantenía una relación sentimental clandestina con Gabriel Strumia, un reconocido empresario de la localidad de Puerto San Martín, municipio ubicado dentro del departamento de San Lorenzo y muy cerca de su casa. Por eso todas las miradas apuntaron al amante y su entorno. También se comenzaron a tejer hipótesis acerca de quién era realmente el padre biológico del hijo que estaba esperando al momento de la desaparición, un dato que posteriormente tomaría relevancia.

Llevar a Sturnia y su entorno ante la Justicia no fue fácil. El caso por la desaparición de la mujer pasó por los tribunales de San Lorenzo y de Rosario, todo gracias a la insistencia de Alberto Perassi y Alicia, los padres de Paula, quienes contaron con el apoyo de distintas organizaciones sociales que de alguna manera mantenían el caso en la atención de la Justicia. El 15 de abril de 2015 los fiscales Ramón Moscetta y Donato Trotta solicitaron la detención de nueve personas por el presunto crimen de la mujer, con una presunta red de encubrimiento que incluía a cuatro civiles y cinco efectivos de la policía.

Se trataba del empresario Strumia, su esposa, Roxana Michl, un empleado de ellos identificado como Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky. Completaban la lista cinco efectivos policiales: Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli y los altos jefes de la fuerza: Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol. Todos llegaron a juicio bajo prisión preventiva: los civiles, tras las rejas, los policías, detenidos en sus hogares.

La paternidad del hijo que esperaba Paula jamás pudo corroborarse científicamente, ya que el cuerpo de ella nunca apareció. Sin embargo, los entrecruzamientos de las líneas telefónicas, mensajes de texto y las charlas a través de internet de Perassi permitieron suponer que el bebé por nacer era de Strumia. De hecho se pudo establecer que la mujer de 34 años realizó consultas médicas y que no estaba dispuesta a practicarse un aborto. “No voy a poner en riesgo mi vida para dejar felices a otros”, le comentó en una conversación privada, por Facebook, a un amigo de Strumia.

Todos estos elementos fueron aportados durante el juicio oral que se siguió en contra de los nueve acusados que comenzó el 21 de marzo del año pasado en el Centro de Justicia Penal de Rosario, frente a un tribunal integrado por Griselda Strólogo (San Lorenzo), Mariel Minetti (jueza penal de Casilda) y Álvaro Campos (juez penal de Cañada de Gómez).

La acusación era estremecedora: aborto no consentido seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad, entre otros cargos. Es decir, para los fiscales Strumia y los suyos fraguaron un plan para secuestrar a Paula, obligarla a abortar y como el procedimiento clandestino salió mal, desaparecieron para siempre el cuerpo. A los policías se los acusaba de los delitos de encubrimiento, sustracción y destrucción de pruebas, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Los pedidos de condenas iban desde un máximo de 16 años de prisión para los policías y de prisión perpetua para los civiles. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba ni la Fiscalía ni la querella. Es que tribunal de primera instancia resolvió por unanimidad, el 2 de mayo siguiente, absolver a los nueve imputados. La desaparición de Paula quedaría -al menos por ese momento- impune. Si bien se admitieron como válidas las conversaciones de la mujer en las redes sociales, los jueces razonaron que eso no demuestra que Strumia haya inducido a la mujer a abortar y menos con un secuestro de por medio.

“Habiendo tomado contacto directo con la actividad probatoria, estamos en condiciones de decir que a lo largo de las audiencias que el Estado no logró a través de sus fiscales y de la querella, probar con la certeza necesaria en esta etapa que las personas acusadas son culpables de los delitos que se les atribuyen”, dijo entonces la jueza Strólogo.

Pero la querella, representada por los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara, apeló y en noviembre de 2019, la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó parcialmente el fallo de primera instancia por la desaparición y muerte y condenó al matrimonio Strumia-Michl por el hecho. El hombre recibió 17 años de cárcel y su esposa, 7. Lo consideró penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva, agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada. Michl, por su parte, fue considerada partícipe secundaria.

Los camaristas Carolina Hernández, Javier Beltramone y Gustavo Salvador no hicieron lugar al pedido de prisión preventiva para los acusados, quienes permanecieron en libertad al menos hasta la siguiente etapa. El resto de lo acusados fueron absueltos.

Tras la decisión de la Cámara, la defensa de los dos condenados hizo un planteo de apelación horizontal, por lo que otro tribunal de segunda instancia comenzó a analizar el caso y a escuchar los argumentos de las partes. Es por eso que ayer comenzó una nueva revisión de las sentencias contra el matrimonio en los tribunales de Rosario. Alberto y Alicia, los padres de la víctima, otra vez, enfrentan a la Justicia.

“Quiero los huesos de Paula”, sostuvo Alberto en la entrada de la sede judicial, a la que no dejaron ingresar a los medios por el protocolo anti-COVID 19 que rige en los tribunales rosarinos. “Después de 9 años y dos meses vine acá para esperar justicia con fe, como el primer día”, agregó.

Para los querellantes Ruíz y Ferrara, Paula cursaba un embarazo de seis semanas fruto de la relación amorosa que mantenía con Strumia, quien con la complicidad de otras ocho personas -entre ellas su propia esposa- la privó de su libertad con la intención de provocarle un aborto en el que habría fallecido para luego hacer desaparecer el cuerpo que nunca fue encontrado. Todo para ocultar que iba a tener un hijo extramatrimonial.

En mayo del año pasado, luego de que fuera absuelto, Strumia insistió en una entrevista en que era inocente y se quejaba de haber sido tratado “como una basura y como un asesino”. Seis meses después la Cámara revocó el fallo y cambió su historia. Lo único que sigue igual es su silencio: aún no se sabe dónde está Paula.

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