El 14 de junio de 2019 fue el último día que Darío Emanuel Aguirre, de 40 años, se presentó ante el Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes, donde era juzgado por abusar sexualmente de su hijastra de tres años. En las últimas audiencias que restaban hasta que el tribunal dictara una sentencia, ni él ni su abogado se presentaron, por lo cual Aguirre fue declarado en rebeldía y la Justicia correntina dispuso un pedido de captura nacional e internacional sobre su cabeza.
Un año después, Aguirre apareció: el hombre- que trabajaba como conductor de ambulancias y fue empleado del Ministerio de Salud Pública de Corrientes entre principios de 2012 y mediados de 2019- fue encontrado en una cama de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Campaña “Escuela Hogar” de la ciudad de Corrientes, a donde ingresó con su nombre y su DNI y estuvo internado en estado crítico y bajo protocolo de COVID-19 hasta el domingo a la noche, cuando finalmente falleció sin responder ante la Justicia por sus actos.
La causa contra él, como reveló Infobae, comenzó cinco años antes de su fuga, en julio de 2014, cuando su ex pareja Erika -con quien por entonces llevaba menos de un año de matrimonio y tenía una hija en común de ocho meses- decidió denunciarlo ante la División de Delitos contra la Integridad Sexual.
En esa presentación, la mujer contó que era víctima de violencia por parte de Aguirre, razón por la cual había decidido separarse e irse de la casa familiar para instalarse en la casa de sus padres. Allí, Erika había empezado a notar que M., su hija mayor, hija biológica de una pareja anterior que había adoptado el apellido de su padrastro, tenía conductas inusuales y que, luego de una charla con ella y con su abuela, la niña había contado que “Darío” le había hecho “mucho daño” y la había obligado a hacer distintas “cosas” de evidente connotación sexual, cosas que ella no quería.
En 2017 la causa se elevó a juicio y, cinco años más tarde de la denuncia, a mediados de 2019, se presentó durante una de las últimas audiencias que presenció Aguirre el informe de Cámara Gesell. En esa declaración, M., que hoy tiene 10 años, contó con detalles las vejaciones y los tocamientos a los que su padrastro la sometió en varias oportunidades entre enero y junio de 2014 dentro de la casa y en los trayectos de regreso del jardín de infantes: la nena, que continúa bajo tratamiento psicológico hasta el día de hoy, relató con dibujos y sus palabras que Aguirre la tocaba y la obligaba a ella a tocarlo y que, para garantizar su silencio, la amenazaba con prender fuego a su mamá.
A principios de 2019, algunas semanas antes de que comenzara el juicio, Aguirre fue denunciado por abuso por segunda vez. La mujer con la que formó pareja tras separarse de Erika, acusó a Aguirre de abusar de su hermana, es decir, su propia cuñada, de tan solo 11 años, en la localidad de Empedrado, al noroeste de la provincia de Corrientes.
En esa oportunidad, la Justicia le dictó un procesamiento con prisión preventiva y pasó efectivamente 15 días detenido. Sin embargo, su defensa solicitó una eximición de prisión y, a pesar de que Aguirre tenía ya otra causa por abuso elevada a juicio (en la que también había sido eximido de prisión), el tribunal de la ciudad de Saladas le concedió la libertad porque no consideró que hubiera realmente un riesgo de entorpecimiento de la causa o un peligro de fuga, que fue lo que finalmente ocurrió.
Durante todo el año pasado, Aguirre estuvo libre, con una causa por abuso elevada a juicio y otra denuncia reciente por abusar de una menor, y seguía siendo, hasta quedar prófugo, un empleado del Ministerio de Salud provincial.
Hace apenas una semana, cuando la madre de la víctima supo de la posibilidad de que Aguirre estuviera siendo atendido en el hospital local, su abogado, Gustavo Briend, dio aviso a la jueza de Instrucción Cynthia Godoy Prats, a cargo del caso, que comprobó su identidad y pidió su detención inmediata. Si se recuperaba, el juicio contra él debería haber arrancado de nuevo desde el principio.
Siete días más tarde, cerca de las 19 horas, el cuerpo de Aguirre no toleró los estragos que el COVID-19 hizo en su cuerpo y murió sin que sus denunciantes tuvieran la oportunidad de verlo juzgado y condenado.
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