El Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por “la posible comisión de delitos” contra los organizadores de una manifestación que convocaron a marchar “en defensa de los vecinos de la localidad de Villa Mascardi”, a 35 kilómetros San Carlos de Bariloche, una de las zonas calientes donde persisten conflictos territoriales por toma de tierras.
La denuncia fue formulada ayer por el Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación, que a través de un comunicado pidió que se investigue si los convocantes a un denominado “Banderazo Patriótico” en Villa Mascardi cometieron los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”.
La fiscal federal de Bariloche Silvia Little está a cargo de la investigación.
Según el documento difundido por Seguridad, “las declaraciones realizadas en la convocatoria por los autodenominados ’vecinos de Mascardi’, invitan a la participación contemplando el uso de armas caseras y/u objetos de diversa índole que puedan ser utilizadas como tal, con intenciones de generar y producir hechos de violencia”.
“Dada la peligrosidad y la instigación a cometer delitos por parte de los manifestantes, éstos podrían estar excediéndose del legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y podrían configurar la comisión de algunos de los delitos”, agregó el Ministerio.
Y subrayó: “La gestión de Frederic procura evitar el incremento de la conflictividad que se registra en la zona de Villa Mascardi y promueve que se sigan los lineamientos de trabajo que ha propuesto su conducción al frente del Ministerio para la resolución pacífica de los conflictos con los pueblos originarios”.
Las movilizaciones a las que refiere el Gobierno se produjeron esta tarde en rutas de las localidades de Bariloche y El Bolsón. Una de las concentraciones fue sobre la ruta nacional 40 en Bariloche, la altura de Villa Lago Gutiérrez. Allí se posicionaron dos patrulleros de la Policía de Río Negro y una docena de efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) para bloquear el acceso.
Hasta el lugar se dirigió la gobernadora rionegrina Arabela Carreras para hablar con los manifestantes. Según indicaron medios locales, la mandataria prometió organizar un nuevo encuentro con los referentes de la protesta para mantenerlos al tanto de las gestiones con Seguridad.
Desde hace tiempo, en Villa Mascardi se vienen sucediendo hechos de violencia por parte de grupos de anónimos. En este mes de agosto, por ejemplo, se registraron dos ataques contra una propiedad del predio de “La Cristalina”, ubicada en el kilómetro 2004 de la Ruta Nacional 40 que se dirige hacia El Bolsón.
A fines de abril, la tensión en esa localidad recrudeció por un hecho grave de violencia en la comunidad mapuche de Buenuleo -que ocupa un predio de 90 hectáreas en el cerro Ventana-, donde tres habitantes de ese pueblo originario fue agredido con armas blancas por un grupo encabezado por un propietario. El hecho desencadenó la creación de una mesa de diálogo impulsada por el ministerio de Seguridad de la Nación, que hace tres meses fue con una delegación presencial para pacificar la zona.
Sin embargo, los ataques continúan y la mesa aún no dio ninguna respuesta, dicen en el Gobierno provincial. Según la gobernación de Arabela Carreras, hubo unos 108 hechos delictivos desde 2017 en la región, aunque apenas 12 fueron identificados como acciones directas de grupos indigenistas.
Más allá de eso, el conflicto en esa zona es histórico. El hecho que más trascendencia tuvo dentro de esta pugna fue la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, el 23 de noviembre de 2017, por una bala policial en un operativo de desalojo en esas tierras.
El conflicto en la zona del Lago Mascardi se acrecentó aquel año, cuando la comunidad Lafken Winkul Mapu tomó posesión de un predio de aproximadamente seis hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
El tema de fondo es la pulseada por la propiedad de tierras sobre las cuales los grupos mapuches afirman tener derechos ancestrales.
La movilización y posterior denuncia de Seguridad se produjeron al tiempo en que la agrupación chilena Resistencia Territorial Mapuche Lofche Malleco Purén Nahuelbuta dio a conocer a “la sociedad Winka (chilena) como en defensa de la tierra, territorio y recurso”, para “reivindicar la lucha armada en nuestro territorio mapuche, un paso firme hacia la autodeterminación y liberación de la nación mapuche y los territorios usurpado por el estado chilenos y colonos”.
El comunicado completo difundido por el Ministerio de Seguridad tras la denuncia
En el día ayer, 28 de agosto de 2020, el Director Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación, por orden de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, presentó una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”, todos ellos delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 149 bis y ter, 168, 209, 210, 212, 213 y 239 del Código Penal de la Nación.
La denuncia se vio motivada por “la organización de una movilización que, de acuerdo a versiones periodísticas, es denominada ‘Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi’” en la que, según ha trascendido por medios de comunicación y afirmaciones de dirigentes políticos y vecinales, podrían derivar en “enfrentamientos” y situaciones de extrema violencia. Según la denuncia, las declaraciones realizadas en la convocatoria por los autodenominados “vecinos de Mascardi”, invitan a la participación contemplando el “uso de armas caseras y/u objetos de diversa índole que puedan ser utilizadas como tal, con intenciones de generar y producir hechos de violencia”.
La denuncia penal del ministerio de Seguridad de la Nación sostiene que, dada la peligrosidad y la instigación a cometer delitos por parte de los manifestantes, éstos “podrían estar excediéndose del legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y podrían configurar la comisión de algunos de los delitos”.
Finalmente, el Ministerio reclamó ante el Poder Judicial que la denuncia no obsta “eventuales medidas de pruebas y diligencias procesales a encararse durante la etapa de instrucción” que “permitan vincular nuevos y/u otros posibles actos u omisiones delictivas que surgieran de la investigación penal”. De este modo, la gestión de Frederic procura evitar el incremento de la conflictividad que se registra en la zona de Villa Mascardi y promueve que se sigan los lineamientos de trabajo que ha propuesto su conducción al frente del Ministerio para la resolución pacífica de los conflictos con los pueblos originarios.
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