Santa Fe, en alerta por los vínculos entre la Justicia, la política y el narcotráfico

“Esto es Vietnam, es horrible”. La descripción de un dirigente santafesino ante la consulta de Infobae resume la actualidad de Santa Fe, una provincia que -cada día más- expone los vínculos entre la justicia, la política y el narcotráfico, esa red extendida que habilita la violencia y la inseguridad y mezcla causas judiciales con disputas políticas.

Precisamente, en el marco de una causa judicial por juego clandestino y extorsiones contra la organización narco “Los Monos”, el ex jefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, quedó detenido a principios de este mes con prisión preventiva, acusado de “diseñar y ejecutar un plan” para cobrarle coimas de entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales a un capitalista de juego ilegal a cambio de, presuntamente, eludir investigaciones.

La jueza Eleonora Verón aceptó la imputación realizada por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y de esta manera Serjal estará bajo arresto por 90 días, imputado por los delitos de “cohecho pasivo (coimas), incumplimiento de los deberes, transmisión de datos reservados, omisión de persecución y peculado”.

El ex fiscal regional, que había renunciado a su cargo el pasado 4 de agosto, se defendió de la acusación de los cuatro fiscales que investigan el caso, Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Ante la jueza Verón, Serjal aseguró: “Nunca pedí dinero ni recibí absolutamente nada, al señor (señalado como quien pagaba las coimas, Leonardo) Peiti no lo conozco”. Además, reveló que a fines del año pasado su superior, el Fiscal General de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, le habría pedido la renuncia por el “cambio de gobierno” y afirmó que le “quisieron hacer una cama” porque “evidentemente” lo quieren “sacar del medio”.

Por esta misma causa, también quedaron detenidos e imputado con prisión preventiva el fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini.

Para los fiscales a cargo de la investigación, Ponce era quien cobraba las coimas y su empleado le filtraba información judicial a Peiti, el capitalista de juego ilegal imputado por ese delito y como integrante de una banda que cometía extorsiones a nombre de la organización “Los Monos”.

De acuerdo a lo planteado, Serjal junto a su subordinado Ponce Asahad y el empleado Ugolini “diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso”.

Peiti, a su vez, declaró como imputado arrepentido que el acuerdo dinerario con Ponce Asahad desde diciembre de 2018, cuando el fiscal le advirtió que existía una “causa grande” en la ciudad de Melincué contra él.

Según los acusadores, Serjal llamó al fiscal Regional que posee jurisdicción sobre Melincué y se interiorizó de la investigación contra Peiti diciéndole que había otra causa en Rosario y podían “pisarse”. Además, Ponce Asahad inició un legajo “mellizo” sobre esa causa pero que, según los fiscales, era solo una carátula que les permitió averiguar lo que ocurría en la investigación de Melincué, cuyos allanamientos fueron filtrados y no encontraron nada.

En su declaración, Peiti también afirmó que vio en dos oportunidades a Serjal, una en un bar de Rosario y otra en el Hotel “Etoile” del barrio porteño de Recoleta. Para respaldar su relato, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada mostraron como evidencia los tickets de combustible en estaciones de servicio de Buenos Aires y del peaje de la autopista que une esa ciudad con Rosario como pruebas de que Serjal estuvo allí alojado el 13 y 14 de noviembre pasado (en el caso de Peiti, su factura de hotel tiene como fecha el 14 de noviembre).

Serjal sostuvo que se trató de un viaje de trabajo. Pero los fiscales acusadores expusieron la declaración de un amigo de él que lo acompañó y dijo que se trataba de diversión, e incluso acompañó fotos de ambos en la pileta y tomando tragos. Por eso también lo acusaron de peculado, al utilizar recursos públicos para fines personales.

Por último, los cuatro fiscales presentaron varias causas por juego y las declaraciones de los funcionarios judiciales que las instruían en las que presuntamente Serjal interfirió a favor de garantizar la impunidad de Peiti, quien dijo que llegaron a pedirle hasta 100.000 dólares para hacerlo pasar por víctima en una investigación que lo tenía como sospechoso.

Se estima que durante 20 meses Peiti pagó 80 mil dólares en coimas. Habrían sido entregadas en efectivo, generalmente en mano a Ponce Asahad, según fuentes de la causa en su contra a la que accedió este medio. Dichas entregas a veces se hacían en boulevard Oroño y Mendoza –una de las zonas más transitadas de Rosario–, frente al domicilio del fiscal; otras en la Asociación Argentina Árabe de Profesionales, un lugar al que Ponce Asahad accedía por tener llave, según afirmó Peiti. Otras veces, un reconocido abogado hacía de “pasamano” del dinero.

Las coimas mensuales en dólares se abonaban una vez al mes o fraccionadas en dos veces. A los 80 mil dólares se suman otros 10 mil dólares más que habría abonado Peiti el 9 de julio pasado a Ponce Asahad, cuando el entonces fiscal -según sus dichos- le advirtió que había una investigación en su contra y le solicitó 100 mil dólares. Como el capitalista imputado y “arrepentido” no contaba con ese dinero, pagó 10 mil dólares.

“El más complicado es Ponce Asahad. Es un fiscal del peronismo completo, su pliego solo lo votó el peronismo en la legislatura en su momento”, advirtió un dirigente santafesino ante la consulta de Infobae.

“En la audiencia contra Ponce Asahad apareció una llamada telefónica, que es de Darío Scataglini, ex diputado del PJ que trabajó como asesor del diputado y presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera en la cámara de diputados de Santa Fe, y que lo tuyo que echar. Scataglini llama a Peiti, el hombre del juego que estaba siendo investigado, y dice que llama en nombre de Armando Traferri, el presidente del bloque del PJ de senadores y máximo referente del Nuevo Espacio Santafesino”, agregó la misma fuente.

OTROS FISCALES CUESTIONADOS

El caso del fiscal de Venado Tuerto, Mauro Blanco, es diferente. Está apartado de sus funciones y es investigado por haber mantenido vínculos espurios con una persona investigada por la Justicia federal por la venta de drogas en esa ciudad. Esta semana, el fiscal se proclamó inocente ante la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina que analiza la actuación de varios integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) acusados o sospechados de cometer delitos.

Otro fiscal cuya acción es investigada por los legisladores santafesinos es Adrián Spelta, titular del área de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación en Rosario, por haber beneficiado con prisión domiciliaria a Emanuel Sandoval, acusado del ataque en el domicilio del ex gobernador Antonio Bonfatti, y juzgado por un triple asesinato cometido en 2017.

Desde el Ministerio Público de la Acusación cuestionaron a los legisladores por “poner en igualdad de condiciones situaciones esencialmente diferentes”, en relación a las acusaciones contra Serjal, Blanco, Spelta y Ponce Asahad. “Exhortamos a las autoridades a dar a cada tema y a cada situación el tratamiento que razonablemente corresponde. Equiparar faltas funcionales administrativas con hechos de soborno es trivializar la verdadera dimensión de los actos de corrupción que se encuentran bajo tratamiento”, indicaron en un comunicado oficial.

UNA DENUNCIA CONTRA EL GOBIERNO SOCIALISTA

Por otro lado, a principios de este mes, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, presentó una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación para que se investigue el resultado al que arribó una auditoría realizada por la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial, que detectó la utilización de gastos reservados entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 para pagar los honorarios de los abogados que defendieron a cinco efectivos imputados por participar en la desaparición forzada y muerte de Franco Ezequiel Casco, el joven que estuvo detenido en una comisaría y cuyo cuerpo fue hallado después en el río Paraná en 2014. A finales del año pasado, la justicia de Rosario envió a juicio oral a 19 policías por este hecho.

El último hecho que sacudió el ámbito político y judicial fue la detención de Agustín Andereggen, ex funcionario del Ministerio de Seguridad, junto a otras dos personas, tras ser acusados como coautores de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, daños simples y amenazas calificadas contra una persona. El allanamiento, de manera curiosa, fue ordenado el fin de semana por el fiscal Martín Castellanos, el mismo día que la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina tenía previsto citarlo por demoras en el tratamientos de expedientes judiciales.

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