Rodrigo Roza, el hombre que apuñaló y mató a Juan Pablo Roldán, el inspector de la Policía Federal que intentó detenerlo a metros del museo Malba en Figueroa Alcorta mientras esgrimía una hoja afilada envuelta en cinta aisladora el 29 de septiembre pasado, falleció en el Hospital Fernández al día siguiente, donde fue operado tras recibir varios disparos del policía al que mató. Un imputado muerto suele significar que ya no hay causa. Sin embargo, la jueza Alejandra Provitola avanza en la investigación como subrogante del Juzgado N° 14.
Hay, quizás, una responsabilidad por determinar.
La familia de Roza, particularmente su madre de 81 años, con la que convivía en un departamento cercano a la escena del crimen, no tardó en declarar. Hablaron de la salud mental del asesino, aseguraron que vivía bajo un diagnóstico de esquizofrenia y que se encontraba medicado, bajo tratamiento psiquiátrico, con una conducta errática, vaivenes en su estado de ánimo.
La Policía de la Ciudad allanó su departamento en la calle Salguero horas después del hecho para encontrar cajas de medicamentos vacías. Al día siguiente, mientras que Roldán era sepultado en Chacarita bajo la venia de una guardia de honor con la cúpula de la fuerza, sus compañeros de la Policía Montada y la presencia de su caballo Místico, Provitola ordenaba otros procedimientos: pidió allanar las oficinas de un servicio porteño de medicina prepaga y una serie de consultorios externos.
El blanco era, precisamente, la historia clínica de Roza.
Hoy, esa historia clínica es parte de la causa: fuentes con acceso al expediente confirmaron a Infobae que los documentos acreditan el diagnóstico de esquizofrenia de Roza. Hay, por otra parte, otros relatos de la familia: cerca de Roza declararon que el asesino de Roldán había tenido “brotes” el día del crimen y el día anterior.
Por esos brotes, aseguraron los Roza, llamaron a su psiquiatra. Tras salir de su casa el 29 de septiembre por la tarde, Roza desenfundó un cuchillo que llevaba en su mochila –junto a otros elementos de parafernalia religiosa como estampitas de santos, crucifijos, un cáliz de misa, revistas y hasta un pistolón del siglo XVII– para luego amenazar a los efectivos a los gritos: “A ver a quién le toca morir ahora”, lo escucharon decir. Luego, caminó hasta Avenida Figueroa Alcorta al 3300, donde finalmente mató al policía que lo seguía.
La jueza Provitola, precisamente, investiga si el especialista que trataba al asesino puede ser considerado responsable en alguna forma del brutal crimen a través de una negligencia médica.
Provitola, según fuentes del expediente, intenta profundizar en la respuesta del psiquiatra en los días del hecho. Hay otra herramienta con la que cuenta la jueza además de la toma de testimonios: una pericia psiquiátrica en profundidad encargada al Cuerpo Médico Forense. La familia también objeta cuestiones en la administración de su medicación y en las sustancias que le eran recetadas. Se extrajo sangre del cuerpo de Roza para un análisis toxicológico completo, para determinar qué fármacos tenía en el sistema y en qué volumen, un resultado que se contrastará con especialistas.
Todavía no se arriesga en el marco de la investigación una hipotética calificación penal para el psiquiatra de Roza si es que se comprueba una negligencia de su parte en tratarlo. El razonamiento es novedoso en Tribunales. No es frecuente un médico es cuestionado por los delitos cometidos por sus pacientes. Por otra parte, rara vez se encuentra un homicida con un perfil psiquiátrico tan detallado, con un médico responsable de su salud mental. Lo que decida Provitola, si es que es avalado por una instancia superior, puede ser pionero.
Por otra parte, no es la primera vez que la jueza introduce esta posibilidad: meses atrás procesó a un psiquiatra al que consideró responsable del suicidio de uno de sus pacientes, una decisión que fue revocada por la Cámara Criminal y Correccional.
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