La Justicia de Morón rechazó este jueves la prisión domiciliaria para Geraldine Martínez, la mujer que se encuentra detenida por intentar matar a la periodista Melisa Zurita. A su vez, ordenó una investigación penal luego de descubrir que la trasladaron sin autorización judicial desde los calabozos de la comisaría de Ituzaingó, donde cumplía su arresto, hasta el lugar donde atiende su psiquiatra particular.
Si bien en julio se le había concedido el beneficio de arresto domiciliario, que nunca llegó a efectivizarse, ahora el juez Jorge Rodríguez, del tribunal de Garantías 5 del mencionado partido bonaerense, cambió de criterio y le negó a la acusada la posibilidad de regresar a su casa.
El hecho por el que se la acusa ocurrió el 6 de junio pasado, alrededor de las 19:00, cuando Martínez ingresó al barrio privado en el que vive Zurita, se dirigió hasta la vivienda de la periodista y la amenazó con un cuchillo. Se cree que, en realidad, había ido a buscar a su ex pareja, el empresario Gustavo Holstein, ejecutivo de la firma de lentes Orbital, que actualmente está casado con la conductora de canal 26.
De acuerdo con el fiscal Marcelo Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Ituzaingó, la agresora logró entrar al country “El casco de Leloir”, ubicado sobre la calle Del Facón al 1025, “mediante el empleo de un alicate” con el que “cortó el alambrado perimetral” del complejo.
“Ya en su interior, la intrusa se dirigió a la finca del lote 28 del mencionado barrio, morada de Melisa Raquel Zurita y su familia, en donde la mencionada Martínez accedió al interior de la vivienda, portando consigo cuanto menos un cúter en su cintura y cuchillos en sus manos”, relató el fiscal.
Según consta en el expediente, la sospechosa habría “irrumpido en el dormitorio donde descansaba la dueña de casa junto con su hija de 4 años de edad a los gritos de ‘estoy armada, te voy a matar a vos y a tu hija’”.
Ante esta situación, la periodista escapó del lugar a través de la ventana del dormitorio hacia el domicilio de un vecino “en busca de auxilio”, mientras que la agresora se apropió de las llaves y hurtó la camioneta Jeep Renegade de Zurita, con la que intentó huir “a toda velocidad del barrio”. Sin embargo, fue detenida por el personal de seguridad en la entrada del country, que la retuvo hasta que llegó la Policía.
En este contexto, el juez Rodríguez ordenó que Martínez, imputada de “homicidio simple reiterado en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma y hurto calificado por haberse empleado llave verdadera previamente sustraída”, sea remitida a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) donde pueda continuar su tratamiento psiquiátrico.
La clave para que el magistrado le negara la prisión domiciliaria radicó en que durante una nueva pericia psiquiátrica ordenada por la Cámara de Apelaciones surgió que la acusada había tenido salidas no autorizadas de la comisaría.
Según revelaron diferentes fuentes a la agencia Télam, la mujer se presentó a la pericia oficial con un dictamen e informes de las sesiones que había tenido en los últimos días con su psiquiatra particular, en un consultorio del barrio porteño de Caballito, algo que no habían autorizado y de lo que tampoco estaban enterados ni el juez ni el fiscal.
“Es un escándalo. Hay al menos siete salidas comprobadas. Los días martes y sábados. La sacaban de la comisaría 1ª de Ituzaingó en patrullero a las dos de la tarde y volvía a las nueve de la noche”, dijo el abogado Diego Storto, quien representa en la causa a Zurita como particular damnificada.
A partir de este episodio, el juez Rodríguez denunció el hecho para que un fiscal de Morón inicie una causa para investigar a los policías que sin orden judicial trasladaban a la imputada, que es hija de un comisario retirado de la Policía Federal, hasta lo de su psiquiatra.
Por su parte, el fiscal Tavolaro, que en un principio había estado de acuerdo con que cumpla la prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, emitió un nuevo dictamen en el que se opuso y en el que también se basó este jueves el magistrado para no concederle el beneficio.
“Entiendo que el manejo de los traslados de Martínez a un centro de salud fuera del ámbito jurisdiccional, por personal policial de diversas seccionales, sin autorización o conocimiento del suscripto, empleando móviles y recursos, tanto humanos como materiales, de por sí escasos y en plena pandemia, aún cuando fuera para su atención terapéutica, revisten una gravedad institucional de singular importancia que no puede soslayarse”, afirmó Rodríguez en la resolución.
A la hora de fundamentar su decisión, Rodríguez agregó que con las salidas ilegales de la comisaría quedó en evidencia que “la causante cuenta con los medios para burlar su eventual sometimiento a las consecuencias del proceso”, lo que incrementa “exponencialmente los riegos procesales”.
Por esta misma razón, Storto informó que a partir de estas irregularidades “dos comisarios ya fueron separados del cargo y sumariados” y también aclaró que espera que Martínez continúe detenida porque “quedó claro con estas salidas que hay riesgo de fuga”.
También comentó el abogado que el peritaje oficial realizado la semana pasada indicó que Martínez “no es inimputable, ni necesita una internación psiquiátrica en una clínica”.
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