La fiscal Verónica Zamboni, la misma que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en enero de este año en Villa Gesell, ordenó una serie de procedimientos esta tarde de viernes con un blanco particularmente sensible: la Policía Bonaerense. Sospecha que agentes de la fuerza armaron causas, plantaron drogas y extorsionaron a vendedores de sustancias durante años.
El expediente, iniciado en el 2019, tiene como calificación los delitos de extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad de ideológica. La acusación: los policías pedían dinero a dealers para dejarlos operar y si no lo hacían les armaban causas falsas por narcotráfico. También investigan sobre presuntas complicidades en la venta de estupefacientes.
La fiscal Zamboni ordenó el allanamiento de la Delegación Regional del Trafico de Drogas ilicitas de Dolores, con sede en Mar del Tuyú, y los domicilios de tres agentes, entre los que se encuentra el jefe de operaciones de Narcocriminalidad, su esposa (también policía) y dos agentes. Se secuestraron celulares, marihuana y armas que los imputados tenían sin autorización, además de sus pistolas reglamentarias. En el caso, que contó con la colaboración de Asuntos Internos, se esperan detenidos en las próximas horas, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.
La investigación arrancó por la denuncia de algunos acusados de comercio de sustancias. “La causa se inicia de oficio después de tener varios procedimientos en distintas localidades del Partido de la Costa donde los imputados, al prestar declaración indagatoria, manifestaban su intención de declarar contra personal policial”, explicó una fuente judicial.
En esas declaraciones los acusados en las respectivas causas apuntaban contra las mismas personas. Se sospecha que les pedían dinero a cambio de darles cobertura o no caerles con allanamientos. Las comunicaciones eran personales, entre los policías y los extorsionados, y también a través de terceros. “Plantaban drogas”, comentó a este medio un investigador.
El primero en advertir esta irregularidad fue el abogado de uno de los imputados en esas falsas causas. El modo de operar de los policías era pedir a la Justicia órdenes de allanamiento y al hacerlos efectivos aparecían drogas. “Eso ocurría incluso con presencia judicial en los allanamientos. Evidentemente se las rebuscaban para de alguna manera plantar las drogas”, explicó un investigador.
La fuente contó que esto ocurrió al menos en tres procedimientos con personas detenidas por tenencia con fines de comercialización. En cada caso, a pesar de que los imputados no se conocían, había un patrón: aparecía cocaína fraccionada en muy pequeñas cantidades y muy cortada. “Casualmente en todos los procedimientos entre imputados que no se conocían entre sí los envoltorios de cada caso eran idénticos, la cantidad de sustancia también y lo mismo pasaba con la calidad, que fue testeada por nuestros científicos”, detalló.
No es la primera causa en la que se investiga el armado de causas narco. En julio pasado, con una investigación del fiscal federal Federico Domínguez, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó más de 35 allanamientos, entre ellos a la UFI de Drogas de San Isidro, la sede de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, así como a estudios jurídicos: la causa por asociación ilícita involucra a funcionarios judiciales, policías, detenidos y abogados. Se secuestró documentación y computadoras.
La comisaría 4ta. de Tigre, con sede en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados, pero las fuentes aclararon que allí sólo se fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo alojado en ese lugar en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, de acuerdo a información de Télam.
Fuentes policiales hablaron de “intervenciones irregulares” y de “desbaratamiento de una organización dedicada al armado de causas judiciales cuyo objeto era sustraer la droga”.
La fiscalía se conocía como Unidad de Delitos Complejos, fue creada por el ex fiscal general Jorge Novo y luego se disolvió como tal por cuestiones de transparencia. La unidad estuvo a cargo del fiscal Claudio Scapolán, el investigador de una de la causa detrás de los operativos de esta mañana, la incautación de 500 kilos de cocaína conocida como el operativo “Leones Blancos”: por supuestas irregularidades en la causa, aseguran fuentes del caso, es que Arroyo Salgado ordena los allanamientos.
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