La discusión histórica que resurgió con las protestas de la Bonaerense: ¿es necesario un sindicato de policías?

Las policías de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Uruguay tienen representación gremial. Las fuerzas federales de Brasil, también. Como en el resto de América Latina, en Argentina, en cambio, la sindicalización de las fuerzas de seguridad no es legal. Los agentes no pueden participar de la discusión de sus salarios, algo que se decide de manera vertical. Es un tema de debate constante que se da entre las bibliotecas de sociólogos, abogados y juristas. Sin embargo, con el estallido del conflicto salarial de la Policía Bonaerense de los últimos días las esquirlas de este tema en discusión permanente salieron de los claustros e invadieron la superficie de la opinión pública, mientras el Gobierno provincial, por la falta de esta sindicalización, se encontraba sin un interlocutor claro para negociar con los efectivos.

Ocurrió en 2012, con las protestas de Prefectura y Gendarmería, y también en 2013, cuando policías de 21 provincias salieron a reclamar por mejores condiciones laborales. Y en este 2020 de pandemia y estrés, otra vez, resurge la discusión, con esta protesta ilegal según la propia ley de la Bonaerense. ¿Es el régimen del trabajo de un policía posible de horizontalizar? ¿Puede alterar la tradición de mandos verticales que una fuerza de seguridad necesita para operar? ¿Son los policías considerados trabajadores?

El último antecedente negativo para la sindicalización fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2017, el Máximo Tribunal, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia de Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, dijo que el personal de las fuerzas de la policía no tiene un derecho colectivo a sindicalizarse. El foco está puesto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Los que defienden la idea de un gremio policial aseguran que los agentes son trabajadores.

Pero la Corte comunicó que después de examinar el debate constituyente de la Convención de 1957, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por la Argentina y el tratamiento constitucional y legislativo posterior que el país dio al tema de la sindicalización de la policía, falló que el artículo 14 bis de la Constitución no concede ese derecho al personal policial.

La Corte sostuvo que si bien hay tratados internacionales que reconocen en principio ese derecho a las fuerzas policiales, también permiten que la legislación interna de cada país restrinja o incluso prohíba el ejercicio de derechos sindicales. Y que en este caso la Provincia de Buenos Aires tiene prohibido con una ley la sindicalización de la policía. Los agentes agremiados elevaron el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Meses atrás, de hecho, la CIDH le pidió explicaciones al Estado argentino.

“El régimen disciplinario y de organización de las fuerzas de seguridad pública impone restricciones a libertades que son tan básicas que se hace difícil imaginar que se pueda ser ciudadano de una verdadera democracia sin gozar de ellas. ¿Se imagina usted que por llegar tarde a su trabajo su jefe pueda, legalmente, mantenerlo arrestado por tres días? Sin orden judicial de autoridad competente, como exige el artículo 18 de la Constitución Nacional, y sin la garantía del habeas corpus que ya en el año 1215 garantizaba la Carta Magna inglesa”, plantea Mariela Puga, abogada de la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba e investigadora del Conicet, que representó a la policía y al Servicio Penitenciario de esa provincia en reclamos de este tipo.

Puga contó a Infobae el ejemplo de Adriana Reartes, empleada penitenciaria de Córdoba, que fue pasada a retiro solo por repartir entre sus compañeros un panfleto con el texto del artículo 14 bis de la Constitución. “¿Se imagina que su jefe pueda mandarlo a trabajar el día de los comicios lejos de la mesa donde debe votar? Ello, sin garantizar que pueda ejercer su derecho a elegir a sus representantes políticos, mientras lo hace el resto de la comunidad”, se pregunta.

Para muchos estudiosos del tema consultados el estallido de la Bonaerense es, en parte, una consecuencia de la falta de “válvulas de escape”. Esto es, la ausencia de un interlocutor entre el poder político y la “tropa”, que no sea el jefe de la fuerza, que normalmente tiene que decir hacia “arriba” que todo está bien en la fuerza que comanda.

“Tipos con salarios de mierda, expuestos al Covid, trabajando el doble de tiempo, cansados, y encima les decís que no sirven para nada, que necesitás agentes federales para el conurbano porque ellos no sirven. Ese es un estilo de los años 50, cuando el salario era muy bueno. Los policías trabajan por el salario y por el símbolo, por el ‘servicio a la Patria’. Hay que ver cómo se sale de esto sin que se castigue y se maltrate todavía más a todos los policías”, explicó un experto en el tema que lleva muchos años en el análisis de la disciplina de las fuerzas de seguridad.

“Cuando ves la inversión que van a hacer en seguridad y dejan de lado a los hombres, es preocupante, por eso nació este tema. En otras policías del mundo funciona perfectamente la sindicalización. El problema lo tenemos todos los policías. Las partes están todas perjudicadas. Las consecuencias de la incertidumbre es no tener a qué atenernos; los salarios, las condiciones de trabajo, la salubridad”, explicó Nicolás Masi, secretario general del Sindicato de Policías Bonaerenses, que en realidad no existe como tal.

Luis Tonil, de la Defensoría policial bonaerense, agregó: “Tenemos el derecho sindical como todos los trabajadores, lo dice la Constitución”.

“Entiendo que es necesario algún tipo de mecanismo de representación. Que los funcionarios sean reconocidos en tanto trabajadores. Si no, en un institución tan vertical y jerárquica las voces que se oyen son las que están más alto y no de la tropa. Hay una interferencia entre la tropa y las autoridades políticas. Un modelo posible es dificilísimo. Una idea de hacer un ombudsman de la Policía, alguien externo”, opinó Mariana Da Silva Lorenz, doctora en Ciencias Sociales (UBA) especialista en temas de seguridad.

Sin embargo, Da Silva Lorenz advirtió que no todas las sindicalizaciones son eficientes para fuerzas de seguridad. En Europa no están permitidas las huelgas. Francia tiene un estilo más “asambleísta”. Holanda sí les permite ir al paro. Para la socióloga, el ejemplo de Estados Unidos no es el mejor.

“En Estados Unidos, las fuerzas están sindicalizadas y son un factor muy conservador, que impide cambios y modificaciones e incluso que se condenen los hechos de violencia policial. Los sindicatos allá abogan por sus afiliados y es bastante imposible acusarlos o que se tenga un castigo justo. Abogar por la sindicalización lisa y llana puede llevarte a un extremo como el de EE.UU., que no sería deseable”, remarcó.

En Uruguay, la sindicalización existe desde 2005. “Es muy necesaria la sindicalización. Y no acarrea ninguna obstrucción a la práctica del policía. Y le da una posibilidad de pelear por sus cuestiones de trabajo legal, y no sentirse como un trabajador de segunda que no tiene el poder de pelear por sus derechos”, contó Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato de funcionarios de policías de Montevideo y Uruguay, al periodista Diego Iglesias en Radio con Vos.

La mujer explicó que en el país vecino no hay derecho a huelga. “Las concentraciones y marchas pacíficas las hacemos sin armas y sin uniforme. Y podemos acoplarnos a la central de trabajadores por reivindicaciones nacionales o propias. Siempre fuera del horario de servicio y sin bienes del Ministerio del Interior, es decir, sin patrulleros ni objetos laborales”, agregó.

“Todos los tratados internacionales de DD.HH. dicen que todos los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse. Y dice que los Estados podrían mantener las restricciones que tengan respecto de fuerzas armadas y policías. La CIDH dice que se puede restringir, por ejemplo, el derecho a huelga y las facultades de los delegados pero no pueden conculcar derechos de manera tan radical como en Argentina. Hoy los policías son ciudadanía de segunda”, explicó Puga.

La propia ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, antropóloga y experta en comportamientos de fuerzas de seguridad, a las que estudia hace casi dos décadas, escribió en 2019 a favor de la sindicalización.

“En la inmensa mayoría de las jurisdicciones la falta de reconocimiento legal a los sindicatos derivó en persecución a los activistas, acusados de ‘gremialistas’, como históricamente se castiga a quienes reclaman por mejores condiciones de trabajo. Así, las peticiones de esta índole suelen terminar en sumarios, castigos informales (quitar adicionales, envío a zonas peligrosas, traslado lejos de la residencia familiar, evitar ascensos, etc.) o expulsiones. Un régimen de opresión y extorsión rige la lógica laboral, en tanto el Estado compensa con sumas de dinero y aprueba por omisión los sobresueldos que proceden de la recaudación ilegal. En este derrotero perverso solemos encontrar al personal subalterno y las mujeres policías entre los más perjudicados”, escribió Frederic en una nota publicada en Página 12 el 2 de octubre del año pasado.

Frederic escribió sobre las protestas policiales de 2012 y 2013: “Aquellas protestas demostraron también que las conducciones políticas de las fuerzas de seguridad no tuvieron registro alguno del malestar de su tropa (...) Y cuando las protestas acontecen gobernadores y ministros descubren que carecen de interlocutores legítimos y legalmente reconocidos por la tropa, dilatando una resolución pacífica”.

“Las fuerzas de seguridad ven a los sindicatos como fuentes de corrupción y se sienten por encima de eso, por la época cuando tenían grandes sueldos, y sienten que el sindicato no atendería sus necesidades por la imagen que tienen del sindicato. Pero cuando la sangre llega al río salen de una manera descoordinada, con herramientas de la cultura interna policial que no son las mejores y con fines de conquista como en una guerra”, interpretó Puga.

Si bien las fuentes del Gobierno consultadas por este medio aseguraron que no existen proyectos de ley para sindicalizar las policías argentinas, la cuestión vuelve a latir en la superficie del poder político. “Las fuerzas no pueden articular sus sensaciones de injusticia, y la única manera que tienen es a través de las formas militarizadas y extorsiones con las que se manejan con superiores. La única apuesta es democratizadora”, agregó Mariela Puga.

En el texto que publicó Frederic en 2019, se esboza una respuesta a la inquietud: “El problema es político. Para la Corte los derechos laborales de los policías son prescindibles. ¿No hubiera correspondido a alguno de los gobiernos peronistas que se sucedieron en el siglo XX y que ampliaron los derechos laborales, políticos, civiles y de género, que se adelantaran a garantizárselos? (...) Poco importa. La historia reciente indica que para el poder político la ausencia de canales de representación gremial es el mayor obstáculo a la conducción política de policías democráticas”.

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