Quejas por escrito y sueldo de preso: la nueva vida en la cárcel de uno de los asesinos de mujeres más perversos de la historia argentina

Matar es un acto animal, en cierta forma. Los asesinos suelen emular a animales cuando cometen un crimen violento. Algunos matan como escorpiones, otros como tigres o tiburones, otros como ratas.

Lucas Azcona mató como un reptil.

El femicidio de la estudiante chilena Nicole Sessarego Bórquez fue particularmente insidioso. Azcona la asesinó el 15 de julio de 2014 por la madrugada tras seguirla y sorprenderla mientras tomaba las llaves para abrir la puerta de su edificio en la calle Don Bosco: la apuñaló 11 veces en la cara, el cuello y el pecho. Azcona la siguió con sigilo, su cara oculta bajo un gorro negro, luego de que Nicole saliera de la estación Castro Barros de la línea A hacia su casa. Azcona no la conocía, una rareza comparativa: de acuerdo a datos de la UFEM, la unidad de la Procuración que investiga delitos violentos contra mujeres y personas trans, apenas un 11 por ciento de los asesinos de mujeres atacan a desconocidas. Vecinas, ex parejas, parejas y familiares son sus principales víctimas. Azcona no seguía el patrón usual.

Su juego no fue infalible. Las cámaras de seguridad de la zona lo detectaron. Su foto y la filmación fueron difundidas por la Justicia en un intento de capturar al asesino: su propio padre, Roberto Azcona fue quien lo entregó. “Me despierta mi hija y me dice ‘el video es de Lucas’”, dijo el padre. Lo reconocieron, aseguró de acuerdo a crónicas de la época, por su forma de caminar. Lo llevó él mismo a una comisaría de San Francisco Solano. Así, Lucas Azcona quedó detenido.

Luego, declaró su madre, Miriam: afirmó que Lucas de chico mataba animales por placer. Las pericias psiquiátricas a las que Azcona accedió a ser sometido hablaban de un hombre joven que comprendía la criminalidad de sus actos, un misógino con rasgos psicopáticos.

En diciembre de 2014, Azcona, encerrado en un pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza, rompió el silencio a través de una carta difundida por su abogado. “No sé lo que hice, nunca quise matar. Pido perdón a Dios si lastimé a alguien. No quiero vivir más. Necesito ayuda”, dijo el femicida. El hoy retirado juez Luis Zelaya ya lo había procesado para ese entonces: “homicidio calificado por odio de género”, dictaminó.

En noviembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal N°15 lo condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por odio de género y alevosía. Azcona tenía 23 años en ese entonces. Recuperaría la libertad, en todo caso, en 35 años, o moriría de viejo en la cárcel.

Tras su condena, con el tiempo y con su condena confirmada por la Sala III de la Cámara porteña en marzo de 2018, Azcona fue hacia el sur, lejos de Almagro y de su familia en San Francisco Solano.

El Complejo V del Servicio Penitenciario Federal en Senillosa, en medio de la estepa patagónica a 33 kilómetros de la capital de Neuquén, llevó un paso más allá la idea del pabellón exclusivo para acusados de delitos de abuso, un recurso de la planificación carcelaria diseñado para separar a delincuentes sexuales implementado, por ejemplo, en Marcos Paz. Es, básicamente, un penal entero para femicidas y violadores.

Fue inaugurado en 2015 durante la administración de Emiliano Blanco como director del SPF, destinado únicamente al tratamiento de internos condenados por delitos contra la integridad sexual, con un régimen cerrado con alojamiento individual dividido en cinco pabellones.

Alojaba a 200 presos a fines de 2019. Era un lugar a simple vista un poco desolador, pero daba resultados. La conflictividad entre detenidos fue históricamente baja en Senillosa, una paradoja por naturaleza: en la cárcel, los agresores de mujeres rara vez son violentos y suelen ser el blanco de la violencia de otros detenidos con golpizas y hostigamiento sistemático. Las violaciones entre presos son, básicamente, un mito moderno. Al ser condenado en 2019 a diez años de cárcel, se anunció por ejemplo, que Ricardo Russo, el ex pediatra del Garrahan condenado a diez años de cárcel por fotografiar los genitales de sus niñas pacientes, sería enviado a Senillosa.

Azcona, que al momento de matar a Nicole era empleado de una empresa tercerizadora de limpieza, ahora trabaja en la cárcel: cobra el peculio, el sueldo en blanco de los detenidos por tareas carcelarias, al menos desde 2017 según sus registros previsionales. También tiene otros conflictos, no con otros presos, sino con el sistema mismo. A lo largo del año, la Cámara Federal de General Roca en Río Negro, donde Neuquén tiene su instancia de apelación en el fuero, intervino este año en tres hábeas corpus presentados por Azcona, cuya pena es supervisada por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 porteño.

Los habeas corpus son la forma elemental de un detenido de pedir intervención a la Justicia por sus condiciones de detención. Los dos presentados por Azcona a los que accedió Infobae, básicamente, se tratan de comida.

El 7 de octubre pasado, Azcona apuntó contra un penitenciario en el pabellón A1 de Senillosa. El foco de la queja era que se le había entregado “6 o 7 bandejas” de la comida del día a un solo detenido, con otros que se quedaron sin comer. Finalmente, calificó el hecho “como un acto de discriminación hacia los otros internos y destacó que se quedó sin bandeja de comida, circunstancia que fue avisada al encargado, quien no le brindó respuesta alguna”, según el fallo posterior de la Cámara Federa de General Roca.

Después de esa queja original en la cárcel, Azcona fue recibido en una audiencia por las autoridades. Allí, sostuvo su acusación. Sin embargo, se negó a firmar el acta.

El Juzgado Federal N°2 de Neuquén que intervino en la denuncia según se desprende del documento, consideró insuficiente la denuncia del femicida. Sin embargo, la Cámara revocó la decisión por prematura y ordenó investigar. Azcona ganó su pulseada.

No era la única vez que lo había intentado. A comienzos de este año, el 17 de enero, Azcona llegó a la Cámara con otro habeas corpus contra las autoridades del SPF por los precios “completamente abusivos” del almacén que hay dentro del penal, una pequeña proveeduría. Azcona dio un ejemplo en su presentación, una nota manuscrita: un kilo de arroz de segunda marca costaba 90 pesos, el triple de lo que estaba en ese momento en cualquier almacén porteño. El femicida fue más allá: dijo que tenía las facturas para probarlo y hasta solicitó un defensor para que lo asista. Esta vez, Azcona no tuvo suerte con su arroz a precio de usura: la Justicia consideró que el almacén del penal era un servicio tercerizado, no parte integral del SPF.

Azcona también se quejó por el frío: a mediados de julio, la temperatura mínima promedia el grado centígrado en Senillosa. En su escrito, “los actos de la autoridad administrativa de la ejecución de la pena, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Penitenciario Federal", el asesino de Nicole apuntó contra los responsables del sector de trabajo del penal al pedir ropa térmica adecuada. El SPF respondió con un escrito: las prendas que Azcona exigía no estaban ajustadas a reglamento.

En Senillosa, por otra parte, hay problemas más calientes que una queja de Azcona. En mayo de este año, Maximiliano Benedetti, integrante de una temible banda de secuestradores, fue asesinado en el penal en medio de una pelea.

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