Rosario atraviesa en las últimas tres semanas una escalada de balaceras y crímenes que la llevaron nuevamente a estar ubicada como una de las ciudades más violentas del país. En los 262 días que lleva el año se cometieron 146 asesinatos en el departamento Rosario; y en los 18 días de septiembre ya hubo 18 homicidios, un promedio de uno por día. Entre las víctimas también se encuentran personas que eran ajenas a los objetivos de los sicarios, como el caso de Ticiana Espósito, una adolescente de 14 años, hija de un policía que el lunes pasado recibió un tiro mortal en la cabeza en medio de una ráfaga de disparos a casas vecinas mientras lavaba los platos en su domicilio de la zona oeste.
El fenómeno tiene varias causas. La guerra de bandas narco es la principal, donde Los Monos disputan a balazos porciones de territorios en los diferentes barrios de Rosario con otras organizaciones. Esa pelea tiene un único lenguaje: tiros. Actualmente los puntos “calientes” están en la zona sur, desde el barrio República de la sexta hasta la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez; la zona norte y noroeste, en los barrios Empalme Graneros, Ludueña y Casiano Casas; y en la zona oeste, en los barrios Bella Vista, Santa Lucía y Cabin 9 (éste último, en el límite entre Rosario y Pérez).
En estos violentos ataques, los instigadores y los sicarios contemplan la posibilidad de víctimas inocentes; está dentro del “margen de error” acribillar a una persona que no era a quien se buscaba herir o asesinar. El caso de Ticiana Espósito es uno. Otro podría ser el de Emiliano Soto, un chico de 18 años que jugaba al fútbol en Argentino de Rosario –club del ascenso– y recibió dos balazos el sábado 12 de septiembre mientras manejaba su moto. Familiares aseguraron que los transas que lo atacaron lo “confundieron” con otra persona. Desde la Justicia local no descartan ninguna hipótesis.
Por el crimen de Ticiana Espósito hay cuatro personas detenidas. Tres fueron imputadas el jueves como coautoras del homicidio ocurrido en Magallanes al 2700. Todos quedaron bajo prisión preventiva efectiva sin plazo por decisión de la jueza Valeria Pedrana.
El fiscal Ademar Bianchini indicó que los acusados –Axel Ibáñez, Joel Ibáñez y Brian Ibarra– sabían el horario y el lugar en el que tenían que ejecutar el ataque. Precisó que efectuaron diez disparos contra distintos domicilios, entre ellos el de la adolescente. El cuarto sospechoso es Gustavo Borda, el conductor del taxi en el que huyeron los sicarios.
Las muertes de inocentes, las camas que se necesitan y el pacto de resistencia contra Los Monos
Ese “margen de error” de los gatilleros que se traduce en vidas humanas fue explicado fácticamente en un juicio que concluyó este miércoles en Rosario. Dos jóvenes de 18 y 25 años el 10 de abril de 2018 fueron a dejar un mensaje mafioso a un quiosco de droga de la competencia en la zona sur. El instigador solo dio una orden: si dejaban a “alguien tirado” les pagaba 20 mil pesos.
Efectivamente, un joven de 25 años que estaba de paso en el lugar sufrió seis heridas de arma de fuego que lo dejaron al borde de la muerte. No tenía nada que ver con el búnker, la droga ni su economía ilegal según el fiscal del caso Gastón Ávila. Los sicarios resultaron condenados: 15 años para Luis Samaniego, quien manejó la moto; 19 para Agustín Álvarez, el que jaló el gatillo por plata.
La escalada de violencia preocupa tanto a las autoridades del Ministerio de Seguridad como a las del Ministerio de Salud, ya que en el Gran Rosario en tiempos de pandemia del coronavirus el sistema público y privado está “al límite” por la ocupación de camas. Según declaró la presidenta de la Asociación de Médicos de la ciudad Ángela Prigione, por día ingresan en hospitales “entre cuatro o cinco heridos de arma de fuego, lo que conlleva ocupación de camas en áreas críticas, demanda de personal y respiradores”.
En el último tiempo se combinaron dos situaciones que podrían ser parámetros para explicar parte de la escalada de violencia que atraviesa Rosario. Por una parte, se restringió el negocio narco –hay menos dinero en la calle y las disputas se dan por copar zonas–. Por otro lado, hace aproximadamente dos semanas llamó la atención en investigadores locales una “alianza” entre cuatro jefes de distintas organizaciones criminales que están presos. Casualmente, todos son enemigos de Los Monos y cuentan con estructuras de soldaditos y sicarios.
Para comprender la actual disputa narco cabe explicar que aquella foto de Los Monos en el juicio donde fueron condenados por la Justicia provincial ya no existe. La banda se reconstruyó, tiene como líder a Ariel Máximo “Guille” Cantero y su principal ingreso además de la droga son las extorsiones a comerciantes y sindicatos. El resto de los conocidos cabecillas, para los fiscales, ya no están dentro de la organización.
El famoso clan ahora se redujo a un único eje: “Guille” Cantero. Hay cerca de diez bandas rústicas con poder de fuego y un alto nivel de violencia que supuestamente son dirigidas por el jefe preso en el penal federal de Marcos Paz. Algunos delincuentes, creen investigadores, “trabajarían” directamente para Guille; otros se ofrecen para a ejecutar ataques para él con el objetivo para recibir cierto “status” en el mundo del hampa; otros directamente le pagan un dinero por mes para operar dentro de su territorio.
La guerra narco entre bandas arroja números escalofriantes. De los 146 homicidios ocurridos este año, 9 fueron en ocasión de robo; 37 por “conflictos interpersonales”; 70 estuvieron vinculados a organizaciones criminales y a la economía ilegal; y 28 están en investigación, según sostiene entre otros datos y números el Observatorio de Seguridad Pública elaborado por el Ministerio de Seguridad, Fiscalía General y el Ministerio Público de la Acusación.
Los que más mueren en Rosario por esta serie de factores son los más jóvenes. La franja etaria con mayor cantidad de víctimas (33) está ubicada entre los 20 y los 24 años, seguida por (29) la franja etaria de entre 25 y 29 años.
Los crímenes, en general, suelen tener la misma mecánica mafiosa: sicarios que gatillan desde un vehículo en movimiento –generalmente robado previamente– en la calle contra sus objetivos. De hecho, 116 de los 146 homicidios ocurrieron en la vía pública, según el Observatorio de Seguridad Pública.
Otro dato relevante en esta cadena es el mercado negro de balas y armas de fuego, que proliferan principalmente en los barrios con mayor nivel de vulnerabilidad económica, el mismo que es a veces retroalimentado por la propia policía. Un agente de la policía santafesina llegó a denunciar cuatro veces en el mismo año que le robaron su pistola reglamentaria, de acuerdo a las actuaciones que tiene en la Agencia de Control Policial. Más de dos mil armas fueron incautadas en la provincia en lo que va del año; una pistola “fresca”, sin trazabilidad, puede cotizar 50 mil pesos en el mercado negro.
Un asesinato vinculado a organizaciones criminales en Rosario es también la antesala de una búsqueda de venganza, que se traducirá en balaceras y tal vez un nuevo crimen. A modo de ejemplo, el viernes 11 de septiembre mataron a tiros a Iván Leguizamón, un joven de 24 años, en el barrio Santa Lucía. El lunes siguiente, mientras sepultaban el cuerpo en el cementerio La Piedad, se produjo un enfrentamiento en la puerta del cementerio local entre la banda de Leguizamón con personas de la organización rival que pasaron por el lugar para amedrentar. un muchacho de 26 años terminó en estado gravísimo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con un disparo en la cabeza. Otros tres vehículos estacionados también quedaron marcados por los impactos de los proyectiles.
El caso del tiroteo narco en plena sepultura es ilustrativo: las bandas se cruzan a balazos donde y cuando quieren. La Policía no controla la calle, su territorio, y las organizaciones saben olfatear ese vacío de poder.
El peor mes de todos
En el mismo marco temporal que trascendió la alianza opositora a Los Monos, hecho que explica algunas de las tantas balaceras, el Ministerio de Seguridad dispuso cambios en la Jefatura de la Policía provincial y en otros lugares de altos mandos, entre los que se encuentra la cúpula de Rosario, que pasó de ser encabezada por Danilo Villán-Oscar Romero a estar en manos de Daniel Acosta-Jorgelina Llopart. Esa decisión se efectivizó el 31 de agosto, en la previa al septiembre más violento en los últimos seis años.
Además, la salida del jefe de la Policía provincial Víctor Sarnaglia se dio en un marco turbulento, ya que arrastraba una tensa relación con el ministro Marcelo Sain hace varios meses por diferencias en la gestión. Sarnaglia, tras ser citado a declarar como testigo en una causa por juego clandestino –que derivó en las detenciones de dos fiscales de Rosario–, presentó un pedido de licencia. Luego el propio gobernador Omar Perotti decidió que la licencia sea su despedida. En su reemplazo fue designada Emilce Chimenti.
El actual mes, donde hubo 18 homicidios, es el septiembre con más homicidios en los últimos seis años. A esta misma altura, pero de 2019 hubo 5; en 2018 hubo 8; en 2017, 5; en 2016, 6; en 2015, 7; y en 2014, 9.
Tras la renovación de la cúpula de la Policía de Rosario y la jefatura provincial hubo siete crímenes en los primeros ocho días de septiembre. Y desde el ocho de septiembre en adelante se desató una espiral aún más violenta.
Los números son fríos y al mismo tiempo grafican la situación crítica. En siete días –entre el martes 8 de septiembre y el martes 15 de septiembre– hubo doce asesinatos. Ocho fueron en Rosario, tres en Granadero Baigorria y uno en Villa Gobernador Gálvez. En el medio de ese período, el miércoles 9 de septiembre, policías en franco de servicio, sus familiares y uniformados retirados llevaron a cabo una protesta en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II de la ciudad para pedir mejores condiciones salariales. Dicha manifestación duró hasta el viernes 11 por la noche, cuando se retiraron bajo una promesa de ser recibidos la siguiente semana, aunque esta situación finalmente no ocurrió.
La protesta policial no trepó al nivel de tensión que se exhibió en Buenos Aires, pero hubo personas que pretendieron que exista un ambiente espeso al bloquear el portón principal de la Policía de Rosario para que no salieran los móviles a cumplir con sus turnos, hecho que mereció la intervención de un fiscal de Flagrancia, quien ordenó medidas investigativas.
A todo esto, se suma el paquete de proyectos de ley que el ministro de Seguridad Marcelo Sain ultima para enviar a la Legislatura santafesina que contempla una reforma policial, que es resistida por un sector de la fuerza.
Entre los homicidios recientes también se destaca uno ocurrido el jueves 10 de septiembre, cuando fue acribillado un líder narco que además era barrabrava de Newell’s. Se trata de Marcelo “Coto” Medrano, quien fue atacado al salir de comprar unas pastillas de Menthoplus de mentol en una estación de servició YPF de la ciudad de Granadero Baigorria. Primero le dispararon una ráfaga de aproximadamente seis disparos y luego otra que le provocó una herida en el abdomen que lo hizo caer malherido. Después fue ultimado de cuatro tiros en el cráneo.
El crimen de Medrano es un gran ejemplo de lo que ocurre en el Gran Rosario. Se sospecha que mandó a matarlo otro narco llamado Daniel Godoy, cuyo hermano es un policía al que el pasado mes le balearon la casa. Ese uniformado es por ahora el único detenido por el homicidio. Fue imputado hoy como partícipe primario, ya que se presume que condujo al sicario que cometió el asesinato.
El policía, hermano del narco, se llama Gabriel Godoy y es uno de los policías que fue a juicio el año pasado por estar sospechado de haber participado en la desaparición y muerte de una joven sanlorencina llamada Paula Perassi, quien fue vista con vida por última vez el 18 de septiembre de 2011, hace exactamente 9 años.
Además, el pasado martes la Agencia de Investigación Criminal allanó un predio a la vera de la ruta provincial 10, en jurisdicción de Ricardone, donde buscó sin éxito atrapar al narco Daniel Godoy. Sin embargo, se encontró con una hilera de cinco galpones que pertenecerían a un ex jefe policial de San Lorenzo llamado Carlos Ávalos. En el lugar funcionaba un puerto seco y un puerto húmedo. Se incautaron 750 mil pesos, 70 mil litros de gasoil, 25 mil litros de fertilizantes, camiones cargados con cereales en negro y silos de acopio.
En otro allanamiento, esta vez hecho en el microcentro de Rosario, se ingresó en una financiera situada en Corrientes 832, donde se cree que “Coto” Medrano compró 20 mil dólares el mismo día que lo ejecutaron. Ese tipo de operaciones el narco solía hacerlas con frecuencia.
En la financiera, llamada Cofyrco, secuestraron 41 mil dólares, 33 mil euros, 81 mil reales, 3 mil libras y 5 millones de pesos. Pero lo más curioso fue el hallazgo de 175 DNI en una bolsa. Se presume que esa financiera compraba con esas 175 identidades el cupo de 200 dólares, luego los vendía al blue y con los pesos argentinos realizaba préstamos.
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