Indignante: mataron a una mujer en Entre Ríos y un juez envió a la casa a los acusados porque se demoró un trámite

Mariela Costen tenía apenas 110 pesos tenía en la billetera el 20 de julio del año pasado, cuando ella y su amiga Ana Laura salieron a comienzos de la madrugada en una fiesta por el día del amigo en Concordia, provincia de Entre Ríos. Caminaron algunas cuadras para volver a su casa cuando fueron emboscadas. Dos delincuentes las pusieron contra la pared y las obligaron a entregar sus pertenencias. Mariela les dio los $110, lo único que tenía encima. Los asaltantes les gritaron más de una vez: “No se den vuelta carajo, no nos miren”. Por alguna razón, probablemente una acto reflejo, Mariela, ama de casa de 44 años, giró su cabeza y vio a los ojos a quien se convertiría en su verdugo. En pocos segundos uno de los ladrones tomó de la cintura un revólver calibre 22 y la ejecutó de un disparo en la cabeza.

Los asesinos fueron atrapados y pese a que seguramente serán condenados a prisión perpetua, la Justicia entrerriana los mandó a la casa. En últimas horas un juez les concedió, de manera inexplicable, la prisión domiciliaria amparándose en un conflicto por $600.

“Yo no tengo una explicación jurídica. Desde el punto de vista legal no se puede comprender lo que decidió el juez. No se justifica de ninguna manera. Los defensores de los acusados dilataron la causa y los premiaron dándoles la domiciliaria. Realmente no lo puedo entender”, le dice a Infobae, todavía sorprendido y visiblemente molesto, el fiscal de la causa Martín Núñez.

Ramón Almada y Félix Batalla, los dos procesados ahora beneficiados por la justicia, estuvieron prófugos durante más de un mes hasta de que finalmente fueron capturados y enviados a la Unidad 3 de Concordia.

En la causa existen numerosas pruebas que los ubican en la escena del crimen, entre ellas la descripción de la amiga de Mariela, el testimonio de un testigo que vio todo a pocos metros, seguimientos de más de 50 cámaras de seguridad, pericias que indican que la moto en la que escaparon luego del asesinato es la misma que se encontró cuando fueron capturados.

Hay más. Almada, que se presume que es quien disparó, tiene dos causas previas elevadas a juicio. Una por lesiones graves, ya que baleó en la pierna a un vecino y otra por desobediencia judicial. “Este dato es fundamental porque hace que se entienda aún menos todo. Lo van a condenar a perpetua y el juez lo manda a la casa y encima ya tenía un expediente por no hacerle caso, justamente, a la justicia”, dicen el doctor Jesús Penayo, abogado de la familia de la víctima.

El juez de garantías que firmó la domiciliaria de los acusados es Eduardo Degano. Lo hizo a pesar de que existe una pena en expectativa altísima y de que no se había cumplido ni la mitad del tiempo máximo para que una persona esté en preventiva.

Entonces, ¿en que se basó el juez Degano para firma la domiciliaria? La respuesta es, cuanto menos. llamativa.

En noviembre del año pasado, luego de cuatro meses de investigación, tanto la fiscalía como los representantes de la familia de Mariela le pidieron al juez de instrucción Darío Mautone que eleve la causa a juicio, ya que había pruebas de sobra en el expediente. Cuando estaba por darse la elevación, la defensa de Almada hizo un pedido. Solicitó que se envié un exhorto a Facebook en California para que la empresa informe los mensajes privados que había recibido Ana Laura, la amiga de Mariela, antes de declarar para despejar dudas sobre si había sido influenciada por alguien.

“La solicitud es claramente para estirar los tiempos. Todos saben que eso no va a prosperar porque Facebook jamás informa conversaciones privadas de sus usuarios. No lo hizo en causas muchos más grandes, menos en esta”, dice una fuente judicial.

Casi todos en los tribunales de Concordia dieron por hecho que el juez Mautone iba a rechazar la solicitud. Se equivocaron. No solo la dio por válida, suspendiendo el inicio del juicio oral, sino que tardó más de seis meses en responder. La excusa para su demora: dijo que el oficio se le había traspapelado.

Finalmente decidió que el trámite tenía que correr por cuenta de los abogados que la habían solicitado, como indica el Código Penal en Entre Rios, incluyendo el dinero que cuesta mandar la carta documento a Cancillería para que luego sea enviada a Estados Unidos: un total de $600.

Ante esto, ya para mitad de este año, el fiscal Núñez volvió a pedir que se eleve a juicio. Para eso se realizó una segunda audiencia en la que la defensa curiosamente explicó que no tenían dinero para mandar el exhorto y nuevamente presentaron un recurso para que sea la Justicia la que se haga cargo.

“Es mentira que no tienen la plata porque Almada, el que para nosotros es el asesino, está preso por lo que no tiene gastos y encima cobra el IFE, es decir que sí le entra plata”, asegura el abogado de la familia de la víctima.

En paralelo a esto, en todo el tiempo transcurrido, los acusados solicitaron 52 audiencias y presentaron 14 apelaciones pidiendo la prisión domiciliaria. “Una cantidad exorbitante de recursos, fuera de lo común”, confían en los tribunales entrerrianos. En los últimos días el caso llegó a la Cámara de Casación provincial que le ordenó al juez Degano, magistrado de Garantías, que decida de una vez por todas sobre el famoso exhorto a Facebook y sobre los múltiples pedidos de domiciliaria.

La resolución del juez dejó boquiabierto a todos. Inclusive a los abogados de los acusados que ni en sus pensamientos más optimistas imaginaron el desenlace.

En un documento de 6 páginas, al que pudo acceder Infobae, el magistrado explica que el hecho de que el juez de instrucción “traspapeló” el exhorto a Facebook perjudicó a los dos detenidos: “Que hayan transcurrido 9 meses sin librar el oficio a Facebook atenta contra el plazo razonable de toda investigación lo que provocó en los imputados la denominada ‘situación de incertidumbre’ debido a que no saben cómo va a terminar el proceso ni muchos menos cuando. Debe recalcarse que una de las garantías con la que cuentan los sospechosos es la celeridad en el proceso”, aseveró. También hace mención a la supuesta imposibilidad del acusado de abonar la prueba que el mismo solicitó.

En otro párrafo del escrito, el juez Degano escribe que, según su parecer, los imputados no pueden perjudicar la causa estando en sus domicilios.

“Para nosotros está más que claro que pueden complicar la causa. Primero porque hay dos testigos claves que tiene que declarar en el juicio y pueden ser amedrentados, ya que ahora los dos acusados tienen acceso libre a internet y teléfonos. Ana Laura, la testigo que estaba a centímetros de la víctima cuando la asesinaron, tardó tres meses en poder declarar y lo tuvo que hacer acompañada de una psicóloga. Cuando tuvo que reconocer al que disparó se puso a llorar y se orinó encima. Imagínese si los testigos no son permeables a ser apretados”, aclara el fiscal Núñez.

Un dato que inquieta a la fiscalía y a la querella es que, si bien se ordenó que los dos tengan tobillera electrónica, en el caso de Almada cumple la domiciliaria en un barrio muy precario, que no cuenta con una buena cobertura de teléfono para la conexión adecuada de la tobillera y, encima, está a pasos de uno de los accesos a Concordia. “Si decide escaparse, hasta que suena la alarma en la central y van a ver que pasó, el tipo ya hizo por lo menos 50 kilómetros”, alarma una fuente judicial.

Detrás de todo este entramado judicial que mezcla retrasos, negligencias, olvidos y fallos inexplicables hay una familia fuertemente golpeada por esta decisión. Silvia Costen, la hermana de Mariela, es la que alza la voz ante este medio para pedir justicia: “No entendemos nada. Solo pedíamos justicia y ahora nos venimos a enterar que los mandan a la casa que es como soltarlos. Mi papá está destrozado. Encima que le matan a la hija lo hacen pasar por todo esto. Pasan los días y nadie me sabe explicar porque los tipos no están en una cárcel”.

Nadie en la Justicia se animó a explicárselos, quizás, porque no hay explicación.

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