Crimen de Joaquín: identificaron el arma con la que mataron al adolescente en Córdoba y analizan las pistolas de los otros policías

La Justicia de la provincia de Córdoba ya tiene en su poder los resultados de la pericia balística hecha a las armas de los cinco policías detenidos por el asesinato de Joaquín Paredes, un adolescente de 15 años que murió de un tiro en la espalda mientras estaba con sus amigos en el pueblo Paso Viejo, muy cerca de la frontera con La Rioja.

Es decir que la fiscal que investiga el hecho, Fabiana Pochettino, sabe quién fue el agente que gatilló y atentó contra la vida del joven durante la madrugada del domingo pasado. Sin embargo, la identidad del policía no trascendió porque existe secreto de sumario, dado que los acusados todavía no declararon ante la Justicia.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el resto de las armas continúan bajo peritaje. “También intervienen las áreas de Telecomunicación y Química de Policía Judicial a cargo de otras pericias pendientes”, agregaron las fuentes.

Los policías detenidos se encuentran la cárcel de Bouwer en la ciudad de Córdoba y serán indagados después de que cumplan con el período obligatorio de aislamiento social preventivo por la pandemia de coronavirus, tal como dispone el protocolo penitenciario.

“Tenemos identificada el arma homicida y estamos esperando los resultados de las otras pericias para ver si las otras armas fueron disparadas o no. La investigación está a cargo de la fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje y la prueba está siendo recavada por la policía judicial y no por la policía de Córdoba. Ya solicitamos los turnos para la declaración indagatoria”, explicó la fiscal Pochettino.

Los policías detenidos son Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Jorge Luis Gómez (33) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26). Pochettino los acusó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policías y el de lesiones agravadas calificadas.

“Lo que yo pido es Justicia, que no se tape nada de nada”, reclamó ante la consulta de Infobae, Manuel Paredes, tío del adolescente y ex integrante de la misma fuerza que hace menos de una semana asesinó a su sobrino. El hombre agregó, contundente: “No te podés cargar la vida de alguien porque tenés uniforme. Hay que formar mejor a los agentes”.

El crimen de Joaquín, que se encuadra en los parámetros de otro caso de “gatillo fácil”, ocurrió durante la madrugada del domingo, después de que la enfermera del dispensario de salud del pueblo avisara al 911 que había unos jóvenes en la puerta del lugar queriendo entrar. Las familias de los chicos explicaron después del hecho que ellos habían ido porque un amigo se descompuso al tomar alcohol.

Lo cierto es que ante el llamado, acudieron varios patrulleros y les pidieron a los jóvenes que fueran a sus casas. Pero los chicos se quedaron y, según los testimonios de la gente del pueblo (un lugar con menos de 1.000 habitantes), volvieron y comenzaron con los tiros sin mediar palabra. Los jóvenes se dispersaron a las corridas. A Joaquín una bala le entró por el omóplato y se le incrustó en el corazón. Otros dos chicos resultaron heridos de bala pero están fuera de peligro y un tercero se lastimó con un alambre de púa al huir del ataque.

“Estos niños vieron a los policías a los tiros. Se levantó todo el pueblito. Al que entreviste en Paso Viejo le va a decir ‘acá jamás se escucharon tiros de la policía’ porque era un pueblo tranquilo, no pasa una mosca”, explicó Manuel, atormentado por un pensamiento: “No me canso de pensar por qué actuaron así. No andarían lúcidos, no estaban en sus cabales. Quizás estaban pasados de bebida u otra cosa, drogados, francamente le digo. Para colmo los policías son del mismo pueblito. Se conoce todo el mundo. A uno lo conocía de cuando era chico”.

Los testigos aseguraron que durante el tiroteo frente al dispensario la enfermera del lugar se metió en el baño por el susto y cuando los chicos reclamaron que atienda a los heridos de bala, no abrió. Entonces los jóvenes fueron a protestar a la comisaría donde, según algunos testimonios, también los recibieron a los tiros. “No conseguían ambulancia y fueron los chicos a pedir porque todavía estaba vivo Joaquín”, dio su versión Manuel.

El crimen de Joaquín astilló la tranquilidad del Gobierno de Córdoba. Por eso el último martes presentó un nuevo protocolo destinado a la policía provincial, en el que prohíbe la utilización del arma de fuego para disparar contra una multitud o hacia un auto en movimiento, o como herramienta de disuasión frente a la fuga de un control vehicular.

Así lo anunció el ministro de Seguridad de esa provincia, Alfonso Mosquera, quien advirtió que el uso del arma debe ser una “excepción excepcionalísima”. El Protocolo de Actuación Policial Para Uso Legal y Racional de la Fuerza tiene como objetivo erradicar posibles hechos de "gatillo fácil' como los que ocurrieron durante este año, entre ellos el que terminó con la vida de otro adolescente, Valentino Blas Correa, de 17 años.

Las prácticas de violencia institucional de la policía cordobesa se profundizaron en el contexto de las medidas de prevención de la pandemia. Según contabilizaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de derechos humanos de la provincia, ya se detectaron al menos ocho asesinatos de marzo a esta parte por parte de la fuerza de seguridad provincial. La gran mayoría fueron contra jóvenes varones y pobres.

Desde que se decretó el ASPO se denunciaron siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con muertos, además del de Joaquín: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28 años); en Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho; en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado; hace pocas semanas, enterraron a José Ávila (35 años) asesinado en Villa El Libertador por dos policías.

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