Un joven de 27 años que intentó instalar una casilla en un terreno privado ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre, murió desangrado tras ser baleado por el dueño de la propiedad, quien quedó detenido junto a su hermano, que lo ayudó a defender el lote.
El hecho se conoció recién este sábado, pero se produjo el viernes por la noche en la esquina de las calles Godoy Cruz y Rivarola. La víctima fatal fue identificada posteriormente como Marcos Javier Verón, que falleció mientras era atendido en un hospital cercano.
Tras el ataque, la Policía se hizo presente en el lugar y detuvo a dos hombres de 47 y 42 años, que serían los propietarios del predio que aparentemente Verón intentaba ocupar de forma ilegal junto a otras personas. Más tarde, el mayor de los hermanos recuperó la libertad, mientras que el menor de ellos permanecía preso, acusado de ser el autor de al menos ocho disparos que terminaron con la vida del joven.
Todo comenzó cuando Verón, junto a un grupo de cómplices, intentó ocupar esta propiedad de forma ilegal, pero se encontraron con los dos dueños del terreno, quienes se resistieron a la toma. En el marco de la pelea, uno de ellos le efectuó a la víctima un disparo en una pierna, por lo que cayó gravemente herido.
El lesionado fue llevado de urgencia al Hospital Magdalena Martínez, situado sobre la calle Williams al 166, en la vecina localidad de General Pacheco, donde murió minutos después de comenzar a ser asistido por los médicos de guardia del lugar.
En el caso tomaron intervención efectivos de la Comisaría 4ª de Benavídez, cuyos efectivos, tras algunas averiguaciones, detuvieron a los dos hermanos involucrados, aunque finalmente solo el más joven de ellos quedó detenido.
El hombre quedó a disposición de la fiscal local Laura Capra, que depende del Departamento Judicial de San Isidro. La causa fue caratulada como “homicidio”, aunque, según trascendió, se contemplaba la posibilidad de que el autor del disparo mortal haya actuado en defensa propia.
El hecho se da en el marco de una creciente ola de usurpaciones, tanto en Buenos Aires como en algunas provincias del sur del país, que a nivel bonaerense tiene como una de las tomas más importantes la de Guernica, en el partido de Presidente Perón.
La situación preocupa tanto a las autoridades que la administración de Axel Kicillof armó una mesa de diálogo o de consenso, integrada por todos los involucrados en el conflicto, funcionarios, organismos de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y, entre otros, partidos de izquierda y organizaciones sociales.
Días atrás, los delegados de las familias que aún permanecen en el lugar, le escribieron una Carta Abierta al Presidente Alberto Fernández, en la que le pidieron que le solicite al juez Martín Miguel Rizzo, a cargo de la causa que se inició por esta ocupación ilegal, que deje “sin efecto la orden de desalojo y avanzar en soluciones concretas asignando ya mismo lotes a las familias asentadas en Guernica”.
Recientemente se conoció otra usurpación, en este caso protagonizada por personas que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche y que se instalaron en un terreno privado de El Foyel, a 70 kilómetros de la ciudad de Bariloche, e incluso mantienen cautivos a los propietarios originales del predio.
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