“En el crimen de María Marta García Belsunce hay dos culpables: el asesino y el fiscal Molina Pico”

Nunca hubo ninguna prueba de que Carlos Carrascosa hubiera matado a María Marta García Belsunce. Han pasado 18 años desde que murió en el baño de su casa en el country Carmel, de cinco tiros en la cabeza. No hubo testigos del asesinato, el arma homicida nunca apareció, ninguna prueba complicó al marido, no se encontró ni un solo testimonio sobre peleas o siquiera una discusión entre ellos. Jamás hubo infidelidades, desencuentros, abandonos o cualquier otro problema en la pareja. Sin embargo, toda la opinión pública se convenció de su culpabilidad y de la complicidad de miembros de la familia de la víctima. Un fiscal lo persiguió hasta que un tribunal lo absolvió del homicidio y lo condenó a una pena leve por encubrimiento. En un hecho inédito, una sala de la Cámara de Casación Penal revirtió su absolución y lo condenó a prisión perpetua. Después de pasar siete años en la cárcel, Carrascosa logró que se anulara ese fallo y se dictara uno nuevo que lo volvió a absolver.

En este caso hay dos culpables: el asesino de María Marta junto a sus cómplices y el fiscal Diego Molina Pico. Tal vez no sea tarde para encontrar al verdadero homicida, pero al otro culpable lo tenemos cerca, aún trabaja como fiscal en la zona norte de Buenos Aires. El documental Carmel que se estrena en Netflix permite entender algunos hechos fundamentales del caso, como la responsabilidad del fiscal en que no se sepa aún la identidad del asesino. El mismo Diego Molina Pico admite en los primeros capítulos haber cometido un “error”. Dice que debió haber ordenado una autopsia inmediata del cuerpo de María Marta, pero que no lo hizo. No es cierto que eso haya sido un “error”, fue un delito. En toda muerte violenta, que es la que proviene de accidente, suicidio u homicidio, debe ordenarse una inmediata autopsia. No hay lugar a interpretaciones del texto normativo, es una obligación que a ningún fiscal se le ocurriría incumplir.

Varias circunstancias pesaron en el ánimo del fiscal para tomar la decisión de permitir el entierro del cadáver, aunque ninguna lo exime de haber incumplido la ley. Entre ellas, la presencia de gente muy relevante en el velorio como el padre de María Marta, presidente de la Academia Nacional del Derecho, el fiscal de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica y otras personas muy bien vestidas que influyeron sobre el débil carácter de Molina Pico. El mismo Romero Victorica consintió el accionar del joven fiscal, a pesar de que había sido él quien lo había convocado -a instancias de Horacio García Belsunce-, y le dijo en tono sobreprotector al despedirlo “quedate tranquilo nene, esto fue un accidente, te lo dicen 50 años de carrera”. En una reunión previa en el lavadero de la casa, miembros de la familia le relataron lo que sabían del caso y le manifestaron algunas dudas, no compartidas por todos. De hecho, esas dudas habían provocado su presencia en el lugar junto al comisario Aníbal Degastaldi de la bonaerense. Un mes después, al ordenarse la autopsia, la bronca del fiscal brotó incontenible contra la familia. La disculpa que Molina Pico encontró para su ilícito accionar fue señalar la complicidad de la familia en el asesinato. De esa manera, el supuesto engaño del que habría sido objeto lo liberaba de responsabilidad. Pero para que esa excusa surtiera efecto debía demostrar el encubrimiento de la familia y, secundariamente, la autoría de Carrascosa. Al mismo tiempo, el escándalo que implicaba la complicidad de familiares acallaría las dudas de la prensa sobre su accionar.

No le resultó difícil encontrar supuestas pruebas de la culpabilidad de la familia en el encubrimiento del hecho. Ese fue siempre el objetivo de la investigación del caso. Nunca fue importante buscar al autor, ¿para qué? El fiscal solo admitía la culpabilidad de Carrascosa en el homicidio porque eso le justificaba la complicidad de la familia en el encubrimiento y viceversa. La investigación nació muerta. Solo se siguió la línea que involucraba al marido, descartando desde el inicio toda otra posibilidad. Seguir una pista diferente privaba al fiscal del justificativo para su “error”, que le podría costar su carrera judicial. Nunca iba a investigarse a nadie más.

En su afán de encontrar culpables de encubrimiento dentro de la familia encontró un aliado inesperado, la propia familia. La serie de torpezas, errores y tonterías cometidas por miembros de la familia y amigos de María Marta esa noche fue notable. Así aparecieron en el expediente y ante la opinión pública el “pituto”, “sácame la policía de encima”, “que no entre la policía”, “coimeálos si es necesario”, el certificado de defunción trucho, la gotita en la cabeza de María Marta, el no haber visto los cinco balazos y el haber lavado la sangre. Todos hechos interpretados por el fiscal y la opinión pública como de un brutal y contundente encubrimiento. En otro momento clave del documental, el mismo Molina Pico blanquea su retorcido razonamiento: “A partir de los encubrimientos se llega al asesino”, el fiscal reinventa todos los principios de la investigación penal. Descubrir al autor del crimen es el objetivo fundamental de una investigación y los posibles encubridores aparecen luego, nunca al revés. Resulta que el encubrimiento es un delito doloso, es decir que al realizar un determinado acto yo debo tener la intención de encubrir el delito principal. Si tiro al río una piedra, puede ser un acto intrascendente que no tiene mayor sentido; pero si con esa piedra se acaba de matar a una persona dependerá de si yo lo sé o no, para que se configure un encubrimiento. Cualquier acto que yo realice sin ser consciente de que estoy encubriendo un delito, no será encubrimiento. Es el caso de todo lo protagonizado por la familia y amigos de María Marta. Nadie de su familia sabía que había ocurrido un asesinato.

María Marta recibió cinco balazos en su sien izquierda. Estaban tan juntos que provocaron una masiva fractura del cráneo. El calibre era pequeño y la zona estaba poblada de pelos. Todo esto provocó el hecho más notable e increíble del caso: no se veían los balazos. Esto fue muy difícil de entender para varios periodistas que cubrieron el hecho y, por supuesto, para toda la opinión pública. “Es imposible no ver cinco balazos” bramaban los justicieros, y parecía que tenían razón. Cinco balazos, cinco agujeros… imposible no verlos. Familiares y amigos no los vieron, pero tampoco el primer médico en llegar a la casa para atender la emergencia. El médico Juan Gauvry Gordon no vio los agujeros a pesar de que fue el único en revisar el cuerpo de María Marta. En su declaración dijo haber palpado los agujeros, pero que los confundió con una lesión proveniente de un golpe. Los testimonios que aclaran esta situación y despejan toda duda son los de los médicos que hicieron la autopsia. Pocos saben que el día antes estuvieron presentes en la casa del country Carmel para observar las canillas de la ducha del baño. Tomaron medidas e intentaron imaginar la secuencia del golpe. Cuando estuvieron frente al cadáver de María Marta le retiraron todo el pelo para observar los golpes con claridad. Según lo que notaron en ese momento, los cinco orificios coincidían con las puntas de las canillas y el intercambiador de la ducha, las medidas eran similares. Los agujeros, dijeron, parecían ser “punzo cortantes” y no “punzo perforantes”, es decir que los identificaron como golpes y no balazos. Sin embargo, una herida acanalada en medio del cráneo les llamó la atención. Enseguida la reconocieron como un posible rebote de una bala. Eso les llamó la atención porque no coincidía con lo observado hasta el momento. Decidieron serruchar la calota y ver qué descubrían. Se sorprendieron mucho al encontrar dentro de la cabeza cinco proyectiles de arma de fuego. Preguntados sobre la posibilidad de que una persona que no fuera un médico pudiera haber descubierto los balazos, fueron muy sinceros y confesaron que, hasta ellos, expertos forenses, no se habían dado cuenta observando el cráneo sin pelo. No hubo ninguna duda, los agujeros de bala no se veían. Ni el médico, ni la familia, ni nadie, salvo el asesino, sabía de los balazos. Este dato es fundamental para entender que todos los hechos cometido por la familia y amigos no fueron parte de ningún encubrimiento. Todos ellos tuvieron una explicación razonable.

Antes de analizarlos es fundamental entender el apoyo que recibió Molina Pico de la corporación judicial de la provincia de Buenos Aires para inculpar a Carrascosa y a la familia. En el año 2002 hacía poco que un gran cambio en la justicia de la provincia había tenido lugar. Una ley dispuso que los jueces no investigaran más los casos penales. Los fiscales se harían cargo y los jueces pasarían a ser meros controladores de que se cumplieran las garantías del debido proceso. Esto convirtió al procurador general de la Corte Suprema de la provincia -jefe de los fiscales- en uno de los hombres más poderosos junto al gobernador. Era quien decidía sobre el impulso de todos los procesos penales. Eduardo de la Cruz detentaba ese cargo y era muy consciente sobre la importancia del cambio, quería llegar a ser gobernador. Apenas los cambios entraron en vigencia surgió un grave problema. Muchos de los fiscales no estaban en condiciones de llevar adelante una investigación penal. Carecían de experiencia y conocimientos suficientes, lo cual derivaba en que las causas eran manejadas por la policía de la provincia, auxiliar de la justicia. Esto generaba que la “maldita policía” lograra la impunidad en causas donde había efectivos involucrados, o negocios en donde participaba. Al mismo tiempo, en casos de alta exposición pública, comenzaron a verse los graves errores que fiscales inexpertos cometían. Esto alarmó a De la Cruz, que temía que la opinión pública descubriera los traspiés de algunos fiscales y presionara para revertir los cambios.

Con el objetivo de evitarlo creó un cuerpo de jóvenes abogados penalistas y lo llamó “policía judicial”. Eran los encargados de asistir a los fiscales en problemas suplantando a la policía bonaerense. Junto a ellos trabajaba un hábil y osado vocero de prensa de la procuración. De la Cruz descubrió tempranamente que el caso García Belsunce se convertiría en una bomba atómica mediática. Al conocer la conducta de Molina Pico en el expediente tomó conciencia de que podría explotarle en la cara. Consideraba al fiscal como uno de los peores de la provincia, pero no podía dejar que se hundiera porque arrastraría su propio futuro. Para evitarlo, juntó a su policía judicial y al vocero y les encomendó la tarea de defender la actuación de Molina Pico a toda costa y conseguir pruebas en contra de la familia. El vocero debía gestionar la filtración de datos incriminatorios para predisponer a la opinión pública en contra de los García Belsunce. Molina Pico respiró aliviado, de creer que sobrevenía el final de su carrera pasó a ser una celebridad. La policía judicial alteró pruebas, acosó testigos para conseguir declaraciones en contra de la familia y violó todas las reglas del proceso. El vocero, mientras tanto, filtraba datos amañados e informaciones incompletas que horrorizaban día a día a la opinión pública. Hicieron bien el trabajo sucio. Durante casi un año todas las tapas de Clarín y La Nación estuvieron dedicadas al caso. Como cuenta un periodista de Clarín en el documental Carmel, nunca se discutía cuál era la tapa, sino qué capítulo del caso García Belsunce tocaba contar. Para eso, el vocero dosificaba revelaciones escandalosas, gran parte de ellas falsas o malintencionadas.

El caso del certificado de defunción trucho es revelador sobre los usos y costumbres argentinos. Ante cualquier muerte ocurrida en un domicilio, la ley exige que se haga presente en el lugar un médico anotado en un registro especial para emitir un certificado de defunción, también la ley establece un procedimiento especial para enterrar a una persona en un distrito diferente al del lugar en donde ocurrió la muerte. Las casas de sepelios de la ciudad de Buenos Aires habían desarrollado un sistema muy práctico para evitar demoras en los entierros. Es normal que las familias deseen que los entierros no se demoren ya que hasta ese momento es difícil iniciar el doloroso duelo. Las funerarias decidieron agilizar el proceso y perfeccionaron un sistema veloz, aunque claramente ilegal. Jamás enviaban al médico a certificar la muerte, simplemente tenían una pila de certificados de defunción firmados por el profesional que serían rellenados por el personal de la cochería según indicaciones precisas. En el caso de Casa Sierra, a donde llegaron agotados emocionalmente Guillermo Bártoli y su amigo Michael Taylor, fue secuestrado por la justicia un instructivo para los empleados llamativo. En él se establecía que siempre debía colocarse como motivo de la muerte “paro cardio respiratorio no traumático”, además se indicaba si la persona moría en provincia y querían enterrarla en Capital Federal “había que hacerla morir en Capital Federal”. Eso significaba poner un domicilio de la ciudad en donde se consignaba el lugar de la muerte. Bártoli jamás se percató de la maniobra ilegal. El empleado de Casa Sierra tomó uno de los certificados firmados por el médico y lo rellenó como hacía siempre. Cuando se descubrió toda esta maniobra más de trescientos cadáveres fueron desenterrados, todos los certificados eran falsos y estaban firmados por el mismo médico. El especialista aparecía firmando certificados a la misma hora en lugares distintos, al mismo tiempo que no podía abandonar su casa por haber sufrido un accidente cerebro vascular. La “picardía” de las cocherías terminó con varios detenidos. La invalidez del certificado no fue responsabilidad de Guillermo Bártoli, sino de la casa fúnebre, sin embargo, este hecho engrosó las acusaciones de encubrimiento.

En cuanto al famoso “pituto”, no hay dudas de que fue una torpeza haberlo tirado en el inodoro -más allá de que desconocían la naturaleza de la muerte de María Marta-, pero hay un hecho que desbarata el argumento del encubrimiento. La información sobre el pedacito de metal fue provista por Horacio García Belsunce y por John Hurtig al fiscal antes de la autopsia. No resulta lógico pensar que quien quiere encubrir un crimen informa al fiscal sobre sus acciones. De no haberlo hecho, Molina Pico y la opinión pública jamás se hubieran enterado del bendito pituto.

El episodio de la gotita vale la pena ser destacado porque es revelador de la conspiración judicial en contra de la familia. El procurador De la Cruz cometió la insólita torpeza de mencionar en una nota con el diario La Nación que los agujeros de bala no se veían porque la familia los había pegado con el adhesivo “la gotita”. De dónde había sacado esa idea peregrina es un misterio que se llevó a la tumba. Lo cierto es que al momento de esa declaración aún no se había realizado ninguna pericia que permitiera afirmar semejante cosa. La defensa de Carlos Carrascosa denunció al procurador por sus escandalosas declaraciones y el tiro les salió por la culata. Para defenderlo, el fiscal ordenó una pericia química llevada adelante por peritos de la Corte Suprema de la provincia que dependían, casualmente, del mismo De la Cruz. La aparición de la gotita surtiría un doble efecto: salvaría al procurador y complicaría aún más a la familia. A nadie sorprendió que dicho adhesivo apareciera en dos de los orificios peritados. La gotita estuvo varios días en la tapa de todos los diarios. Mucho tiempo después, durante el juicio oral, pudo demostrarse la falsedad de las conclusiones de los peritos y la pericia fue descartada por el tribunal: nadie había pegado los agujeros.

La idea de lavar la sangre fue del médico Gauvry Gordon, impresionado por la escena que interpretó como accidental. El patrullero que debía ser coimeado para que no entrara y que Horacio García Belsunce había intentado parar nunca llegó siquiera al Carmel, se trató de una gran confusión. Todos y cada uno de los hechos interpretados como encubrimiento tienen una explicación lógica, además de partir de un hecho incontrastable, nadie sabía que María Marta había sido asesinada. En realidad, solo una persona del country parecía conocer lo que había ocurrido antes de que se hiciera la autopsia. Un joven problemático, con graves antecedentes dentro del Carmel hizo preguntas comprometedoras al día siguiente del hecho. En una estación de servicio cercana donde solía desayunar inquirió al mozo sobre el asesinato de una mujer en el country. Igual pregunta dirigió a una empleada del Carmel. Estas expresiones, sumadas a que fue visto por tres jóvenes a metros de la casa de María Marta segundos antes de que ella llegara al lugar, no provocaron la curiosidad del fiscal Molina Pico. Ese joven era Nicolás Pachelo.

La masajista Beatriz Michelini fue uno de los personajes claves del caso. Llegó a la casa minutos después de que Carrascosa encontrara a su mujer muerta. Pocos saben que una de sus habituales clientas era Inés Dávalos de Pachelo, mujer de Nicolás. Otra clienta habitual de fuera del country aportó su testimonio y relató que Michelini le había “chusmeado” que los Carrascosa guardaban un millón de dólares en su casa. Era la época del corralito, Carlos y María Marta no trabajaban y tenían un muy buen pasar. Carrascosa había vendido hacía poco tiempo una acción de la Bolsa de Comercio en varios millones de dólares. No es absurdo pensar que esa información pudo ser compartida también con la familia Pachelo, con un resultado inquietante.

En otro tramo del documental “Carmel” se le pregunta al fiscal Molina Pico sobre el móvil del crimen. Recordemos que al final de su investigación, al elevar el caso a juicio oral y público, sorprendió a propios y extraños al aludir a un supuesto hecho relacionado con el cártel de Juárez, una poderosa organización de narcotraficantes de Méjico. El argumento era tan absurdo como carente de pruebas. El fiscal lo abandonó rápidamente y durante el juicio oral simplemente omitió referirse al móvil. En el documental sostiene que nunca descubrió el móvil, pero que eso no es relevante ya que pudo probar la autoría del homicidio. Como se ha dicho, esto último es falso. En cuanto al móvil de un crimen, es cierto que, si está plenamente probado un crimen, ningún tribunal absolvería a un acusado por desconocer el móvil del asesinato. Pero en este caso es distinto. En primer lugar, nunca hubo ninguna prueba en contra de Carlos Carrascosa, pero lo que es mucho más importante es que, según el fiscal, participaron los familiares de la víctima. Desde el año 2002 hasta el presente se han producido cientos de femicidios, ¿en cuántos de ellos fueron cómplices los familiares de la mujer? La respuesta es fácil, en ninguno. Los familiares de la víctima suelen ser los más duros acusadores del femicida. Por eso, el fiscal debía indicar en este caso cuál había sido la poderosa razón para que toda una familia -y amigos íntimos- se hubiera complotado para encubrir al asesino. Nunca logró siquiera intentar una explicación coherente para un hecho que era repugnante al sentido común y a la condición humana. Este fiscal sostuvo que varios hermanos fueron cómplices del asesinato de su hermana, y nunca explicó por qué.

Hay una historia secreta detrás de los García Belsunce que tuvo mucho que ver con los hechos ocurridos en la noche del crimen. Tal cual lo relata Carlos Carrascosa en su reciente libro, la familia sufrió un acontecimiento muchos años antes que se convirtió en un escándalo social de proporciones. La madre de María Marta, Luisa 'Lucita" Galup Lanús, abandonó a su marido Horacio García Belsunce padre cuando ella tenía tan solo seis años. Lucita se casó con un hombre quince años menor, Constantino “Dino” Hurtig. Sus hijos Horacio, María Laura y María Marta se quedaron a vivir con su padre. La nueva pareja tuvo dos hijos más, Irene y John Hurtig. Para Horacio padre fue un golpe durísimo y en la alta sociedad se convirtió en la comidilla de la época. Los padres de María Marta nunca más se hablaron y solo se vieron de lejos en los casamientos de sus hijos. La familia quedó bajo el estigma de la vergüenza. La sorpresiva muerte de María Marta reflotó de nuevo la sensación de estar viviendo una situación perturbadora y potencialmente vergonzosa. El encuentro de Horacio padre y Lucita a los pies de la cama donde yacía muerta María Marta fue demasiado para sus hijos. La muerte de una hermana y ese inquietante encuentro los conmocionó. Solo conociendo esta historia pueden entenderse varios errores y torpezas cometidos esa noche por integrantes de la familia. Muchos de ellos fueron motivados por un antiguo deseo de evitar un nuevo escándalo.

El caso de la muerte de María Marta García Belsunce fue una bomba periodística única. Jamás un homicidio tuvo tanta repercusión en los medios de comunicación y generó tanto interés en la opinión pública. A fines del año 2002, la Argentina estaba saliendo de una crisis económica, política e institucional sin precedentes desde la vuelta de la democracia. El país había quebrado en todo sentido: default, corralito, pesificación, saqueos y presidentes que duraban días en el cargo. La gente estaba cansada de las malas noticias. La prensa sufría una brutal caída en ventas y ratings. La muerte de una mujer de alta sociedad en un elegante country de la zona norte llamó la atención. Pero el caso explotó cuando se afirmó que había sido asesinada por su marido con la complicidad de sus propios familiares. El caso provocó tanto entusiasmo que nadie se detuvo a pensar en que se trataba de una hipótesis muy exagerada. ¿Hermanos encubriendo el crimen de su propia hermana? ¿Por qué?

La verdad del hecho interpela a la mayoría del periodismo, que declinó la búsqueda de la verdad en pos de alimentar el deseo morboso de sus audiencias, a la justicia que incriminó y condenó a un inocente y a la sociedad, que disfrutó de un espectáculo siniestro sin preocuparse por la suerte de una familia desdichada. Los protagonistas de esta historia resultaron estigmatizados, destrozados emocionalmente y empobrecidos en lo económico. La justicia reparó tarde sus graves errores, mientras que el fiscal Diego Molina Pico jamás pagó por sus “errores”.

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