Una ley polémica complica el desalojo de las tierras tomadas en la provincia de Buenos Aires

Más de cinco meses después del establecimiento de la cuarentena, en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19 en Argentina, las usurpaciones y tomas de terrenos en la provincia de Buenos Aires se transformaron en uno de los nuevos grandes problemas en un contexto de crisis económica y social que recrudece con el avance del virus con más de 4300 hectáreas tomadas.

A principios del mes de agosto, Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), había advertido que, como resultado de una profundización de la crisis habitacional, había “una oleada de toma de tierras” camino a agravarse en la provincia de Buenos Aires y en el interior de país, porque “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, salió rápidamente al cruce del dirigente social, intentó apaciguar su pronóstico y aseguró que lo que sucede respecto de las tomas “en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas”. Si bien la ministra reconoció que ya se habían producido episodios de tomas “como consecuencia del hacinamiento”, sostuvo que “los episodios del conurbano bonaerense tienen otra matriz”.

De una u otra manera, las tomas de terrenos aumentaron y, con el involucramiento de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en el conflicto y los episodios de violencia de la localidad Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, el problema se transformó en un nuevo episodio de disputa política con el ministro bonaerense, Sergio Berni.

“Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de Seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”, consideró la ministra nacional.

Berni reaccionó de inmediato. “Se pueden quedar tranquilos, que para su gobernador y su ministro los derechos sagrados inviolables son el derecho a la libertad, el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada”, expresó en respuesta a las declaraciones de Frederic. “No podemos dejar que detrás de una necesidad básica, como es tener una vivienda, se avance de forma irregular sobre bienes que nos son propios. Esto se debe solucionar dentro del marco de la ley”, indicó y remarcó que Axel Kicillof le dio “instrucciones muy claras” en cuanto a las tomas: “El que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso”.

Frederic, sin embargo, puso sin querer el ojo en el asunto que hoy es clave en muchas de las tomas en el Gran Buenos Aires. “Estamos poniendo la solución del problema sólo en los desalojos, que, si la Justicia los ordenó, habrá que hacerlos” -expresó- “pero la provincia de Buenos Aires tiene una ley que prohíbe los desalojos hasta fines de septiembre y Nación tiene un decreto que los prohíbe hasta mediados de marzo”.

En la provincia de Buenos Aires, esa norma es la Ley 15.172, sancionada por el Senado provincial el 21 de mayo pasado, que suspende hasta el 30 de septiembre de este año “toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales”, así como los desalojos de alquileres, las ejecuciones hipotecarias y los inmuebles comprados con créditos UVA.

Esa ley está hoy en el centro del conflicto en tomas como la que se llevó a cabo en 15 hectáreas de terreno en la zona de los barrios Villa Numancia Sur y San Martín, de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, en la que hoy interviene el fiscal Juan Condomí Alcorta de la UFI N°1 y el juzgado de Garantías de Miguel Rizzo. A pesar de que 533 personas fueron imputadas por el delito de usurpación y más de treinta vehículos con materiales de construcción fueron secuestrados tras una serie de episodios de violencia con quienes intentaron defender las tierras, las más de mil personas censadas en el predio todavía no fueron desalojadas.

El fiscal Condomí cree que con “una interpretación literal” de la ley impulsada por el gobierno provincial se “estaría legitimando que cualquier persona viole el aislamiento social, se introduzca en un inmueble por medio de violencia, amenazas, clandestinidad y/o abuso de confianza, y se ampare en esta ley para no ser desalojado en principio, hasta el final de la pandemia”.

Eduardo Soares, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas que representa algunos de los imputados por esa toma, sostiene que la ley no aplica a la tomas de terrenos. “La situación que estamos viviendo hoy en día es la ocupación masiva por miles de familias en todo el país en la necesidad de una vivienda. Más de la mitad de la población está bajo de la línea de pobreza y de ellos más de la mitad está en la indigencia absoluta. De ahí viene la desesperación”, explica. “La otra característica que tiene la Argentina es que hay millones de hectáreas vacías. Algunas corresponden a los Estados y otras muchísimas a particulares que ya no existen, como ocurre ahora en Guernica. Lo que pasa es que a esos terrenos muchas veces codician las intendencias”.

El problema se extiende a otros puntos del territorio bonaerense, en algunos casos con mayor violencia.

Hace apenas dos semanas, Martín “Saviolita” Núñez Giogosa, un líder de la barra disidente de River Plate, fue asesinado en un enfrentamiento a tiros por una supuesta usurpación de terrenos en Moreno. De acuerdo a fuentes policiales, el presunto dueño del terreno, instructor de tiro y presunto custodio de una agencia de seguridad, aseguró que había comprado ese lote dos semanas atrás en una cooperativa de venta de General Rodríguez y había ido hasta al lugar a cambiar el candado cuando vio llegar a seis personas que supuestamente intentaron ingresar a la fuerza y le dispararon desde la vereda, por lo cual él decidió repeler el ataque con un arma Bersa Thunder.

La judicialización de las tomas, por otra parte, no afecta solamente en los propietarios de las tierras: el ferrocarril Mitre que va hasta Tigre, y el ramal Victoria- Capilla del Señor de la línea lleva ya seis días sin servicio tras una ocupación ilegal en los talleres de la estación Victoria, en la localidad de San Fernando, sobre terrenos federales.

El conflicto comenzó el pasado 23 de agosto cuando una docena de familias llegó al lugar, dividió el sector en parcelas con cintas e instaló una serie de casillas hechas de madera y chapa en una zona próxima al tendido de las vías y un galpón que se utiliza para abastecer de materiales y realizar maniobras. Los trabajadores ferroviarios del sindicato La Fraternidad establecieron entonces un paro en los ramales afectados, pidieron medidas de seguridad y expresaron que el servicio debía ser interrumpido “para proteger la integridad física de los trabajadores y la seguridad del material y la infraestructura”.

Desde Trenes Argentinos presentaron una denuncia ante la Justicia federal por el sector ocupado, que corresponde al campamento de Vías y Obras y está custodiado por personal de la Policía Federal. La causa está ahora en manos del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es quien deberá expedirse sobre la situación del predio para que se produzca un desalojo y, en consecuencia, se restablezca el servicio.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, señala que el problema es “recurrente” en esos terrenos y reconoce un aumento general en la usurpación de tierras pero aclara que al tratarse de un distrito “muy urbanizado”, las tomas suelen ser pequeñas y de rápida resolución. En este caso, sin embargo, al tratarse de terrenos de jurisdicción federal, el municipio y la policía de la provincia no pueden ingresar, lo cual dificulta el manejo de la situación.

“La verdad es que sabemos de las injusticias que hay en nuestro país pero no pueden saldarse a través de hechos ilegales. Son poco más de 10 familias que tomaron un terreno que es público y que para colmo está sobre las vías que están en uso. Tenemos una línea sin funcionar y esta demora de la Justicia en desalojar es una situación inentendible para nosotros y todos los vecinos del barrio”, expresó Andreotti en diálogo con Infobae. “Hay que trabajar sobre los problemas habitacionales de nuestro país pero usurpar no es el camino”.

En la localidad de Los Hornos, en La Plata, por otra parte, crece cada vez más en las últimas semanas una “mega toma” en un predio de 160 hectáreas que pertenece a la Nación donde hay 350 familias instaladas desde hace más cinco meses. Una vez más, al tratarse de terrenos de jurisdicción federal, el municipio y la policía Bonaerense no pueden intervenir.

El intendente platense, Julio Garro, mira con preocupación el crecimiento de esa toma y el aumento en general de la usurpación de terrenos en la capital de la provincia: mientras del 2015 al 2019 hubo solamente seis intentos de tomas, asegura Garro, de diciembre de 2019 a agosto del 2020 se contabilizaron 40 en total. En las últimas horas, justamente, la policía detuvo a ocho personas en Los Hornos, la mitad de ellas de nacionalidad peruana, que habían llegado en tres autos, e intentaban presuntamente ocupar terrenos en un predio entre las calles 78 a 80 y 155 a 152.

“Le hemos pedido al gobierno nacional y provincial una definición política sobre el tema que no sea ambigua. Permitir que suceda esto es vivir en un país donde cada uno hace lo que quiere”, señaló el intendente en diálogo con este medio y aseguró que hay “especuladores” que intentan interpretar la ley que prohíbe los desalojos a su favor pero que, a su criterio, la norma es muy clara en su espíritu.

“Hay un problema de hábitat que es histórico pero el 95% de las personas que intentaron llevar adelante estas tomas no son de La Plata y vienen de otros municipios. Esto es peligroso porque no podemos permitir el crecimiento desplanificado de la ciudad después de haber padecido el desastre más grande de nuestra historia en 2013 con las inundaciones. Ese terreno es un terreno muy bajo y a pesar de que el agua está drenando mejor, si llega a llover la mitad de lo que llovió en 2013 se van a perder vidas”, señaló Garro, que destacó que junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés “Cuervo” Larroque, se conformó una mesa de trabajo para desarrollar un proyecto de urbanización en el predio que fue tomado.

Por otro lado, la oposición bonaerense presiona con una batería de proyectos, que van desde sacarles los planes sociales a quienes participen de tomas de tierras y declarar una “emergencia en materia de usurpaciones”, propuesta por el diputado provincial Daniel Lipovetzky, hasta la reforma del Código Procesal Penal para que los fiscales puedan instrumentar desalojos sin una orden judicial y evitar las suspensiones que se puedan presentar a través de una herramienta judicial, como un recurso de amparo.

“Vamos pedir una moción de preferencia para que se trate por la comisión de Seguridad, y achicar los tiempos y el circuito que debe recorrer; queremos un tratamiento preferente y urgente”, señaló a Infobae el autor de esta iniciativa que se presentará este jueves, el senador bonaerense de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan. “Busca darles a los jueces y fiscales herramientas para la restitución rápida de los inmuebles usurpados. Es decir, faculta al fiscal a restituir provisoriamente el inmueble, posibilidad que actualmente no está en el actual Código Procesal Penal”, agregó.

De manera puntual, el proyecto modifica el artículo 231 bis de la ley 11.922 de la siguiente manera: “En las causas por infracción al artículo 181° del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aún antes de la convocatoria a prestar declaración en los términos del artículo 308° de este Código, el Agente Fiscal o el Juez podrán ordenar provisionalmente la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble al damnificado, cuando el derecho invocado por el peticionante fuera verosímil”.

En el mismo sentido agrega que “el pedido de restitución podrá ser presentado por la víctima o el particular damnificado directamente ante cualquiera de tales órganos. La solicitud deberá ser resuelta en el menor plazo posible. El reintegro podrá estar sujeto a que se de caución si se lo considera necesario. Y para la procedencia de dicha restitución no será necesario haber notificado previamente a todos los ocupantes del inmueble”.

La iniciativa establece también que “la resolución que disponga la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble será apelable en el plazo de cinco días, sin efecto suspensivo”. “Mediante los cambios aquí sugeridos se pretende consagrar en nuestro ordenamiento procesal penal instrumentos que tiendan a agilizar los procedimientos de restitución de los inmuebles usurpados a quienes hayan sido víctimas de tales delitos, para así garantizar cabalmente sus derechos sobre dicho bien, y al mismo tiempo hacer cesar lo antes posible los efectos del delito en cuestión”, se fundamenta en el texto.

Juntos por el Cambio confía en avanzar con esta batería de propuestas, sobre todo en el senado provincial, donde son mayoría. “La media sanción la vamos a tener, después la cuestión pasa a Diputados y ahí el problema lo van a tener los legisladores de Sergio Massa, que de manera abierta ya se manifestó en contra de las tomas y dice que hay delito. Lo mismo que el bloque que responde al gobernador Axel Kicillof, que piensa que es una cuestión ideológica”, graficó en ese sentido un importante dirigente de la oposición.

“La masividad en la cantidad de tomas diarias tiene que ver con las faltas de señales del Ejecutivo. No hay una señal clara frente a esto. Hay una toma grande en Los Hornos, en terrenos nacionales, por eso no hay intervención, y hay otra en City Bell, en terrenos de AUBASA, de la provincia de Buenos Aires, y tampoco hay intervención”, completó la misma fuente.

Seguí leyendo: