La prostitución durante el coronavirus: cómo se reconfiguró el negocio del sexo en medio de la cuarentena

En menor o mayor medida, la llegada de la pandemia de coronavirus a Argentina y el establecimiento de la cuarentena limitó y reestructuró prácticamente todas la actividades, desde las laborales hasta las delictivas. Con la imposibilidad de utilizar la calle libremente y el cierre de los hoteles, entre otras nuevas circunstancias de este contexto, la pandemia reconfiguró también las dinámicas de la explotación sexual y la prostitución en todo el país.

Si bien en un primer momento la actividad mermó tímidamente, en los 150 días que van de cuarentena los operativos y allanamientos en prostíbulos continuaron -y en algunos casos aumentaron- en todo el país.

En Argentina, el trabajo sexual no está prohibido ni permitido. El Estado argentino se declaró abolicionista a través de la adhesión a distintos tratados internacionales, por lo cual no penaliza el ejercicio individual de la prostitución pero sí sanciona penalmente al proxenetismo, es decir, a quien promueva, facilite o comercialice la explotación sexual de otras personas.

Quienes se consideran a sí mismas “trabajadoras sexuales” habían alertado a principios de marzo que la amenaza del virus había puesto “en jaque” al sector, con clientes asustados por el contagio y reticentes a la contratación de servicios sexuales, lo cual, reclamaban, vulneraba aún más su situación económica y habitacional. Incluso se difundió una lista de recomendaciones para las trabajadoras que incluían evitar besos, evitar compartir vasos o cigarrillos y privilegiar, para el acto sexual, “la posición del perrito”.

Sin embargo, las cifras oficiales hasta el momento no reflejaron una parálisis total de la prostitución ni la trata de personas a pesar del aislamiento. De acuerdo a las estadísticias del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde el primer día del año hasta el último día de julio fueron encontradas 378 víctimas de trata, de las cuales 104 fueron víctimas de explotación sexual. Dentro de este último grupo, además, 83 de ellas fueron halladas desde el inicio de la pandemia.

Desde ese organismo señalan que los números de explotación laboral se incrementaron especialmente desde la llegada del virus a Argentina, debido a que se detectaron muchos casos de personas coaccionadas a permanecer aisladas en los lugares de explotación, especialmente en zonas rurales. En el caso de la explotación sexual, por otra la parte, la situación no fue muy diferente: el negocio del sexo encontró nuevas formas de continuar a pesar del distanciamiento social e incluso, para muchos explotadores, el decreto presidencial que estableció la cuarentena fue la excusa perfecta para perpetuar las condiciones de abuso.

“Con el tema del aislamiento lo que detectamos fue que en los campos la gente que estaba al momento que salió el decreto, la obligaron a quedarse sin ninguna posibilidad de pedir ayuda. Esto ocurrió también en los lugares donde hay víctimas explotadas sexualmente”, explica Zaida Gatti, coordinadora del Programa de Rescate a Víctimas de Trata, en diálogo con Infobae.

“Lo interpretan como una cuestión legal: estas personas que podrían no entender que están coaccionadas, se quedan allí justamente porque la amenaza es que si salís a la calle te van a detener. Esa amenaza, que existió siempre, hoy se convierte casi en una realidad y hasta podían comprobarlo viendo las noticias. Hay también casos muy particulares donde les venden el discurso de que pueden irse cuando quieran pero las obligan a traer otra persona en su lugar”.

Según datos de la Gendarmería Nacional, desde el inicio de la cuarentena esta fuerza realizó 12 allanamientos por explotación sexual en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en Longchamps, Avellaneda y en la localidad platense de Lisandro Olmos, en la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, y en la provincia de Salta.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, según las cifras de la Policía de la Ciudad, se tramitaron en total, desde el 20 de marzo hasta el 7 de agosto de este año, 18 causas relacionadas con prostíbulos o “casas de citas” en territorio porteño, de los cuales cuatro fueron allanados.

Los primeras semanas de cuarentena, la tarea de los organismos y fuerzas de seguridad que rastrean ese tipo de delitos se hizo mucho más difícil. Según los datos del Ministerio de Justicia, en todo el mes abril se rescataron solamente dos víctimas de explotación sexual y en mayo apenas cinco. Luego, en junio, fueron rescatadas 35 y en julio 23. “No se detectaban porque al principio de la cuarentena directamente no abrían la puerta y los clientes no iban. Después de a poco empezaron a funcionar de nuevo, los usuarios volvieron a asistir y se reactivaron los allanamientos”, explica Gatti.

En julio pasado, a raíz de una investigación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), el fiscal Jorge Ponce solicitó el allanamiento de una casa antigua ubicada en la calle José Bonifacio al 3700, en el barrio porteño de Parque Avellaneda, donde se ofrecían servicios sexuales de mujeres entre 18 y 32 años de edad.

Si bien la causa se había iniciado en septiembre del 2019 por una violación de clausura impuesta por la justicia federal, la Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas ordenó este año tareas de seguimiento y espionaje a cargo de agentes del CIJ, que identificaron movimientos sospechosos de mujeres que entraban y salían del lugar, siempre en grupo y con horarios específicos, como si se tratara de “turnos”.

Cerca de las 7 de la mañana del 10 de julio último, un efectivo de civil logró ingresar al local haciéndose pasar por un cliente, pero acompañado por efectivos de la División de Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad, que participaron del allanamiento. Adentro, el local estaba ambientado como si se tratara de un bar: barra de tragos, luces de neón, espejos y habitaciones temáticas. El local, que había reabierto sucesivamente a pesar de las muchas fajas de clausura que pusieron en la puerta, tenía además varias denuncias por ruidos molestos de los vecinos.

Cuando las seis mujeres que trabajaban allí fueron entrevistadas por el el personal del Programa de Rescate -integrado por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, médicos y abogados que se encargan de establecer el primer contacto con ellas-, todas manifestaron lo mismo: que no trabajaban para nadie, que funcionaban como una cooperativa, que no había una sola encargada en el lugar y que todas abonaban entre 5 mil y 10 mil pesos a una caja común para cubrir el alquiler y otros gastos.

Esta es una situación que Gatti reconoce como “recurrente”: “En los lugares encontramos en varias oportunidades carnets de afiliación a AMMAR (la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) que a veces son reales y muchas otras son truchos, a pesar de que las víctimas realmente creen estar amparadas. En muchos de estos lugares que violan las clausuras encontramos incluso carteles de la asociación y muchas de las mujeres explotadas piensan que tienen algún tipo de protección por esto”, asegura.

Un mes después, el 5 de agosto pasado, el fiscal Ponce solicitó otro allanamiento de un local ubicado en la calle Franklin D. Roosevelt al 2300, en el barrio de Belgrano, donde funcionaba una “casa de encuentros” que ofrecía servicios sexuales en plena pandemia a pesar de, también, ya haber sido clausurado previamente.

El local violó la restricción durante la cuarentena y volvió a funcionar ininterrumpidamente hasta el miércoles 5 por la tarde, cuando el personal del CIJ y efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad allanaron el local con la autorización del juez Gonzalo Rua, a cargo del Juzgado Nº 6.

El lugar contaba con una cámara de seguridad que permitía visualizar desde el interior a quien tocara el timbre, por lo cual también en esta oportunidad un efectivo simuló ser un cliente para poder entrar. Adentro, el panorama era distinto al que encontraron en Parque Avellaneda. En ese local había una falta evidente y generalizada de condiciones básicas de higiene y de seguridad como matafuegos o un certificado de fumigación. Había incluso cables expuestos junto a las camas donde se recibía a los clientes.

Allí encontraron trabajando a dos mujeres de 34 y 38 años, una de nacionalidad argentina y otra paraguaya, que tampoco contaban con ningún tipo de libreta sanitaria y también fueron asistidas y entrevistadas también por el personal del Programa de Rescate, que participó del operativo.

El lugar fue cerrado una vez más por la violación de clausura, lo cual es considerado una contravención, y al finalizar el procedimiento, como ninguna de las mujeres residían allí, el fiscal Ponce dispuso que la puerta de ingreso fuera tapiada y soldada desde el exterior para evitar que el prostíbulo reabra una vez más. También secuestraron en el lugar dos teléfonos celulares que se utilizaban para el contacto con los clientes.

Por otro lado, más allá de los prostíbulos privados que desafían la cuarentena, la comercialización de servicios sexuales se reinventó dentro del universo online -algo que ocurre desde la prohibición del “rubro 59” y ahora se profundiza por la ineficacia de lo avisos que se publican en las calles. En el ecosistema virtual, entonces, ahora se ofrecen servicios presenciales o a través de videollamada y contenidos pagos, como imágenes o videos pornográficos exclusivos. También aumentaron las denuncias a la línea 145 por casos de pornografía infantil.

“Si quieres cuidarte, quedate en casa. Volveremos a encontrarnos sin riesgo. Buscá entre los anuncios de video chat y verás como #TodoVaASalirBien”, promociona uno de los sitios web de avisos de encuentros sexuales, escorts y masajes eróticos de Argentina, donde muchas de las publicaciones ofrecen servicios en la intimidad de un “departamento propio” o directamente aclaran de forma explícita que la oferta es virtual.

“La prostitución por Internet en este momento está siendo muy utilizada. Se promocionan como prostitución individual, como ya conocemos: trabajadoras sexuales que hacen sexo virtual. Pero detrás de eso lo que estamos viendo es lo mismo que usualmente detectábamos con los ‘papelitos’ en la calle: muchos avisos pertenecen a los mismos sitios, con las mismas formas de contacto y de ofrecimiento”, señala Gatti.

“Esto es lo que nos alerta a nosotros, cuando la oferta está hecha de la misma manera o con una misma metodología. Esto naturalmente es un nuevo desafío porque todos los pagos se realizan por medios virtuales y el seguimiento de la ruta del dinero es el principal objetivo que tenemos para detectar grandes redes o grupos. Estamos haciendo principalmente una investigación interna con el entrecruzamiento de datos de lo que se oferta por Internet, pero es un trabajo más arduo porque lo hacemos a pulmón”.

La pandemia también dificultó la asistencia de las víctimas. “Cuando teníamos habitados los refugios teníamos más tiempo de trabajo con las víctimas, pero ahora cualquier persona previo a su ingreso al refugio tiene que hacer cuarentena”, se lamenta. “Esto nos impide estar en contacto en esas primeras semanas que es cuando las víctimas ven nuestro trabajo, empiezan a relajarse y a contar lo que les sucedió”.

Dentro de quienes se encuentran en esta situación, por otra parte, hay subgrupos aún más vulnerados que en la emergencia sanitaria, llevan la peor parte. Las mujeres trans, que en su mayoría dependen casi exclusivamente del ejercicio de la prostitución para obtener un ingreso, son unas de ellas.

Claudia Vásquez Haro, la presidenta de la organización platense OTRANS, que aboga por los derechos de la comunidad trans en Argentina, cree que la falta de trabajo a raíz de la pandemia puso a todas las mujeres trans en una situación crítica, que visibilizó “la extrema situación de vulnerabilidad y exclusión que padece el colectivo trans y travesti desde hace años por la falta de políticas públicas en el acceso a la inclusión laboral”.

“Más de un 90 por ciento de nuestro colectivo se encuentra en situación de prostitución, por ende, la pandemia agudizó en ellas sus problemas de subsistencia. La gran mayoría sobreviven por la prostitución y con eso pagan alquileres de departamentos, pensiones u hoteles. A muchas las echaron porque no pueden pagar. Las medidas del gobierno son muy buenas pero están pensadas para una clase media que tiene un trabajo formal y lo hace desde su casa”, explica Vázquez Haro, que preside además la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, que nuclea a organizaciones de 18 provincias e impulsó campañas de ayuda y donación de alimentos para el colectivo.

“Muchas se vieron obligadas a salir a trabajar igual, aunque la prostitución no sea un trabajo, para poder subsistir. Pero la contracara han sido las detenciones arbitrarias, los malos tratos, las vejaciones y el armado indiscriminado de causas en el ámbito federal. Tenemos compañeras hasta con cinco procesos judiciales en simultáneo. Hay que ver cómo se va a solucionar eso y cómo vamos a enfrentar la cuarentena de ahora en más. Esto se agudiza aún más las migrantes, de las cuales casi el 80% no tienen DNI y no acceden a beneficios ni planes sociales. Estamos en un momento crítico”, afirma la referente.

El debate entre quienes reivindican el trabajo sexual y quienes sostienen que es lisa y llanamente explotación (que se encendió en febrero de este año a partir de una campaña publicitaria de Jimena Barón) se reavivó en plena pandemia gracias a una iniciativa que presentó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para habilitar el acceso a herramientas y programas sociales a vendedores ambulantes, cartoneros o pequeños agricultores, entre otros trabajadores de la economía popular, en medio de la crisis económica que provocó la pandemia.

A principios de junio, el ministro Daniel Arroyo presentó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y cuando se habilitó el formulario de inscripción en la ficha figuraba el trabajo sexual como categoría posible. El sector regulacionista lo interpretó como una ampliación de derechos y el “abolicionista”, que lanzó fuertes críticas en redes sociales, como una forma de condonar la violencia y la explotación. Unas horas más tarde, el Gobierno dio marcha atrás y el formulario fue dado de baja.

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