Volvieron a la calle a pesar de los anuncios. “50 patrulleros y contando”, dice un histórico efectivo desde el cruce de Florencio Varela: “Cada vez llegan más”. Su teléfono arde. Los grupos de WhatsApp de efectivos actuales y retirados comparten información de puntos de toda la provincia, videos que provienen de La Matanza, San Martín, Merlo, La Plata. “Se pudre eh, se pudre”, dice un subcomisario, más apocalíptico. Mientras tanto, en Márquez y Triunvirato, otros se filman y gritan: “San Martín y 3 de Febrero más unidos que nunca por un sueldo digno”.
En Puente 12, zona de Matanza, los móviles flanquean la autopista. No piensan en Sergio Berni, el actual ministro de Seguridad, no todos. “Nos la fumamos tres gobiernos seguidos”, se queja uno, “esto no es político, le toca a quien le toca”.
En Mar del Plata, frente a la Comisaría 1°, las sirenas suenan y hacen ladrar a los perros callejeros del pleno centro de la ciudad. Cortan una avenida y aplauden.
Las protestas había empezado de forma pequeña ayer por la tarde, con una protesta de familiares en la Plaza de Adrogué junto a algunos patrulleros y efectivos. “Mi vida no vale 50 pesos la ahora”, decía una pancarta en manos de una madre. Había efectivos también, en claro desafío a la norma interna que les impide protestar o agremiarse: pedían mejores sueldos, mejor equipo, más apoyo político y no ser sacrificados en sectores como la Auditoría de Asuntos Internos, que en la era Ritondo inició 40 mil sumarios y tres mil suspensiones. Bajo el mando del abogado Guillermo Berra se apartaron a más de 13 mil efectivos, otros 2.300 fueron exonerados, con dos mil más en procesos de expulsión: más de mil policías fueron detenidos.
Con el correr de la noche otros focos se encendieron a lo largo de la provincia, efectivos que daban discursos subidos a los capots de sus móviles. La protesta llegaba a la población civil, rumores de acuartelamiento en audios de WhatsApp que no se volvieron realidad.
Esta mañana, el Gobierno bonaerense anticipó en conferencia de prensa que otorgará una “mejora salarial importante” a la Policía provincial, aunque afirmó que el aumento “estaba previsto y planeado” con anterioridad debido al “atraso de un 30 por ciento que hubo entre 2016 y 2019” en los ingresos de los uniformados.
“La idea del anuncio es dar certidumbre respecto de lo que va a pasar, ratificar que era algo que ya estaba previsto, pero por las circunstancias que se han vivido en el día de ayer nos parece pertinente ratificarlo y asegurarlo para dar tranquilidad a la fuerza policial”, resumió Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, durante una conferencia de prensa.
Sin embargo, hoy a la mañana, las protestas volvieron otra vez.
Los policías, a pesar del anuncio, quieren definiciones.
El reclamo es general pero no universal, por otra parte. El pedido encolumna a los efectivos rasos, pero miembros de divisiones especializadas en varias jurisdicciones decidieron no unirse. “Yo estoy laburando, me interesa igual que a todos un aumento, pero no es el momento y la forma. No lo voy a alentar. Estamos en pandemia, el país no recauda literalmente nada. No se nos cortó el sueldo y el aguinaldo. Otros tienen sus comercios parados. Pero nuestro rubro sigue trabajando. Hay que ser un poco más solidario. Te encontrás con un gobierno que recién empieza, plantársele a Berni ahora, que defiende a la Bonaerense, parece una canallada”, dice un histórico, joven pero de alto rango en un área estratégica.
“Por otra parte, hay que ser memoriosos. Antes, a nadie se le movía un pelo. Durante la época de Ritondo se separaban a policías sin sueldo, sin obra social, a locales, a bonaerenses. Ya tenías un sueldo recontra retrasado. Ahí sí patalié. Esto de ahora es oportunismo, me parece”, continúa: “A Berni lo van a cansar de la Policía y vamos a volver a lo de antes, a los quilombos de seguridad de siempre y a vigis echados de prepo”.
Un viejo jefe eliminado durante la era Ritondo, que incluyó una confrontación de alto perfil con las máximas esferas de la fuerza, mientras tanto, asegura: “Un comisario gana de bolsillo aproximadamente 65 mil pesos. Un empleado del Poder Judicial de la Nación que recién entra sin antigüedad en el último cargo cobra 65 mil pesos aproximadamente. Laburan de lunes a viernes 6 horas por día, generalmente en mesa de entradas. Las cuentas hacelas vos”.
“Se desbordó la Policía”, dice un veterano a cargo de una jurisdicción provincial: “Volver a encauzarla es complicado. Se generan problemas. El personal no tiene la cabeza en la seguridad. No te da la posibilidad de aplicar el trabajo. Pero ojalá se resuelva.".
Mientras tanto, una lista circula por WhatsApp, un largo petitorio. “Al señor jefe de la estación de Policía de Almirante Brown”, comienza el texto.
El pedido de aumento es de un 60 por ciento para todas las jerarquías y escalafones, así como una suba sustancial en las horas de trabajo CORES, el término para las horas extra, así como un tope de jornada y un reconocimiento a “la insalubridad de la tarea policial”.
Que hablen de salubridad no es casual. La sobrepoblación en las comisarías bonaerenses también entra en juego en la era pandémica. En mayo de este año había 5480 detenidos, con lugar para 1200, 350 por ciento de su capacidad, un dato difundido por la Comisión Provincial por la Memoria y confirmado por fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a Infobae.
El número creció exponencialmente: en agosto de 2019 se informaron 3807 detenidos en dependencias policiales, un dato que sorprende si se contrasta con las estadísticas de la Procuración que hablan de descensos de la cantidad de expedientes iniciados entre 2019 y 2020: entre fines de marzo y fines de junio, Lomas de Zamora, la jurisdicción con más casos de la provincia, marcó 30 mil expedientes, 12 mil menos que en el mismo período del año pasado
Los policías piden, también, una mesa de diálogo con “el poder político”.
Por lo pronto, no se habla de un cese a las medidas de fuerza. La situación continuaba pasado el mediodía. Las fiscalías en turno de la provincia se preguntan lo obvio: con la policía en estado de protesta “no hay patrulleros”, asegura un investigador en una jurisdicción con índices de delitos calientes.
El 911, según fuentes del Ministerio de Seguridad, continúa en funcionamiento, algo que confirman fuentes en el Ministerio Público Fiscal en zonas como La Matanza.
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