Tiempo atrás en una villa de Florencio Varela, un joven delincuente contaba una historia. “El 22” era su alias, según él mismo, con menos de 22 años y un prontuario largo: formado como ratero en la Villa Puerta de Hierro, ex miembro de una banda de pirañas del Bajo Flores, adicto al paco en recuperación tras escaparse de una granja en la zona de Del Viso en donde los transas del barrio aledaño le silbaban para venderles a los chicos internados. Tiempo antes, “El 22” había estado encerrado en el programa PRISMA, el sector psiquiátrico del penal de Ezeiza.
Allí, Cristian “Pity” Álvarez, preso por matar a un hombre a tiros en el barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018, se había convertido en su amigo estrella.
“Está re bien el Pity, ¡está re gordo! ¡Contento! Toca la viola todo el día”, aseguraba el joven ratero. “El Pity”, decía el chico, le había prometido un show: “Cuando salga, cuando vuelva a tocar, me va a subir al escenario”.
Hoy, ese show del regreso parece algo muy improbable.
Mientras espera ser juzgado por el crimen en un proceso a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, Álvarez enfrenta un nuevo problema en su salud: fue trasladado extramuros a un hospital en Ezeiza por una descompensación en su diabetes, una condición que se le detectó recientemente. Aunque se encuentra estable, según aseguran fuentes que conocen de cerca su encierro a Infobae. “Hizo un pico glucémico”, asegura una fuente cercana a su familia.
“Está estable, queda internado por observación”, afirma otra fuente desde Ezeiza. Sin embargo, no es un cuadro sencillo: especialistas a su alrededor creen que podría convertirse en insulinodependiente.
El 21 de octubre, la sala de turno de la Cámara de Casación con el juez Eugenio Sarrabayrouse validó la segunda negativa del Tribunal N° 29 de rechazar el pedido de prisión domiciliaria planteada por el defensor oficial del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, un ícono del rock barrial argentino, quizás la última estrella de rock de la historia de este país.
En julio pasado la Sala II con el juez Horacio Días decidió extender su prisión preventiva seis meses más. La Justicia habla de riesgos procesales para que Pity vuelva a Villa Lugano: peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, la chance de que amedrente a la familia de su víctima y la posible dura pena que enfrenta, para la que su historia de consumos tóxicos no se considera un atenuante.
Un documento judicial de este año asegura que un análisis médico encontró a Álvarez “lúcido, hemodinámicamente estable, afebril, en buen estado general, sin patologías agudas al momento del examen”, un eufemismo médico para decir que, básicamente, está bien y que recibe cuidados adecuados.
La Justicia le negó la prisión domiciliaria, aunque el Servicio Penitenciario Federal lo consideró un paciente de riesgo ante el contagio del COVID-19, en un sector sobrepoblado a más del doble de su capacidad, un 122%. Otro documento al que accedió Infobae habla de “patologías de base”. La diabetes, coinciden quienes conocen por dentro su caso, es un hallazgo reciente. Ese informe enumera sus diagnósticos: hipertensión, dificultades respiratorias como consecuencia de su adicción a las drogas y otra enfermedad crónica con la que fue diagnosticado.
Todo esto se suma a su obesidad, un sobrepeso que desarrolló dentro de la prisión.
Su madre, Cristina Congiú, está expresamente preocupada por su situación de salud. La recuperación mental del músico también parece algo complicado. Su cuadro clínico no ayuda, así como la pandemia. Las actividades en el PRISMA, según fuentes que conocen de cerca el programa psiquiátrico del SPF, disminuyeron. “Pity duerme todo el día en la cárcel”, afirman desde Ezeiza. “Se queda dormido o habla poco. Anda con altibajos. Cuando vive situaciones estresantes, se duerme o se hace el que duerme, se abstrae. Quizá sea un mecanismo de defensa. Me preocupa porque está muy aislado y eso es perjudicial para su salud”, decía Cristina Congiú a tres meses del crimen.
Tiene otro expediente en su contra, otro factor que pesa en la balanza de Casación. Martín Yadarola, el mismo juez que investigó y elevó a juicio el asesinato de Samoré, lo procesó con prisión preventiva en julio de 2019 por una vieja cuenta pendiente: privar de su libertad, golpear y amenazar tras un show a dos mujeres –una de ellas una histórica colaboradora– en su departamento en Samoré en la madrugada del 6 de noviembre de 2016. Sus víctimas lo denunciaron tres días después en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte.
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