Un Mercedes Benz, un acta trucha y una entradera de $15 millones: la trama detrás de los policías de la Bonaerense procesados por una extorsión mafiosa

Matías Smigiel, subcomisario de la 3° de Almirante Brown, fue procesado con prisión preventiva por el juez Martín Yadarola en el caso que investiga una organización financiada por los ladrones que cometieron el asalto más lucrativo de la cuarentena. El misterioso “Manu”, el nexo entre uniformados y pistoleros

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Escuchas a banda de policías y ladrones por robos en Boulogne Sur Mer 5

El 27 de julio pasado por la mañana, tres hombres con barbijos entraron a punta de pistola en la casa de un empresario del barrio de Once para maniatar a su mujer y a su empleada doméstica y llevarse el botín más grande de un asalto en la cuarentena: ocho millones de pesos, cuarenta mil dólares, joyas y celulares. No encontraron resistencia, no dispararon un solo tiro. Llevaban barbijos, camperas que decían “SEGURIDAD” en sus espaldas. Robaron, rieron y se fueron.

Eran un grupo curioso, según la acusación en su contra a cargo del Juzgado N°4 de Martín Yadarola con la secretaría de Verónica Bresciani: entre ellos estaban presuntamente Enrique Laborde, de 61 años, un viejo delincuente convertido en carnicero de un supermercado chino de Lanús, Braian Missart, un chico de Gerli de 23 años que sería su yerno y que hace algunos años trabajaba en una curtiembre. Las cámaras de seguridad del Gobierno porteño los siguieron. Los ladrones habían llegado en una Jeep Renegade que fue seguida hasta Lomas de Zamora, un Renault Fluence era su auto de apoyo.

Quizás habían cometido el golpe de una vida, pero no se habían cuidado lo suficiente: las patentes de ambos autos eran perfectamente visibles. Ni siquiera se habían tomado el trabajo de adulterarlas. El Renault Fluence, descubrieron después los investigadores, pertenecía a la mujer de Laborde, alias “El Viejo”, que tenía una cédula azul para manejarlo. La Jeep Renegade también fue detectada: su titular, Ignacio Catán, es el medio hermano de Gonzalo, un hombre que fue acusado en un expediente junto a Laborde.

Así, cayeron uno por uno, con sus teléfonos intervenidos y 19 allanamientos a cargo de la Policía de la Ciudad. Yadarola y Bresciani se encontraron con una sorpresa: habían salido a buscar a ladrones, pero se encontraron con lo que parecía ser una mafia. Se encontraron con cuatro presuntos cómplices en particular: policías de la Bonaerense ligados a la Comisaría 3° de Almirante Brown, un subcomisario, un sargento, dos oficiales ayudantes.

El negocio, supuestamente, era mucho más cínico que entrar a robar: “La banda adulteraba los números de chasis y motor de vehículos que adquirían de forma legal. Estos autos se compraban con el dinero que robaban en las entraderas. En connivencia con los policías detenidos se simulaban falsos procedimientos en los que supuestamente los detenían por tener la numeración adulterada. Luego los policías extorsionaban al vendedor del auto y le pedían importantes sumas de dinero para no orientar la supuesta causa contra ellos. De esta manera, el personal policial cobraba el dinero y lo repartía con los miembros de la banda”, trazaba como hipótesis una fuente policial del caso.

Enrique Laborde y Braian Missart, dos de los acusados de la entradera en Once.
Enrique Laborde y Braian Missart, dos de los acusados de la entradera en Once.

Gonzalo Alejandro Catán, medio hermano de Ignacio, oriundo de Gerli, 31 años, el hermano de Ignacio, el hombre de la Jeep, era el presunto nexo operativo entre uniformados y pistoleros. Catán estuvo preso desde 2017 hasta comienzos de este año en un penal federal. Por lo visto, no perdió el tiempo. Hay escuchas que lo complican. Una charla con Laborde, por ejemplo, donde Catán dice: “Escuchame una cosa, fíjate porque ayer a la noche me capearon, viejo, tuve que poner cinco gambas. Si, 500 mil”, mientras menciona a personajes como “Carluchi”, “El Gigoló” o “El Mosqui”.

El lunes pasado, Yadarola procesó a todos con prisión preventiva, a los hermanos Catán, a Laborde y a Braian Missart por los delitos de asociación ilícita y robo agravado en poblado y en banda, acopio de armas de fuego. Hay otros cinco imputados acusados junto a ellos por cuatro hechos en total, en un fallo de más de 200 páginas al que accedió Infobae. Hay otro contigente de procesados, por otra parte: son policías, los hombres de la 3° de San José. Su historia corre en paralelo.

Matías Hernán Smigiel, subcomisario, el oficial ayudante Miguel Ángel Gramajo, el jefe de calle Alvaro Cristaldo y el oficial José Orlando Flores Torres fueron embargados por un millón de pesos cada uno y recibieron la prisión preventiva por otros delitos: extorsión, falsedad ideológica de documento público, supresión de un número registral. Sin embargo, Yadarola les decretó la falta de mérito por otro delito, el de asociación ilícita. Las pruebas no fueron suficientes para vincularlos al esquema general, a la banda de ladrones misma y a Catán. Falta una pieza para terminar de decirlo, al menos judicialmente.

De acuerdo a las escuchas, Gonzalo Catán lidiaba con un tal “Manu”, el presunto vínculo con la Comisaría 3° de San José, cuyo nombre completo es desconocido. Se sospechaba en un comienzo que “Manu” sería un uniformado. Hoy, Yadarola cree que podría ser un civil. Su posible nombre completo y su teléfono constan en la causa, un joven de 27 años de Almirante Brown descubierto a través del entrecruzamiento de llamadas que, al menos en términos de nomina, no cobra un sueldo del Ministerio de Seguridad bonaerense. Varios imputados negaron conocerlo.

En términos de jerarquía, Smigiel, quilmeño de 35 años, es el superior en la cadena. Fue imputado junto a sus subalternos en un solo hecho, una trama que comenzó el 10 de agosto de este año. La víctima fue un hombre de 29 años con domicilio en Wilde que intentó vender un Mercedes Benz Compressor C200. Gonzalo Catán fue el líder en el truco, que según Yadarola requirió participación policial.

Básicamente, con la grabadora judicial encendida, Catán, según la causa en su contra, relató toda la maniobra:

“Más tranqui que nunca, ¿en qué andás? Acá en lo de mi vieja. Escuchá, ¿no lo encontrás al Vicio para hacer un pim, pum, pam ahora? Te cuento como viene la mano. ¿Viste el Compressor que yo tengo en mi casa, un Mercedes? Bueno, al gato que me lo mandó a mí para armar le vamo' a hacer el chuchu del Mercedes trucho, vamo' a romperle los números del motor. Ya le dije ‘tengo toda la gorra, me cayó toda la gorra, le digo, cayó Automotores, pedazo de gil, ¿por qué no me avisaste que tenía los números mal?Entendés, vamo’ a sacarle una gambita, ahí, para ir picando”, alardeó Catán.

Así, en la 3° de Almirante Brown, encabezada por Smigiel desde noviembre de 2019 “se labró un sumario en el que se documentó el hallazgo del vehículo con irregularidades en sus numeraciones de motor y chasis”, asegura el procesamiento firmado por el titular del Juzgado N°4. Tras la falsa incautación, Gonzalo Catán y Mauro Roldán, otro de los procesados, procedieron a hacer su acting. Mediante amenazas a punta de pistola, le exigieron al hombre de Wilde que entregara dinero, asegurando haber sido víctimas ellos mismos de un pedido de coimas de los policías. El hombre terminó por entregar una moto Honda.

La comisaría fue allanada el 11 de agosto, once días después: se encontró el acta en la oficina de Judiciales de la dependencia, marcada por irregularidades. "Actuaciones caratuladas “Hallazgo automotor – Dte. Personal policial, imputados: autores ignorados, fecha 10 de agosto de 2020, dependencia Cría. Alte. Brown 3ra., San José, magistrado UFI y Nro. 1 Dto. Judicial Lomas de Zamora, secretario O.A. Gramajo, Miguel Ángel”, decía el documento.

El número de serie del motor del Mercedes Benz, adulterado a golpes.
El número de serie del motor del Mercedes Benz, adulterado a golpes.

“Super trucha”, se rió un investigador al verla. Le faltaban firmas, para empezar; el procedimiento en negro nunca había sido notificado a la Justicia. También fabricaron a un supuesto “depositario judicial” para que reciba el vehículo. El Mercedes luego fue recuperado: una inspección en el motor reveló una abolladura de punzón en el número de serie.

El teléfono de Smigiel fue incautado y peritado. Luego, el subcomisario declaró en su indagatoria: “Aproximadamente a las 18:30 o 19:00 horas recibo una comunicación del jefe de Calle, Cristaldo, no recuerdo si por línea o por WhatsApp, depende de qué señal tenemos, y me refiere que había hecho un hallazgo de un Mercedes Benz en vía pública y que lo había llamado un comisario diciéndole que le habían pedido dinero al propietario del vehículo. No me dijo quien lo llamó en concreto, solo un comisario. Ahí yo le pedí que documente todo. El comisario no sé quién era porque yo no pregunté ni tuve contacto con nadie porque no estaba en la Comisaría”, afirmó.

¿Sabía el subcomisario del procedimiento? ¿Pidió ver las actuaciones? Smigiel no preguntó, fue “un hallazgo más como tengo todos los días... Las actuaciones no las vi hasta el día viernes del allanamiento”. Smigiel insistió con Gramajo y Cristaldo, aseguró que una subcomisaria debía controlar el trabajo de los policías, pero que estaba de vacaciones.

Ni siquiera una firma: el acta del procedimiento del Compressor.
Ni siquiera una firma: el acta del procedimiento del Compressor.

Cristaldo declaró también. Aseguró que su jefe “me manifestó que había que judicializar todo debido a que el vehículo no podía quedar ahí, más que era alta gama; me dijo que teníamos que hacer un hallazgo del auto, que armara el acta”. El policía le pasó la pelota de vuelta: “Quiero aclarar que lo que decía en el acta de hallazgo es lo que me indicó Smigiel que debía poner”. “Quiero aclara que cuando Smigiel me dijo que hiciera el acta de hallazgo, yo le pregunté si iba a tener problemas, a lo que me dijo que me quedara tranquilo que no iba haber ningún problema, que era un hallazgo común. Estoy hace cuatro años en la fuerza, no tengo mucho conocimiento, si sabía que era un quilombo no hubiese figurado”, continuó.

Su nombre figura en el acta del “depositario judicial”, que resultó ser un hombre de Lomas de Zamora que según el procesamiento no exhibió documentación que lo vinculara al Mercedes. El “depositario”, curiosamente, tiene domicilios en Avellaneda y está registrado en los rubros de lavados de autos de la AFIP.

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