Manuel Paredes recuerda la escena y su voz se parte en dos y se pierde en el silencio. La escena que aparece en su memoria es fresca, nueva, increíble. Se trata del primer almuerzo familiar sin su sobrino, Joaquín Paredes, de 15 años, asesinado por la espalda el domingo pasado a manos de agentes de la Policía de Córdoba en el pequeño pueblo Paso Viejo, casi en la frontera con La Rioja. En esa comida, posterior al entierro, Beatriz, su abuela, la que lo había criado, puso un plato más y rogó a los comensales: “No lo saquen, Joaquín está por venir. Dejen el plato que ya viene a comer".
“Y nos miramos a la cara, agachamos la cabeza”, solloza Manuel, de 72 años, ex policía como su hermano Esteban (67), el hombre que crió a Joaquín, el abuelo en términos biológicos, pero el padre en los sentimentales. El chico asesinado por la policía en Paso Viejo le decía “papá” porque era él quien lo crió realmente, con sus padres dedicados al trabajo en la capital de la provincia.
El caso parece resuelto pero no. Hay cinco policías detenidos, acusados por el homicidio agravado. Sin embargo, la fiscal del caso, Fabiana Pochettino, mantiene la investigación a pleno. Espera el resultado de las pericias balísticas para saber del arma de quién salió la bala que luego entró al cuerpo de Joaquín por el omóplato y se atascó en su corazón.
“Lo que yo pido es Justicia, que no se tape nada de nada”, reclama Manuel Paredes, quien a la fuerza se transformó en el vocero de la familia, ante el dolor inmanejable de su hermano Esteban, quien también fue policía.
Manuel Paredes prestó servicio a la policía de su provincia durante 24 años. En su familia, además de Esteban, hay otros tres integrantes que pertenecen a la fuerza que mató a Joaquín. Y dos primos de la víctima estaban por ingresar, pero ahora cancelaron la idea, indignados con lo que ocurrió. “No te podés cargar la vida de alguien porque tenés uniforme. Hay que formar mejor a los agentes”, reclama el hombre.
“Trabajé muchos años en la Policía y no les puedo decir policías a estos tipos, ni a un perro se lo mata así”, comenta, con una furia suave. Los investigadores creen que los agentes bajaron a los tiros, después del llamado de una enfermera que estaba haciendo guardia en el dispensario del pueblo y que, de acuerdo con algunas versiones, no atendió a los chicos por miedo a que le robaran.
Los amigos y familiares de Joaquín dicen que se acercaron al centro de salud porque se había descompuesto un amigo. Lo cierto es que el llamado a la comisaría por parte de la enfermera provocó que los patrulleros del destacamento se acercaran y les pidieran a los jóvenes que volvieran a sus casas.
Los chicos dijeron que sí, que se iban, pero se quedaron y los policías regresaron minutos más tarde y, según cuentan los Paredes, empezaron a los tiros sin mediar palabra. Por eso a Joaquín la bala le da por la espalda: huía de ellos. Además del chico muerto, otros dos jóvenes terminaron heridos de bala y uno más lastimado al intentar saltar un alambrado de púa presa del miedo.
“Estos niños vieron a los policías a los tiros. Se levantó todo el pueblito. Al que entreviste en Paso Viejo le va a decir ‘acá jamás se escucharon tiros de la policía’ porque era un pueblo tranquilo, no pasa una mosca”, explica Manuel, atormentado por un pensamiento: “No me canso de pensar por qué actuaron así. No andarían lúcidos, no estaban en sus cabales. Quizás estaban pasados de bebida u otra cosa, drogados, francamente le digo. Para colmo los policías son del mismo pueblito. Se conoce todo el mundo. A uno lo conocía de cuando era chico”, cuenta.
Los testimonios aseguran que durante los tiros frente al dispensario la enfermera del lugar se metió en el baño por el susto y cuando los chicos reclamaron que atienda a los heridos de bala, no abrió. Entonces los jóvenes fueron a protestar a la comisaría donde, según algunos testimonios, también los recibieron a los tiros. “No conseguían ambulancia y fueron los chicos a pedir porque todavía estaba vivo Joaquín”, da su versión Manuel.
Los policías detenidos son Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Jorge Luis Gómez (33) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26). Pochettino los acusó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policías y el de lesiones agravadas calificadas. Los agentes fueron trasladados el martes a la cárcel de Bouwer, en la capital provincial.
El crimen de Joaquín astilló la tranquilidad del Gobierno de Córdoba. Por eso ayer martes presentó un nuevo protocolo destinado a la policía provincial, en el que prohíbe la utilización del arma de fuego para disparar contra una multitud o hacia un auto en movimiento, o como herramienta de disuasión frente a la fuga de un control vehicular.
Así lo anunció el ministro de Seguridad de esa provincia, Alfonso Mosquera, quien advirtió que el uso del arma debe ser una “excepción excepcionalísima”. El Protocolo de Actuación Policial Para Uso Legal y Racional de la Fuerza tiene como objetivo erradicar posibles hechos de “gatillo fácil' como los que ocurrieron durante este año, entre ellos el que terminó con la vida de otro adolescente, Valentino Blas Correas, de 17 años.
Las prácticas de violencia institucional de la policía cordobesa se profundizaron en el contexto de las medidas de prevención de la pandemia. Según contabilizaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de derechos humanos de la provincia, ya se dieron ocho asesinatos de marzo a esta parte, la gran mayoría contra jóvenes varones y pobres.
Desde que se decretó el ASPO se denunciaron siete casos de uso de la fuerza letal que terminaron con muertos, además del de Joaquín: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28 años); en Barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23 años) fue asesinado por balas policiales en un confuso hecho; en barrio Los Paraísos, Osvaldo Velázquez murió tras enfrentarse con un policía retirado; hace pocas semanas, enterraron a José Ávila (35 años) asesinado en Villa El Libertador por dos policías.
Y en la Ciudad de Córdoba, el pasado 6 de agosto a la madrugada, policías de la provincia fusilaron a Valentino Blas Correas, un chico de 17 años que viajaba en auto con sus amigos. Agosto terminó con un caso más: en la localidad de Alta Gracia, según la versión oficial, hubo una persecución policial y se produjo un “disparo accidental” con la detención e imputación del sargento primero Marcelo Barrionuevo. A estos casos fatales se agregan un caso en la localidad de Bell Ville (el 29 de marzo) y otro (el 21 de agosto) en la localidad de San Francisco, donde policías de la Provincia dispararon a jóvenes en el marco de controles callejeros en los que las víctimas resultaron ileso, uno y con heridas, el otro.
Joaquín soñaba con jugar al fútbol en Primera. Se había ido a vivir con sus padres a Córdoba capital para probar suerte en los equipos grandes de la Provincia, Belgrano, Talleres e Instituto. Pero ante la pandemia, quiso volver a Paso Viejo, a la casa de sus abuelos Esteban y Beatriz. Por eso este año se dedicó a estudiar (cursaba el 3er. año de la secundaria) y trabajaba en el cultivo de la papa.
“Era una persona hermosa, muy repetuosa, tranquila. Jugaba muy bien al fútbol. Era terrible, grandote. Jugaba de 9. Lo querían llevar a Buenos Aires a jugar. Había vuelto a Paso Viejo en febrero, justo antes de la pandemia, y se juntaba con los amiguitos, chicos, de 14, 15 años. Estos niños vieron a los policías a los tiros”, dice Manuel, y entre lágrimas se pregunta: “Por más que haya justicia, ¿lo van a hacer vivir de nuevo? Al chico no lo devuelven más. Tenía una vida por delante. El 2 de noviembre cumplía 16. Solo con el dolor que tenemos, la herida no se va a cerrar”.
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