El Gobierno bonaerense llegó a un acuerdo con los presos amotinados y el 14 de noviembre regresarán las visitas familiares

Tras un conflicto que se inició hace varios días en diferentes penales de la provincia de Buenos Aires, fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) le confirmaron a Infobae que el sábado 14 de noviembre se habilitarán las visitas a la unidades penitenciarias de la Provincia, “dando estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública”.

El acuerdo desactivó una intensa y violenta jornada luego de que las visitas de los familiares de los internos resultaron suspendidas el 12 de marzo de este año para evitar la propagación del COVID-19 en las cárceles.

Los presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires volvieron esta semana a reclamar que se reanude el régimen de visitas y que mejoren las condiciones de alojamiento. Las protestas comenzaron el lunes pasado en la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde los internos anunciaron una huelga de hambre hasta que atendieran su pedido. Las manifestaciones luego se replicaron en otros complejos carcelarios. Y hoy los detenidos también tomaron los techos.

Fuentes penitenciaras le agregaron a este medio que “se pudo arribar a este acuerdo a través del funcionamiento de las mesas de diálogo que se conformaron en los penales de la Provincia y en donde participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos”.

Eso sucedió, por ejemplo, en el penal 10 de Melchor Romero, en La Plata. Allí los reclusos subieron a las terrazas, con los brazos envueltos en frazadas. Con el correr de las horas comenzaron a registrarse incidentes, a pesar de las palabras de uno de los internos: “Esto es pacífico, acá no hay quilombo. Estamos reclamando los beneficios que nos corresponden”.

Una versión que circuló entre los detenidos es que hubo muertos en San Martín. Fuentes judiciales le aseguraron a Infobae que no tenían confirmado de acuerdo a la información que recibían del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). “No es lo que están informando las autoridades penitenciarias”, dijo un alto funcionario en el fuero penal de San Martín.

Precisamente en las unidades de San Martín (46, 47 y 48) se vivieron momentos de mucha violencia. La situación más tensa se registró allí, en donde los reclusos tomaron a tres mujeres y cinco hombres (todos celadores) de rehenes. “Todos fueron liberadores con el correr de las horas”, precisaron fuentes del gobierno bonaerense a Infobae.

A medida que transcurrió la mañana de hoy se produjeron revueltas en otros complejos penitenciarios, como en la Unidad 13 de Junín, las Unidades 21 y 41 de Campana, la Unidad 40 de Lomas de Zamora y las Unidades 23, 24, 31 y 42 de Florencio Varela. En algunos casos, los detenidos hacen alarde de tener totalmente tomadas las instalaciones. En otros, el patio de los complejos son escenarios de enfrentamientos con agentes penitenciarios. Las filmaciones viralizadas muestran a los reclusos arrojando piedras y otros proyectiles, mientras de fondo se escuchan bombas de estruendo.

La Unidad N° 10 de Melchor Romero aloja a 150 detenidos, con la particularidad de que los ocupantes están al final de sus condenas. Es una de tres en la zona junto a la N° 34 para detenidos con diagnósticos psiquiátricos y la Alcaldía N° 3 donde están detenidos los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa.

Mientras tanto, afuera del penal se fueron aglutinando los familiares de los presos. Preocupados por sus seres queridos, se acercaron para saber qué es lo que estaba pasando. En su desesperación por querer ingresar a la cárcel, chocaron con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental la Policía Bonaerense que custodian todos los accesos. Así se produjeron discusiones elevadas de tono y empujones. La situación, afortunadamente, no pasó a mayores.

Presos de otras cárceles tomaron nota de la violencia que se registró en las unidades 47 y 48. “Ahora a los muchachos de San Martin van a tener que firmarles un papel con el fiscal y garantizarles lo que piden para que bajen un cambio”, dice a este medio uno de los referentes de la huelga de hambre en Florencio Varela. Allí, por lo pronto, todo continúa en estado pacífico. En San Martín y en Florencio Varela están el juez de Garantía y el defensor público Andrés López.

El enojo de los presos se acrecentó en las últimas semanas a medida de que se fueron flexibilizando las restricciones impuestas en el marco de la pandemia. Uno de ellos se quejó en un audio que se viralizó en las redes sociales: “No puede ser que la gente no respete el aislamiento. Abrieron hasta los shoppings y nosotros no podemos tener contacto con nuestras familias”.

Poco después del inicio de la cuarentena, los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vinculo con sus familiares. A través de los dispositivos, en cambio, se coordinaron para protestar en simultáneo y para difundir los disturbios.

La serie de protestas comenzó en la Unidad 24 de Florencio Varela. “Estamos reclamando los derechos que nos corresponden. El Servicio Penitenciario quiso jugar con nuestras familias: dijo que íbamos a tener visitas y cinco horas antes las suspendió. Muchas familias haciendo fila esperaron para entrar a la cárcel y no les importó”, expresó otro de los reclusos, en uno de los videos que grabaron para exponer su disconformidad.

En las imágenes de los videos registrados en la Unidad 42 se observa a los presos atrincherados en los pabellones, armados con facas y cuchillos. “Está todo ‘empalomado’ acá. Queremos visitas de nuestras familias, estamos todos los pibes acá afuera y vamos a ir por todo”, dijo uno de los detenidos. La situación se calmó con la llegada del fiscal Christian Granados y representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, quienes les prometieron soluciones en lo inmediato.

Sin embargo, las quejas continuaron en los otros penales de esa localidad, como la Unidad 1, la 10 y la 23, donde también se sumaron a realizar una huelga de hambre “pacífica”. Los internos de ese penal hicieron circular una foto en la que se muestran con un cartel con las consignas de la manifestación: “Libertad en tiempo y forma”, “domiciliaras a madres embarazadas y detenidos con pulseras y transitorias”, “libertad para niños en cárceles”, “conmutación de penas por pandemia”, “derecho a la visita”.

Las manifestaciones no son nuevas. Una vez que se conoció el primer preso con COVID-19, el miedo a que el virus entre a los penales se esparció entre los detenidos. Así se realizaron una serie de motines en La Plata y Florencio Varela, que produjeron escenas dantescas viralizadas por WhatsApp y en los que hasta un detenido murió a tiros.

Un contexto similar se vivió en el violento motín en el penal de Villa Devoto el 24 de abril pasado. Aquella vez los presos también se adueñaron de los techos de la cárcel con arpones y mantas, reclamando que no querían morir allí adentro infectados. El hecho ocurrió cinco días después del resultado positivo de Julián Arakaki, el primer preso infectado de coronavirus en el país.

A las pocas horas, el conflicto se zanjó y comenzaron una serie de mesas de diálogo entre los convictos y distintos funcionarios. Pero el miedo continuó y los contagios se multiplicaron dentro de las cárceles y comisarías.

Así lo marcó el último informe realizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Según el estudio, en el país hay 130 presos que se contagiaron COVID-19 en contexto de encierro. El informe divide los lugares de detención en dos: unidades penitenciarias y comisarías. En el primero hay 66 y en el segundo 64.

Uno de los últimos amotinamientos de detenidos tuvo lugar hace dos semanas, cuando un grupo de al menos 45 internos de la comisaría 4ta de Florencio Varela mantuvieron de rehén a un efectivo policial. En ese caso, pedían ser trasladados a una cárcel debido a la gran superpoblación del lugar. La dependencia policial donde se produjo el hecho tiene espacio para alojar a 18 personas.

Tras varias horas de negociación con efectivos del grupo Halcón, los internos liberaron al policía, que resultó ileso después de haber estado dentro del calabozo, amenazado con facas.

Fotos: Adrián Escandar

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